jueves, 11 de marzo de 2010
G. Orellana y C. Ubilla
Economía y Negocios
Beneficios se extenderían hasta marzo de 2011, y se negocia una agenda especial que se enfocará en los trabajadores y las empresas que fueron afectadas por el terremoto.
Los beneficios del acuerdo nacional pro empleo, que alcanzaron el año pasado el Gobierno, los empresarios y los trabajadores para fomentar el trabajo durante la crisis económica, podrían extenderse más allá de su plazo original, pero ahora con otro objetivo: hacer frente a los efectos del terremoto.
Así lo acordaron ayer la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), en un encuentro en el que también participaron el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y las ministras del Trabajo de los gobiernos de Piñera y Bachelet, Camila Merino y Claudia Serrano, respectivamente.
El paquete pro empleo rige originalmente hasta junio, pero la idea es mantenerlo hasta marzo de 2011. El programa considera permisos de capacitación, subsidio a la mano de obra joven e incentivos para la retención de personal. Estas son algunas de las medidas que se pretende prorrogar.
Además, los trabajadores y los empresarios acordaron conformar una nueva agenda más específica, en apoyo a trabajadores y empresas que se hayan visto afectados por el terremoto.
La primera propuesta en este sentido es el establecimiento de flexibilidad horaria en las jornadas, para que los empleados cuenten con un permiso de medio día para capacitarse y que durante el resto de la jornada se desempeñen en las labores de reconstrucción.
La CUT y la CPC seguirán reuniéndose con el objetivo de perfeccionar el acuerdo, y ya el lunes está acordada una cita. Por lo pronto, ya hay una pequeña discrepancia, y que tiene que ver con el alcance del acuerdo: mientras la CUT plantea que el beneficio se aplique de manera limitada a empresas que demuestren concretamente haber sufrido daños con el terremoto, la CPC considera que el universo debe ser más amplio.
La nueva ministra del Trabajo, Camila Merino, se mostró dispuesta a extender el acuerdo hasta marzo de 2011-inicialmente regía hasta junio- y a buscar fórmulas de fomento al empleo durante los meses que vienen.
"Tenemos que trabajar, porque el acuerdo de la crisis económica ahora tenemos que adaptarlo para el terremoto. Tenemos que hacer algunos ajustes", dijo Merino, quien agregó que los próximos seis meses serán los más duros en materia laboral.
La ministra, quien asume hoy, agregó que el gobierno de Sebastián Piñera está estudiando una serie de medidas que complementarán a las del acuerdo y que serán dadas a conocer próximamente.
Empresarios y sindicatos agrícolas en mesa de diálogo
Los representantes de las empresas y de los sindicatos agrícolas firmaron ayer un protocolo que establece la puesta en marcha de una comisión bilateral de carácter permanente.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Luis Mayol, valoró la creación de la instancia y señaló que en ella habrá cabida a todos los temas que preocupen tanto a empresarios como a trabajadores.
Entre las prioridades de la agenda estará la búsqueda conjunta de soluciones a los daños ocasionados por el terremoto y el diálogo en torno a la actual legislación laboral. "Ya tenemos varios temas en agenda y los vamos a presentar al nuevo gobierno. Entre ellos están el estatuto al temporero, la flexibilidad laboral en cuanto a horarios y jornadas, para que sea aplicable a las tareas agrícolas", señaló Mayol.
La primera reunión de la comisión se agendó para el jueves 18 de este mes y estará dedicada a la realización de un catastro de los daños del terremoto en cada una de las regiones más afectadas.
Los principales sindicatos asistentes se mostraron optimistas ante la formación de la comisión. "Esto va a permitir que podamos conversar los temas laborales con respeto, con altura de miras y con profundidad", afirmó Juan Corvalán, Presidente de la Unidad Obrero Campesina de Chile.
Los representantes de las empresas, entre ellos el vicepresidente de Fedefruta, Domingo Romero, destacaron la importancia de que este acuerdo se haya firmado a diez días del terremoto, que también ha afectado al sector vitivinícola y agroexportador, principalmente en las regiones del Maule y del Biobío. Los daños y la paralización no sólo han puesto en vilo cosechas y exportaciones, sino el trabajo de centenares de familias.
"Queremos ver las inquietudes que tienen los trabajadores y partir esta comisión resolviendo los problemas más inmediatos que ha dejado el terremoto", señaló Antonio Larraín, gerente general de la Corporación Chilena del Vino.
