Fondos Mutuos
Las sugerencias van desde reducciones de tributos hasta alzas de 4 puntos en la carga de impuestos chilenos.
La UDI insiste en recortar el impuesto a los combustibles, pese al portazo que les dio el ministro de Hacienda.
La Oposición quiere terminar con el ya célebre FUT, que para algunos es una vía de elusión y para otros un incentivo al ahorro.
Chile paga uno de los impuestos a la bencina más bajos de los países de la OCDEE El precio de las bencinas escaló nuevamente en Chile y encendió el panel de alertas de los conductores. Para un auto que circula 20 mil kilómetros al año (el estimado que usan las automotoras para calcular la garantía de un vehículo nuevo), el gasto en combustible mensual sobrepasa los $100 mil, de los cuales cerca de $40 mil al mes se van a pagar en impuestos específicos a los combustibles.
El alboroto llegó a tanto que la Unión Demócrata Independiente (UDI) se volcó con fuerza a promover un descenso de este tributo porque, según ellos, daña a la clase media y a los pequeños empresarios que requieren de transporte. El ministro de Hacienda les arrebató la ilusión con un lapidario "Por ningún motivo". El fisco recauda US$ 2 mil millones con este gravamen.
Las bencinas en Santiago son más baratas que en Oslo, Londres y Atenas, según el sitio de comparación de precios Expatistan.com, pero son más caras que en importantes ciudades norteamericanas como Miami, Nueva York y Los Angeles. Caracas -según Expatistan y Associates for International Research- es la ciudad donde por lejos el combustible es más barato: prácticamente se regala.
El consumidor europeo paga más del 50% del precio final de la bencina en impuestos, de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación Desarrollo Económico (OCDE). En el Reino Unido y Holanda, el 59% del precio final está explicado por impuestos. En cambio, Chile aparece con el quinto menor porcentaje o peso de los impuestos en el valor final: 40% contra 48% promedio de la OCDE. Sólo Australia, Canadá, México y Estados Unidos muestran un peso menor al chileno de este tributo (Ver tabla anexa).
Expertos en transporte difieren con la UDI respecto de que el impuesto específico afecta a la clase media. El académico de la Universidad Diego Portales Louis de Grange señala: "El 90% del combustible lo consume el 15% más rico de la población. Así lo pude estimar a partir de la Encuesta Origen Destino de 2006", asevera.
El costo diario de usar un vehículo en Chile como medio de transporte para ir a trabajar difícilmente puede ser financiado por la clase media y prácticamente imposible de pagar por los más pobres, de acuerdo a De Grange. Él estimó que el costo diario de un vehículo es de al menos $10 mil, considerando el "pago" o amortización del precio de compra y todos los otros ítemes asociados. Basta sólo dar una mirada a la seguidilla de cobros, como los permisos de circulación, seguro en caso de robos o accidentes, seguro obligatorio, mantenciones técnicas y eventualmente las autopistas concesionadas. Para los vehículos más lujosos, este costo puede incrementarse hasta $30 mil al día.
Una Encuesta de la Fundación Jaime Guzmán, vinculada a la UDI, mostró una percepción distinta de la ciudadanía frente al impuesto a los combustibles. Este sondeo concluyó que un alto porcentaje se siente afectado por este tributo y que el 45% de los entrevistados que no tienen auto creen que la reducción de este impuesto beneficiaría a los sectores medios e incluso a los más pobres.
El diputado Ernesto Silva precisa que la UDI está pidiendo rebajar este impuesto específico, porque el auto se ha ido masificando con el tiempo. Segundo, que aquellos que lo usan para ir a su trabajo, entre menos recursos tengan, más ven comprometido su presupuesto en financiar el auto. Tercero, el impuesto es discutible desde el punto de vista de las externalidades negativas del auto, porque entonces no se entiende que el impuesto al diésel sea menor en circunstancias que supuestamente es más contaminante.
La irrupción del Transantiago, según un estudio de la Universidad Católica, incentivó el uso del auto incluso en las comunas más pobres de la capital, como Cerro Navia. Pero uno de los autores, el académico de la UC Juan Pablo Montero precisa: "Lo que estimamos fueron los aumentos de monóxido de carbono, que es una buena aproximación del uso de auto. Pero aún con estas alzas, el número de autos por hogar en estas comunas pobres está lejos de los niveles que se observan en las comunas de más altos ingresos", puntualiza.
