miércoles, 27 de marzo de 2019
Economía y Negocios Online
Emol
"Las víctimas de Arica también perderán aquí", dijo el presidente de la Corte de Apelaciones sueca, Erik Sundström, durante la lectura del fallo del litigio que enfrenta a una comunidad de 796 chilenos con la empresa minera Boliden desde el año 2017.
Así lo informó la radio local Sveriges la mañana de este miércoles, al determinar que la documentación del caso además tiene demasiada antigüedad.
El conflicto comenzó en 1984, cuando la empresa chilena Promel comenzó a importar desde Suecia desechos industriales caratulados como "barros con contenidos metálicos" que compraron a Boliden.
Los residuos contenían mercurio, arsénico y plomo y nunca fueron procesados, quedando abandonados a la intemperie.
Cerca del lugar se construyeron conjuntos habitacionales y con el tiempo comenzaron a aparecer problemas recurrentes de salud en la comunidad, como dificultades cognitivas en los niños que allí crecieron.
Por eso en 2013, un grupo de 796 chilenos exigieron una indemnización de 100 millones de coronas suecas (US$ 12,3 millones) a Boliden, petición que fue rechazada por la Corte del distrito de Skellefteå en marzo pasado.
El tribunal, que aplicó la ley chilena, consideró que si bien algunos de los habitantes del sector sufrieron daños por los elevados niveles de arsénico, Boliden "no había tenido oportunidad de prever esa consecuencia".
El fallo fue confirmado por la Corte de Apelaciones este miércoles, que a diferencia de su antecesor decidió aplicar la ley sueca porque "el centro del curso de los eventos que incluye la supuesta negligencia se encuentra en Suecia".
Según la ley sueca, una demanda prescribe después de diez años de su creación. En el caso de las demandas por daños, el tiempo se cuenta desde el momento en que ocurrió el evento que causó el daño.
Así, la demanda de las víctimas llega de manera tardía, considerando que los hechos ocurrieron en la década del `80.
"La demanda de las víctimas de Arica es simplemente demasiado vieja", afirmó Sundström. Como parte perdedora, las víctimas de Arica tendrán que pagar sus costos legales y los de Boliden, que ascienden aproximadamente a los 3,7 millones de corones suecas (US$ 399.000).
