miércoles, 02 de diciembre de 2009
José Troncoso Ostornol
Economía y Negocios
Estudian posibilidad de interponer un recurso de protección ante la justicia o concurrir a Contraloría dado que las autoridades chilenas actuaron con negligencia al no aplicar medidas que complicarían el trabajo de los grandes buques factorías extranjeros.
Industriales Pesqueros: Gobierno no ha aplicado mano dura porque hay otros intereses
En pie de guerra está la industria pesquera nacional. Acusan de negligencia al Gobierno por no limitar la llegada de grandes buques factorías extranjeros frente a las costas del país, lo que impactaría fuertemente la pesca del jurel.
Los privados acusan que, en la última reunión de la Organización Regional de Pesca (ORP) celebrada en Auckland, Nueva Zelandia, que buscaba fijar límites y cuotas para la pesca de jurel, los representantes de la Cancillería chilena no consiguieran establecer medidas para su protección.
Frente a esto, la industria ya anuncia recurrir a la Contraloría o, en su defecto, iniciar acciones legales para exigir el cumplimiento del Decreto 123, que impide el abastecimiento de los buques extranjeros en los puertos chilenos.
El objetivo es claro: cerrar los puertos y complicar, de alguna manera, el trabajo de flotas extranjeras que, a diferencia de Chile, operan en aguas internacionales sin ninguna regulación. En Chile, la Ley de Pesca regula, entre otras cosas, el tamaño de los barcos y la cuota de extracción de las empresas.
La industria sostiene que los barcos con bandera de países como Rusia, China y de la Unión Europea ya depredaron el recurso frente a sus costas y ahora buscan llenar sus bodegas cerca de Chile. "Estamos pidiendo que se activen los decretos ley que prohiben el ingreso a puerto a las naves pesqueras que no cumplan con las normas de conservación del jurel. En ese sentido, estamos esperando ver la reacción de la autoridad, que había quedado comprometida, por palabras del canciller (Mariano Fernández), de que a la vuelta de la reunión de Auckland, si no se lograban las medidas interinas prudentes necesarias para la conservación de nuestro recurso, se iba a aplicar a cabalidad este Decreto 123. Eso no ha sucedido y estamos esperando que la autoridad reaccione", dijo el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Federico Silva.
"Estamos estudiando, mientras, todas las posibles acciones que se pueden llevar a cabo; entre otras, recurrir a la Contraloría o presentar un recurso de protección", explicó.
-¿En que se fundamentaría un recurso de protección?
"Si las autoridades no aplican los decretos que están puestos en la ley, sentimos que no se está protegiendo a nuestro sector", explicó Silva.
Hace más de dos años, el Gobierno decidió, junto a Australia y Nueva Zelandia, buscar regular la pesca en alta mar fuera de las 200 millas. Para esto, Chile patrocinó la creación de una Organización Regional de Pesca (ORP). Y es que fuera de las 200 millas de Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la mayoría de los países costeros, en el Pacífico Sur, nunca ha existido un acuerdo de regulación, y barcos factoría provenientes de Rusia, la Unión Europea y otros países llegan a aguas cercanas a Chile porque ven una buena oportunidad de negocio.
Así es como estas naves, que procesan el jurel y lo congelan, han comenzado a llegar en masa al Pacífico Sur y algunas a puertos chilenos, acusan los pesqueros. Esto, pese a que el Gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos, con las firmas de las entonces ministras de Defensa y Relaciones Exteriores, Michelle Bachelet y Soledad Alvear, respectivamente, cerró los puertos a las flotas pesqueras que no cooperaran con Chile en la conservación del recurso.
"Como Chile, tenemos que pararnos en forma más firme y más decidida, aunque algunos se enojen y nos lleven a la OMC; hay que defender la conservación", sostuvo Silva. "El Mercurio" intentó tener la visión del Gobierno, sin éxito.