Montero afirma que es cierto que la bencina en Chile es más cara que en Estados Unidos, pero en ese país el precio no incorpora las llamadas "externalidades negativas" del uso del auto, como la congestión y la contaminación.
El economista concluye: "Me cuesta pensar que el precio de la bencina en Chile estaría por encima de lo que se justifica por internalizar estas externalidades negativas. En otras palabras, en términos técnico-económicos es difícil justificar una disminución del impuesto a los combustibles", sentencia.
Difícil bajarse del auto
Pese a sus costos, la venta de autos en Chile creció en 2011 aceleradamente. En total, se comercializaron más de un millón de vehículos nuevos y de reventa. De Grange reconoce que es muy difícil bajar a la gente del auto: "Cuando la persona se sube al auto después del trabajo, siente que ya está en el living de su casa. En cambio, cuando se está en el Metro, todavía la gente se siente en su pega", explica De Grange. "Estar en el auto son horas propias, se puede hablar por manos libres y escuchar música. Es otra calidad de servicio, incluso si hay taco".
Sólo el Metro en su extensión desde Los Dominicos a Maipú consiguió bajar el uso del automóvil en 6%. Pero considerando que Chile va camino a ser una economía más rica, es seguro que se incrementará el número de autos.
En Oslo, la ciudad donde es más cara la bencina y donde los impuestos son un alto porcentaje del precio final, hay 540 autos cada mil habitantes. Londres, otra ciudad cara, cuenta con 350 cada mil habitantes. Santiago llega a 200 y Lima a 170 autos cada mil habitantes.
Qué hacer con las utilidades que no se repartenEl polémico FUT: El 26 de enero de 2003, el ministro de Hacienda de la época, Nicolás Eyzaguirre, sentenció en una entrevista concedida a "El Mercurio" que uno de los grandes problemas del sistema tributario chileno es que tiene muchas utilidades reinvertidas que no se reparten jamás.
"Lo que en la práctica ocurre es que esas utilidades se van al FUT (Fondo de Utilidades Tributables, donde se registran las utilidades y los retiros efectuados), y parece que hay unos perritos por ahí que se comen el FUT. El FUT va al Jumbo, paga cuentas de dentistas, paga vacaciones, paga autos. Si en la práctica hay muchos que en vez de estar pagando la tasa de impuesto que le corresponde por el global complementario, están pagando lo que paga la clase media, yo no lo bajo ni un punto, hasta que no me ayuden a cerrar la rendija por donde se cuelan los perritos para comer".
De eso han transcurrido nueve años, y la discusión continúa. Un estudio del ex director de estudios del SII y consultor internacional Michael Jorratt da cuenta de que el 29,9% de esos dineros corresponden a la industria, el 20,9% al comercio y el 52,7% a las sociedades de inversión.
"En la práctica, estamos llenos de personas que arman estas sociedades y sacan la plata por otro lado. Algunos la sacan a través de gastos, pero dentro de eso está el computador del hijo, la casa, y no en la empresa. En su momento lo hacían con los autos, pero ahora es más difícil. Si vía gastos sacas la plata, no estás reinvirtiendo. Hay un tema de injusticia enorme", según el economista de la Universidad Adolfo Ibáñez Claudio Agostini, quien participa en la elaboración de un informe sobre el impuesto a la renta, que se dará a conocer a fines de enero.
Las sociedades de inversión sólo tributan cuando retiran sus utilidades. El problema, según Agostini, es que esta plata jamás se invierte. Si así fuera, la tasa de inversión en Chile sería de 42% del PIB.
Agrega que una de las metodologías que se usan es crear una empresa y poner a los hijos como socios. "Aunque esos hijos tengan el 1% del capital, les puedo repartir el 90% de las utilidades a fin de año. Con eso, logran traspasarle las utilidades a alguien que paga menos impuestos. Uno está exento hasta $560 mil mensuales, que son casi ocho millones anuales, entonces a fin de año le puedo repartir ocho millones de pesos a cada uno de mis hijos, y como no tienen más ingresos, pagan cero. Es legal e inobjetable, pero genera una inequidad tributaria enorme", dice.
