martes, 19 de marzo de 2019
Economía y Negocios Online
EFE
El grupo minero británico Rio Tinto se enfrentará a una demanda del regulador bursátil de Estados Unidos relacionada con su valoración de unos activos en un proyecto de carbón en Mozambique, de acuerdo a la decisión tomada este lunes por una jueza federal de Manhattan.
Según documentos publicados por el tribunal para el distrito Sur de Nueva York, la magistrada Analisa Torres desestimó una moción de la empresa y dos de sus antiguos ejecutivos para frenar una demanda por fraude interpuesta en 2017 por la Comisión del Mercado de Valores (SEC, en inglés), que seguirá adelante.
Los acusados alegaron que el regulador bursátil no había establecido una argumentación suficiente para alegar fraude, pero la jueza consideró que la SEC sí expuso "de manera plausible la falsedad" cometida por la compañía y sus exejecutivos a través de diferentes mecanismos.
En octubre de 2017, la SEC denunció a la multinacional, a su ex director ejecutivo Tom Albanese y su ex director financiero Guy Elliott, por supuestamente inflar los activos que adquirieron en Mozambique en 2011 por US$ 3.700 millones y vendieron por US$ 50 millones en 2014, un año después de devaluarlos en US$ 3.000 millones.
La SEC alega que Rio Tinto y los acusados ocultaron información del proyecto dañina para los inversores y los engañó, ya que una evaluación interna había calculado que el valor comercial del proyecto era negativo (US$ 680
millones), pero aún así la empresa recaudó miles de millones de los inversores.
La jueza Torres señala que Albanese "sabía que la mejor información indicaba que RTCM (el proyecto) no tenía valor" pero continuó refiriéndose a este como "una oportunidad a largo plazo con potencial para crecer en millones de toneladas anuales de carbón".
Los documentos de la corte, que abarcan 50 páginas, indican que la junta directiva de Rio Tinto pidió despedir a Albanese en enero de 2013 en relación con esa reducción de valor del proyecto minero de Mozambique, mientras que Elliott se retiró aproximadamente en las mismas fechas.
La autoridad busca que los acusados devuelvan unas "ganancias injustamente adquiridas" y que pague una multa, además de prohibir a sus dos antiguos ejecutivos que ejerzan puestos de dirección otra vez.
