Robos de cables eléctricos dejaron sin suministro a 131 mil hogares el año pasado
sábado, 20 de abril de 2019
IVÁN MARTINIC
Nacional
El Mercurio
En la industria coinciden en que la mejor forma de enfrentar estos ataques son mesas público-privadas en las que todos los actores involucrados coordinen medidas preventivas. Vigilar las chatarrerías es un factor clave.
Si Codelco y el Ministerio de Hacienda celebran cada vez que el precio del cobre sube, las empresas eléctricas y sus trabajadores sufren. En un impacto poco conocido de este mercado, la mayor cotización del metal estimula un delito invisible en las ciudades, pero constante en las zonas rurales: el robo de cables. Con motosierras, serruchos y hasta chocándolos con vehículos robados, bandas organizadas derriban postes del tendido eléctrico, generalmente de noche, y se llevan kilómetros de cable, dejando a miles de hogares sin energía. Sofisticados, a veces estos grupos usan las mismas herramientas que utilizan las cuadrillas de las compañías eléctricas. Otros se arriesgan sin tanta preparación y han terminado electrocutados, como ocurrió en Alto Hospicio a fines del año pasado. Solo en 2018 hubo al menos 444 de estos ataques en el país, con 131 mil clientes afectados. Y el impacto no pasa únicamente por el corte de suministro. También, por la no compensación a los usuarios, pues los incidentes son considerados "fuerza mayor", no atribuibles a las compañías distribuidoras de energía. Así ocurrió en Copiapó en enero de este año, cuando una banda derribó seis postes en línea y dejó sin electricidad a 38 mil hogares hasta por cinco días. Menos de un mes después, 1.359 kilómetros más al sur, en Santa Juana (Biobío), un robo de 1.800 metros de cable interrumpió el servicio de 6.500 clientes. Urbes incomunicadas Esto implica pérdidas por "varios millones de dólares, pero nos cuesta mucho más lo que significa el impacto a la comunidad", advierte Matías Hepp, gerente de Operaciones de CGE, que atiende a 2,9 millones de clientes entre Arica y La Araucanía y en Magallanes. "Las obras para normalizar el sistema son complejas, a veces implican varias horas, puesto que requieren la rehabilitación de los trazados y la reparación de los postes dañados", agrega Fernando Caire, gerente zonal de Frontel, que abastece a parte del Biobío y de La Araucanía. Estos delitos no solo afectan a las distribuidoras. Pese al riesgo que implica intervenir líneas de mayor tensión, las bandas también han atacado el tendido de Transelec, que transporta la energía desde las compañías generadoras hasta las distribuidoras. Para esta empresa, el tema se ha vuelto un "asunto de utilidad pública e interés nacional". Ricardo Eberle, director jurídico de la Asociación de Empresas Eléctricas, agrega otro elemento: los robos de cables no solo dejan a ciudades completas sin energía, sino también incomunicadas (cuando afectan a redes de telecomunicaciones) o sin transporte, pues incluso ocurren en el tendido de ferrocarriles. ¿Qué hacer? En la industria hay consenso en que la respuesta más eficiente es una alianza público-privada, pues las bandas se mueven de región cuando los controles se endurecen. Eberle precisa que desde 2016 se han formado mesas de trabajo en O'Higgins, Maule, Biobío y Ñuble, y que ahora se constituye otra en La Araucanía. En esta última región, solo entre enero y marzo de este año desaparecieron 149 mil metros de cable. En esas instancias, empresas eléctricas, autoridades políticas, policías, fiscalías, reguladores y comunidades acuerdan medidas para enfrentar estos ataques. Una de las más efectivas, plantea Hepp, es redoblar la vigilancia sobre las chatarrerías, pues las eléctricas exportan todos sus cables en desuso: "Nosotros no generamos un mercado secundario (de cables) dentro del país, por lo tanto, todo el mercado de chatarreros con cables de las empresas eléctricas es de origen informal. Eso le facilita el trabajo a las fiscalías y las policías para evitar que a estas bandas les funcione su negocio". Transelec añade que su estrategia abarca tres áreas (comunicacional, judicial y operacional), lo que llevó a la presentación de más de 150 querellas entre 2014 y 2018. Una de ellas, hace unos meses, terminó con la condena a penas de nueve a siete años de cárcel para los miembros de una banda a la que se le atribuyeron 31 robos en la zona de Linares. Así, agrega, lograron reducir los robos de 63 en 2016 a 10 en 2018, varios de ellos frustrados por la llegada a tiempo de las brigadas. La Asociación de Empresas Eléctricas aboga por contar con protocolos estandarizados de denuncia, "que permitan un mejor análisis, investigación y persecución penal" de los delitos. Y CGE llama, además, a crear más conciencia preventiva, para que las propias comunidades alerten sobre sospechosos. 301 334 63 Cuatro 133
robos de cable sufrió CGE durante 2018. En total, 98.297 de sus clientes vieron interrumpido su suministro. La zonal Rancagua-Cachapoal concentró la mitad de los delitos.
kilómetros de tendido eléctrico, equivalentes a 52,3 toneladas de cobre, perdió la distribuidora Fontel el año pasado. Esos 143 robos afectaron a 33.153 hogares.
sustracciones de tendido afectaron a Transelec, que transporta energía desde las generadoras hasta las distribuidoras, en 2016. En 2017 la cifra bajó a 23, y en 2018 a 10.
mesas público-privadas se han formado desde 2016 para coordinar acciones contra las bandas que cometen estos delitos. Funcionan en O'Higgins, Maule, Biobío y Ñuble.
(Carabineros) es el teléfono sugerido para denunciar robos de cables. También se puede llamar al 600 7777 777 (CGE) o 600 401 2021 (Frontel), según corresponda.
