Diputados DC, Evópoli y RD buscan ampliar a 5 años tiempo de ministros civiles en corte marcial
sábado, 20 de abril de 2019
A.v.B.
Nacional
El Mercurio
Según la actual normativa, afirman, Romy Rutherford -a cargo de la investigación- dejaría su cargo en marzo del próximo año.
A las 11 de la mañana del próximo lunes 22, los diputados Matías Walker (DC), Jorge Brito (RD) y Francisco Undurraga (Evópoli) tienen previsto reunirse con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para entregarle una copia del proyecto de ley que presentarán al día siguiente en la Cámara de Diputados respecto del periodo que deben cumplir los ministros civiles de la Corte Marcial. La iniciativa tiene como origen la investigación que lleva la ministra Romy Rutherford, quien se encuentra analizando 23 aristas del denominado "fraude al Ejército". Sin embargo, según advierten los parlamentarios, la actual normativa señala que los ministros de la Corte de Apelaciones que integren las cortes marciales "durarán tres años en sus cargos", por lo que el periodo de Rutherford culminaría en marzo de 2020, lo que dificulta que logre concluir sus investigaciones como ministra en visita. "A raíz del caso de la ministra en visita que está investigando el fraude en el Ejército, es claro que la defensa de los imputados está interesada en que se le venza el plazo, toda vez que la investigación ha producido muy buenos resultados y, en ese sentido, advertimos que el plazo de vigencia que tienen los ministros de la corte marcial para hacer esta investigación es un plazo muy breve. Por eso hemos presentado este proyecto de ley con el objetivo de ampliar este plazo a al menos cinco años, y nos interesa mucho saber el parecer del excelentísimo presidente de la Corte al respecto", señaló el diputado Walker, uno de los patrocinantes de la iniciativa. Según establece el texto que presentarán los parlamentarios, este plazo de cinco años debe ser prorrogable por uno más, con aprobación del pleno de la Corte Suprema. "Lo anterior, permitirá dar continuidad a este tipo de procesos de alta connotación pública, con decenas de tomos y cuadernos, con montos defraudados altísimos, y con oficiales de alta graduación que, con su accionar, no sólo han actuado delictualmente, sino que han perjudicado a una institución muy necesaria para el país, afectando, además, el trabajo profesional de miles de funcionarios del Ejército que desarrollan su función de manera proba y con apego a la normativa vigente", señala la argumentación de los diputados.
