martes, 03 de abril de 2012
Silvana Celedón Porzio
Economía y Negocios
En términos de plazos, expertos redactarán un borrador en mayo para buscar consenso y presentar un documento final en junio al Presidente Piñera, adelanta el subsecretario de Economía.
Incentivar la entrega de antecedentes que permitan acreditar conductas que atenten contra la libre competencia y determinar a los responsables es uno de los primeros acuerdos que ha alcanzado la comisión asesora que analiza estos temas conformada a inicios de diciembre pasado por el Gobierno, tras conocerse la investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el mercado avícola.
De acuerdo al subsecretario de Economía y secretario ejecutivo de la comisión presidencial pro competencia, Tomás Flores, existe consenso de la necesidad de promover la figura de la delación compensada y plantear cambios legales para que quienes se acojan a este beneficio tengan garantías de que no irán a la cárcel.
"Los carteles aprenden, hablan menos por teléfono, no mandan mails y toman una serie de resguardos. Por ende, cada vez es más difícil obtener pruebas, y más importante es que alguien de adentro hable", afirma el subsecretario.
Hoy, quienes delatan tienen la certeza de que no serán privados de libertad por la Ley Antimonopolios (DL 211), pero por la Ley Penal sí pueden ser condenados con prisión.
"Tenemos que arreglar ese aspecto de la ley, porque si no nadie acusará", sostiene Flores, quien agrega que la instancia técnica ahora comenzará a definir qué aspectos normativos debiesen ser modificados.
La figura de la delación compensada fue incluida en los cambios realizados al DL 211 en abril de 2009. Un año después, la FNE presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el primer requerimiento usando esta herramienta. El organismo acusó a Whirlpool S.A. y Tecumseh do Brasil de implementar una serie de acuerdos para elevar artificialmente el precio de compresores herméticos para los fabricantes nacionales de refrigeradores.
La FNE pidió multar a Whirlpool por US$13,6 millones, mientras que Tecumseh se acogió al beneficio de la delación.
Este mecanismo también fue usado en el requerimiento que realizó la Fiscalía en junio del año pasado por la colusión de buses interurbanos.
Borrador en mayo
A la fecha, la comisión ha sostenido 10 encuentros. El primero fue el 19 de diciembre, y desde ese entonces ha sostenido citas semanales. La última fue el jueves pasado, donde expuso el ministro de Economía, Pablo Longueira, quien abordó la importancia de la comisión y los tres temas donde los expertos deben necesariamente realizar propuestas.
Los integrantes del grupo de expertos que han realizado presentaciones son Ricardo Jungman, Francisco Aguero, Blanca Palumbo y Domingo Valdés.
También han expuesto el director del Sernac, Juan Antonio Peribonio -sobre la necesidad de diseñar mecanismos para compensar a los consumidores-, abogados de la Unidad de Lavado de Dinero del Ministerio Público y el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal.
Hoy, el grupo de expertos, liderados por el académico de la Universidad Católica, Francisco Rosende, volverá a reunirse y definirá las exposiciones de este mes, ya que convocaron a una serie de centros de estudio, gremios y universidades.
Si bien a esta instancia le restan dos meses para presentar su propuesta, Tomás Flores adelanta que el objetivo es contar con un borrador en mayo y buscar consensos en torno a dicho documento.
Las tres prioridades definidas por el ministerio El jueves pasado el ministro de Economía, Pablo Longueira, expuso ante los integrantes de la comisión pro competencia y definió tres prioridades: delación compensada, castigos ante las conductas ilícitas y obligatoriedad de la consulta en la TDLC en los casos de fusiones.
En estas materias, explicó el secretario ejecutivo de la instancia, Tomás Flores, los expertos deben necesariamente realizar propuestas.
En relación a los castigos, el diagnóstico de la comisión apunta a la necesidad de restringir determinadas laborales para quienes atenten contra la libre competencia. Por ejemplo, que estas personas queden impedidas de ser directores de sociedades anónimas.
De acuerdo a Flores, el ministro Longueira fue categórico. "En una economía de mercado estas conductas no pueden ser permitidas", sostuvo el secretario de Estado el jueves pasado.
Es por esa razón que la comisión está analizando una serie de medidas relacionadas con el denominado "efecto infamante".
En relación con las fusiones, el secretario de Estado reiteró la importancia que estas operaciones consulten ante la FNE obligatoriamente. Sin embargo, Flores comenta que la instancia está analizando en qué casos este proceso debiese no considerarse.
"Echar para atrás las fusiones no es fácil, pero necesitamos determinar de qué tamaño deben ser las fusiones que no deban consultar ante la FNE. Lo importante es contar con una norma clara en esta materia", sostiene el subsecretario de Economía.
