lunes, 01 de febrero de 2010
Fernán Ibáñez, ingeniero y economista director de empresas
Economía y Negocios
Se necesitan gobiernos corporativos que no tengan conflictos de interés y directores que no tengan subordinación a otros servicios del Estado.
Recientemente se ha aprobado la nueva legislación que regula el gobierno corporativo de las sociedades abiertas. Un aporte que acerca nuestros estándares a las buenas prácticas internacionales y mejora los niveles de transparencia y protección de pequeños accionistas, como las AFP en el caso de Chile.
Queda pendiente el gran tema de las empresas de propiedad del Estado. En ellas, somos todos accionistas y las normas de Gobiernos Corporativos son bastante más laxas y los resultados menos transparentes. Es un tema que requiere pronta revisión. Hoy tenemos la ventaja del reciente ingreso de Chile a la OCDE, que debiera ayudar a espantar los fantasmas ideológicos de esta discusión. La OCDE tiene, desde hace ya varios años, un Manual de Buenas Prácticas para el Gobierno Corporativo de Empresas de Propiedad del Estado (SOEs, en inglés; EPEs, en español).
El manual es breve, pero contundente. Parte analizando "cómo asegurar un marco legal y regulatorio efectivo para las EPEs" y, allí, enfatiza la necesidad de separar los roles del Estado accionista y del Estado regulador. Aclara que si a una EPE se le exige cumplir tareas que van más allá de sus objetivos empresariales específicos, esas tareas deben ser claramente definidas y sus costos cubiertos de una manera transparente.
Da mucha importancia al rol que debe cumplir el Estado como accionista y a la necesidad de que éste actúe como inversionista informado, exigiendo transparencia y "accountability". Para ello se necesitan gobiernos corporativos que no tengan conflictos de interés y directores que no tengan subordinación a otros servicios del Estado. También se necesitan metas claras y procedimientos de información que permitan realizar evaluaciones objetivas de la calidad de los servicios entregados.
Algo que parece obvio y no siempre lo es, es la relación con los "stakeholders". La recomendación más importante, en esta sección, se refiere a la necesidad de desarrollar, implementar y comunicar Códigos de Ética, propios de cada empresa. En el tema de Transparencia y Entrega de Información (una pobre traducción de "Disclosure") lo dice en términos que no dejan lugar a ambigüedades: "Las EPEs debieran someterse a los mismos altos estándares de calidad contable y de auditoría que el exigido a las compañías que se transan en bolsa". Pero además sostiene que en el caso de las EPEs, deben ir más allá y entregar información en áreas de interés para el Estado y para el público: por ejemplo riesgos de seguridad o ambientales y transacciones con partes relacionadas en el sector público.
Un área clave se refiere a las responsabilidades de los directorios de las EPEs. El mensaje de fondo es que el directorio debe recibir un claro mandato para formular e implementar la estrategia de cada empresa, actuar, siempre, en el mejor interés de esa empresa y asumir sus responsabilidades.
La Mejora de las Prácticas de Empresas Públicas es un tema que interesa mucho al próximo gobierno. Su labor se verá en parte facilitada por algunos pasos que han venido dando el SEP (Sistema de Empresas Públicas) y el recientemente instalado Consejo de Transparencia. Falta, sin embargo, bastante camino por recorrer. Un primer tema será el fortalecimiento del propio SEP, dándole más autonomía, pero también mayores exigencias de rendición de cuentas. Otras áreas específicas que necesitan más refuerzo son, a nuestro juicio: selección de directores independientes y altamente calificados (excluyendo funcionarios de otros servicios que ocupen cargos para suplementar su renta), transparencia en los sistemas de información, clarificación de las estrategias de cada empresa definiendo indicadores que permitan medir sus resultados.
La OCDE nos dice que no hay razón para no exigirles a las EPEs una gestión de excelencia. La OCDE no toma partido en el dilema de privatización o estatización. Lo que la OCDE dice es que si un país miembro juzga conveniente mantener ciertos servicios en manos del Estado, lo lógico es que lo haga de una manera eficiente, con procedimientos que den seguridad de transparencia y con indicadores que permitan medir sus resultados.