Otros expertos, en cambio, consideran que la derogación de este sistema sería sinónimo de penalizar la acumulación de capital. Para Pablo Vera, de Deloitte, éste es un buen vehículo para que las empresas reinviertan en otras actividades productivas, y si existe la convicción de que es utilizado para evadir impuestos, el problema está en la fiscalización, y no en el mecanismo propiamente tal. La inequidad, a su juicio, tiene que ver con que los profesionales dependientes no tienen un sistema para reinvertir como los empresarios.
Un profesional dependiente que gana $3,3 millones mensuales y que tiene un contrato con una empresa paga al año $1,8 millones en impuestos. En cambio, una sociedad de inversión que gana $5,8 millones puede pagar al final sólo $472 mil, según un cálculo de Jorratt.
¿Derogar o no el sistema de renta presunta? Permite a ciertas empresas tributar sobre un porcentaje del valor de la propiedad:
El mecanismo que permite a algunos empresarios tributar por renta presunta está en entredicho y será parte del debate de la reforma tributaria en ciernes. Mientras algunos expertos consideran que es el momento propicio para derogarlo, otros creen en su vigencia y aseguran que es un mecanismo todavía necesario para las actividades productivas menos formales.
Tal como explica el economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez Claudio Agostini, en el pasado era natural que los agricultores, transportistas y pequeños mineros no tuvieran todos sus papeles en orden a la hora de acreditar sus ganancias frente al Servicio de Impuestos Internos (SII). Sin embargo, esa situación cambió con la creciente formalización de estos rubros y la incorporación de nuevas tecnologías, como las facturas electrónicas, por ejemplo. Por ello, es partidario de su derogación.
El régimen de renta presunta permite a este tipo de empresas tributar sobre un porcentaje del valor de la propiedad -camiones, buses o terrenos- y no sobre las ganancias efectivas. Si un campesino tiene una parcela avaluada en $50 millones, por ejemplo, su tasa de impuesto a la renta será equivalente al 10% de ese valor ($5 millones) y no de 20%, como ocurre con todas las empresas que pagan sobre su renta efectiva.
"Eso destruye la equidad tributaria horizontal completamente y las razones para mantener esa diferencia entre contribuyentes desaparecieron, pues todos los agricultores y transportistas usan factura, están en los bancos, están formalizados", precisa Agostini.
Un ejercicio realizado por este académico muestra que una empresa que registra ventas anuales de $300 millones y que tiene gastos de $200 millones, tendrá que tributar sobre una utilidad de $100 millones. Como el Impuesto de Primera Categoría es de 20% (de manera transitoria), esa empresa pagaría al fisco $20 millones. Una empresa con el mismo nivel de ventas, los mismos gastos y cuyo valor de la propiedad -un terreno, por ejemplo- esté tasado en $70 millones, pagará cada año $7 millones al fisco, es decir, un tercio de lo que le corresponde pagar a un contribuyente que genera las mismas ganancias.
Antes de cambiar, fiscalizar
Pese a lo que muestran las cifras, el socio del área tributaria de PwC, Marcelo Laport, considera que antes de pensar en eliminar ciertos regímenes tributarios es mejor fortalecer la fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos.
"La renta presunta es un mecanismo que busca facilitar la vida a los contribuyentes con menos formación y se extingue en la medida que se sobrepasan ciertos niveles de ventas (...) efectivamente una empresa se puede dividir de manera ficticia para seguir pagando bajo esta modalidad, pero es complicado. Por ejemplo, si un contribuyente es dueño del 90% de dos sociedades distintas, tiene que unificar las ventas", señala.
El socio del área Tributaria de Deloitte, Pablo Vera, tampoco es partidario de derogar este mecanismo. Recuerda que durante el gobierno de Patricio Aylwin se incorporaron restricciones importantes al sistema de renta presunta: se estableció un techo de $300 millones anuales en ventas para tributar bajo este régimen.
Distinto es el caso de los contribuyentes que sin ser transportistas, agricultores ni mineros, se compran un camión y tributan bajo renta presunta. "Esto se hace. Conozco el caso de un abogado que me dijo "yo tengo una empresa de renta presunta y con eso me ahorro noventa millones al año". Eso uno lo tiene que eliminar porque se presta para elusión y aunque no se prestara, no tiene ningún sentido hoy día", dice Agostini.