Las amplias facultades que la Corte Suprema le otorgó a la ministra Rutherford en el fraude al Ejército
lunes, 25 de marzo de 2019
CINTHYA CARVAJAL
Nacional
El Mercurio
En un oficio reservado enviado a fines de junio pasado le adelantó sus pesquisas al ex comandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba. Hasta entonces, su competencia era solo para la Ley Reservada del Cobre.
A fines de junio de 2018, la magistrada Romy Rutherford se encontró con una dificultad que debía resolver para seguir avanzando en su investigación por el fraude en el Ejército: la extensión de la competencia que le había otorgado la Corte Suprema en este caso. El hallazgo de nuevos antecedentes llevó a la ministra a pedirle al Pleno del máximo tribunal un pronunciamiento para que le ampliaran sus facultades, lo que hizo en total reserva para no perjudicar su indagatoria. Fue el 6 de julio de 2018 que el Pleno del máximo tribunal, en una decisión unánime de los 14 ministros presentes, resolvió extender su competencia que estaba solo limitada al fraude con recursos de la Ley Reservada del Cobre, mediante el uso de facturas "falsas". Desde entonces, hace más de ocho meses, la jueza además puede pesquisar las defraudaciones por el mal uso de gastos reservados y las facturas pagadas con fondos de la Ley de Presupuesto. La resolución, hasta ahora desconocida, le permitió a la magistrada continuar su investigación en la arista denominada "empresas de turismo" en la que se pesquisan las comisiones de servicio en el extranjero de los oficiales y suboficiales. Este caso fue una caja de Pandora que no solo derivó en el procesamiento por fraude al fisco de funcionarios por abultamiento de pasajes o devoluciones de dineros en efectivo por parte de las agencias. El 19 de febrero, además, encausó por malversación de caudales públicos por un monto de $3.500 millones a quien fuera la máxima autoridad del Ejército, entre marzo de 2010 y 2014: el ex comandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba, por mal uso de gastos reservados. Resolución de la Suprema El pleno del máximo tribunal, el 13 de noviembre de 2015, designó como ministro en visita extraordinario a Omar Astudillo en este caso. Cuando terminó el período de Astudillo en la Corte Marcial, se designó como su sucesora a la ministra Rutherford, la que asumió en marzo de 2017. "Con la cuenta dada y teniendo presente que los hechos que motivaron la designación de un ministro en visita extraordinario por resolución de fecha 13 de noviembre de 2015 dicen relación con el uso inapropiado de fondos públicos de distinto origen que administra el Ejército de Chile, se aclara la citada resolución que rola a foja 7, en el sentido de declarar comprendida la visita extraordinaria aludida a la investigación, conocimiento y juzgamiento de los ilícitos eventualmente perpetrados con ocasión de tal administración", sostienen los supremos en su resolución del 8 de julio pasado. Lo que solicitó la ministra En enero del año pasado, la magistrada comenzó a investigar la arista pasajes donde además surgieron los antecedentes de mal uso de gastos reservados del ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba. La magistrada ya había procesado en junio de 2018 al coronel (r) Sergio Vásquez, tanto por el delito de fraude al fisco como por enriquecimiento ilícito en la arista pasajes. En marzo de ese año, la PDI había incautado el computador de Vásquez, donde se encontró un correo electrónico entre él y una funcionaria de la agencia de viajes, donde se hablaba de una devolución de dinero. En el procesamiento de Vásquez, en junio de este año, la jueza estableció que a mediados de 2012 el retirado coronel viajó a Washington para asumir como agregado del Ejército en Estados Unidos. Eso sí, antes de llegar a destino estuvo 10 días en Miami con su familia, con cargo al erario fiscal. Al año siguiente, en 2013, Vásquez realizó un nuevo viaje. Esta vez para Punta Cana, donde también se incluyeron familiares. Esto significó una defraudación de $21,3 millones. La defensa de Vásquez comenzó a cuestionar en un escrito, en donde apeló el encausamiento, que la competencia de la jueza era solo para la Ley Reservada del Cobre. Fue en ese contexto que la jueza decidió enviar la solicitud a la Corte Suprema porque tenía antecedentes que la defraudación provenía de fondos diversos o distintos a la Ley del Cobre. En la presentación, Rutherford pidió a sus superiores precisar si las defraudaciones cometidas por funcionarios del Ejército, que pueden ser investigadas por ella, alcanzaban únicamente a las que dicen relación con la afectación de un determinado fondo de financiamiento como la Ley Reservada del Cobre o si también se consideraba las de otros recursos financieros que administra el Ejército de Chile, que provienen de otro fondo diverso de aquel como pueden ser los fondos destinados a gastos reservados o la ley de presupuesto, entre otros. ''Se aclara la citada resolución, en el sentido de declarar comprendida la visita extraordinaria aludida a la investigación, conocimiento y juzgamiento de los ilícitos eventualmente perpetrados con ocasión de tal administración (el uso inapropiado de fondos públicos de distinto origen que administra el Ejército)". ........................................................................................................................................ EXTRACTO DE RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA
