Dirigentes gremiales buscan alianza política con diputados para negociar con nuevo gobierno
lunes, 08 de febrero de 2010
Economía y Negocios
MÓNICA GUERRA
Los líderes de los principales gremios mantuvieron una reunión reservada en enero con congresistas de la Concertación. Entre los objetivos de la nueva agenda de los sindicatos está promover la creación de una AFP estatal.
El último lunes de enero, un grupo de parlamentarios sensibles a los temas laborales llegó hasta la sede de la Central Unitaria de Trabajadores. Allí esperaban dirigentes nacionales de los distintos gremios, encabezados por el presidente de la CUT, Arturo Martínez.
El propósito era definir una alianza que movilice las demandas laborales en el ámbito legislativo, expresada en lo que algunos identifican como una "bancada social".
Por su parte, los partidos se empeñan en recuperar lazos sindicales que se han aflojado en los últimos veinte años.
En la iniciativa confluyen los nuevos diputados comunistas, Guillermo Teillier y Lautaro Carmona, junto a Jaime Aguiló (PS), Carolina Goic (DC), Adriana Muñoz (PPD), Tucapel Jiménez (PPD) y el diputado electo Osvaldo Andrade.
Este último -ex ministro del Trabajo y candidato a presidir el PS- explica la alianza como una instancia práctica. "Los dirigentes sindicales entienden que el lugar natural en donde el debate se va a desarrollar con mayor profundidad es precisamente en la Cámara y el Senado", afirma.
Andrade explica que el objetivo es generar una mayor unidad, tanto entre los actores del mundo laboral "como con aquellos que ellos entienden pueden ser sus aliados tanto en la defensa de derechos que pudieran verse alterados -lo pongo en hipótesis- como de aspiraciones que tienen amplia legitimidad".
El afán de los dirigentes por fortalecer su potencial negociador se produce cuando dicen advertir señales que les parecen preocupantes.
Una de éstas es lo que llaman "la agenda no explícita": la posibilidad de que se elimine la indemnización por años de servicio -como lo recomienda la OCDE y han respaldado algunas voces-, que se reduzca el sueldo mínimo juvenil y se amplíe la flexibilidad laboral.
Todo esto en medio de un reiterado temor a no ser recibidos por La Moneda.
"Sebastián Piñera dijo que no iba a conversar con la dirigencia sindical, sino que lo iba a hacer directamente con los trabajadores. Aspiramos a que el próximo gobierno cambie su postura, en el sentido de que pueda existir un amplio diálogo social, como está expresado en los convenios de la OCDE", dice el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente.
El presidente de los profesores, Jaime Gajardo, agrega: "El gobierno de Piñera tiene que reconocer a las organizaciones nacionales, legítimas, y no estar inventando monos por los lados, porque lo único que va a producir será confrontación".
Por tanto, antes de irse de vacaciones esta semana, los dirigentes ratificaron el rayado de la cancha: diálogo, pero también movilización.
La agenda que espera a Piñera
Ahora buscan tejer redes, no sólo a nivel político. De la Puente habla de "un pacto recíproco de ayuda", que incluya a las organizaciones universitarias, de derechos humanos, de las comunicaciones, grupos ambientalistas.
Gajardo señala que "para enfrentar este nuevo escenario y dar una señal se aprobó una agenda de iniciativas para marzo". En este sentido, distintos gremios han definido estar presentes en la conmemoración del Día Nacional de la Mujer, el 8 de marzo, y la CUT y la ANEF ya fijaron asambleas nacionales para mediados de ese mismo mes.
La "agenda sindical" que defienden y esperan plantear a Sebastián Piñera consigna la sindicalización automática, profundizar los alcances de la negociación colectiva, ampliar la seguridad social, crear una AFP estatal y terminar con la inhabilidad de los dirigentes sindicales para ser candidatos. Junto con apoyar estas demandas transversales, cada gremio peleará por sus reivindicaciones sectoriales (ver recuadro).
Claro que no lo ven fácil, porque ni siquiera lo lograron con la Concertación.
Las peticiones
Aunque no ve fácil su tarea porque, dice, "el Presidente electo cree más en el sector privado", el representante de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente, no se amilana. "Planteamos que se regule la negociación colectiva en nuestro sector, además de que se resuelva la situación del 53% de funcionarios públicos a contrata y que los (trabajadores) a honorarios pasen a contrata, para que tengan previsión y salud", dice.
En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) -agrupa a unas 250 organizaciones-, que preside Arturo Martínez, se impulsarán temas como la negociación colectiva, la sindicalización automática y la desafiliación voluntaria. Martínez apunta a abrir el diálogo y a "buscar acuerdos que nos convengan a todos".
En el caso de los profesores, solicitan que no se toque el Estatuto Docente, dice el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo. Entre mayo y junio deben negociar el reajuste con el Ministerio de Educación. Al respecto, Gajardo plantea que se mantengan las negociaciones de forma nacional, igual que en los últimos 19 años, pero que se hagan por corporaciones. Insistirán en la llamada deuda histórica. "Los parlamentarios de la Alianza han sido los que más han pregonado el pago de esta deuda; por lo tanto, esperamos que no cambien ahora que son gobierno", afirma.
En este último punto, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Confenats), Roberto Alarcón -que agrupa a 28 mil funcionarios de hospitales públicos-, es optimista. "Una de las cosas que más cuestionó la Alianza a la Concertación fue ese punto. Si el discurso se mantiene, debería regularizarse", afirma. El gremio pide asignaciones por desempeño y una política permanente de incentivos al retiro.
En tanto, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) -que representa a 25 mil empleados-, solicitará más recursos para la atención primaria y reajustes en los sueldos, según su presidente Juan Muñoz.
Para los trabajadores del cobre, una de sus prioridades será evitar el eventual ingreso de capitales privados a Codelco, según señala el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinoza . "Estamos conversando con muchos gremios, para ver cómo vamos a enfrentar esto. No lo vamos a permitir", declaró.
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