Gobierno busca frenar proyecto que extiende a empleados públicos tutela laboral
sábado, 06 de abril de 2019
Juan Pablo Palacios
Economía y Negocios
El Mercurio
Texto advierte que reforma invade atribuciones exclusivas del Ejecutivo e implica más gasto fiscal. Comisión de Trabajo espera que Gobierno no haga reserva de constitucionalidad.
A mediados de marzo, el Senado aprobó el proyecto de ley que busca reconocer a los funcionarios del sector público el procedimiento de tutela laboral, que permite a estos trabajadores la defensa frente a actos provenientes del Estado (empleador) que vulneren sus derechos fundamentales. Con ello, se abre la puerta para que empleados a honorarios y a contrata invoquen este procedimiento, con el eventual pago de indemnización, en caso de no renovación de sus vínculos contractuales. La aprobación de la iniciativa, que surgió de tres mociones refundidas presentadas por un grupo de parlamentarios de oposición, se logró luego de que el Pleno de la Cámara Alta votara a favor dos indicaciones, que contaron con el patrocinio del Ministerio del Trabajo. Las enmiendas apuntaron a evitar el pago de una doble indemnización y que la futura nueva ley interpretativa no extienda a la Dirección del Trabajo (DT) la fiscalización de las relaciones laborales en el sector público. El proyecto ahora será revisado por la Cámara de Diputados, instancia que sería su último trámite previo a convertirse en ley. Sin embargo, el Gobierno emitió una opinión que podría afectar su avance. Un oficio firmado por el director de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Rodrigo Cerda, advirtió que la iniciativa invade atribuciones legales que son exclusivas del Ejecutivo. "Los proyectos de ley refundidos proponen regular una materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme lo dispuesto en la Constitución, el artículo 65, inciso cuarto, numeral 4°, al conceder beneficios al personal de la administración pública, que el Código del Trabajo concede para los trabajadores regidos bajo su normativa. El beneficio que concede consiste en el acceso a un procedimiento judicial que fue diseñado para los trabajadores del sector privado, y lo extiende a los trabajadores del sector público", dice el documento. La Dipres enfatiza que el procedimiento de tutela laboral ha incrementado la judicialización de las relaciones laborales en general. Recuerda que ya el Estado, pese a que la norma no debiera serles aplicable a sus funcionarios, "ha sido sujeto de esta acción en reiteradas oportunidades, tal como da cuenta el informe del Consejo de Defensa del Estado (CDE), donde se deja constancia que durante 2017 fueron 257 causas tramitadas por este concepto y durante 2018 se tramitaron 868 causas, siendo este un aumento exponencial". Advierte que el efecto de la moción significaría un aumento natural de demandas en contra del Estado, lo que redundaría en un impacto fiscal evidente. "Al implicar mayor costo fiscal, el proyecto también incide en la administración financiera del Estado, invadiendo la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en la materia, de conformidad al artículo 65, inciso tercero de la Carta Fundamental", señala. Raúl Soto (DC), presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados -que es la instancia que ahora debe revisar el proyecto-, afirmó que el oficio de la Dipres "es un antecedente más que está sobre la mesa, pero en ningún caso es vinculante respecto de la admisibilidad de esta moción parlamentaria". Añade que esta iniciativa "ya pasó todas las barreras de admisibilidad del Senado. Por lo tanto, no veo ningún problema de admisibilidad". Soto remarca que el proyecto apunta a "una corrección del procedimiento que permite que todos los trabajadores tengan la misma protección de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, no veo ningún tipo de inconveniente, ni implica la creación de tribunales nuevos". Por lo anterior, el parlamentario espera que durante la votación de la reforma en la Cámara, el Gobierno no haga reserva de constitucionalidad, pues ello abriría la puerta a que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre el fondo. EL PROYECTO DE LEY QUE EXTIENDE LA TUTELA LABORAL AL SECTOR PÚBLICO PASÓ A TRAMITACIÓN EN LA COMISIÓN DE TRABAJO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
