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Conadecus reclamó al máximo tribunal para que se pronuncie sobre rol de los proveedores. Entidad antimonopolios criticó el cálculo que realizó el TDLC al determinar el monto. Sostuvo que el criterio no refleja los efectos de la conducta.

Caso Pollos: FNE pide a la Corte Suprema elevar multas a supermercados por colusión, y compañías buscan eximirse de sanciones

jueves, 14 de marzo de 2019

Luis Musquiz
Economía y Negocios
El Mercurio




Ya comenzó a escribirse un nuevo capítulo en el caso de colusión acordada por Cencosud, Walmart y SMU por la venta de carne de pollo fresca, que fue determinada a través de una sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

La Fiscalía Nacional Económica (FNE), las compañías condenadas y la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) interpusieron recursos de reclamación en contra del fallo en sede de libre competencia con el objetivo de que la Corte Suprema conozca el caso. La entidad antimonopolios persigue que el máximo tribunal eleve la sanción económica a beneficio fiscal para que suba hasta las 30 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), esto es US$ 22,4 millones para cada empresa. El TDLC impuso una multa de US$ 12,3 millones en total.

A lo anterior se sumó Conadecus, organismo que también solicitó elevar la sanción económica. Ahora bien, la entidad también pidió que el máximo tribunal se pronuncie sobre dos aspectos adicionales: el eventual acuerdo respecto de los vinos, carne de cerdo y carne de pavo; y el grado de participación de los proveedores identificados en este proceso -Agrosuper, Ariztía y Don Pollo- para que disponga las sanciones, prevenciones o medidas que estime necesarias.

En el caso de las empresas condenadas, las supermercadistas solicitaron eximirse o reducir su sanción económica y desestimar las obligaciones adicionales ordenadas por el fallo del TDLC en los programas de cumplimiento de las compañías.

Tras haberse presentado estos recursos, el TDLC deberá analizarlos someramente para darles admisibilidad y elevarlos a la Corte Suprema, organismo que también debe analizarlos en forma previa para que sean admitidos a tramitación.

En cuanto a la FNE, el organismo dirigido por el fiscal Ricardo Riesco sostuvo que las multas impuestas no consideran la totalidad de las ventas asociadas a la categoría de carne de pollo fresca, en circunstancias de que la conducta tuvo efectos sobre todas las ventas de este producto. Además, manifestó que el monto de la multa aplicada -la condena fue del orden del 15% de la sanción solicitada- no satisface la finalidad de reforzar su efecto disuasorio. A su vez, en cuanto a la gravedad de la conducta, sostuvo que el TDLC no ponderó que en este caso no existen eficiencias que pudieran justificar el actuar de las empresas condenadas.

En el caso de Conadecus, la entidad aseveró que la multa es insuficiente, ya que se trató de un ilícito de colusión respecto de un producto sensible para el común de la población y que, además, se valió de la existencia de otro cartel, que es el de los productores avícolas, ya sancionado por la justicia chilena. Además, acusó que las empresas proveedoras -que cumplían el rol de regular el acuerdo- tuvieron un rol clave en este asunto, calificándolas lisa y llanamente de cómplices. Afirmó que resulta de una necesidad absoluta que el tribunal -en este caso la Corte Suprema- se refiera al papel que jugaron las proveedoras. Reclamó también que no hay un pronunciamiento respecto de las razones para considerar la posible colusión en relación con otros productos como indiciaria, en circunstancias de que podrían configurar una colusión de mayores proporciones.

Respecto de las compañías, Cencosud -ligada a Horst Paulmann y que fue sancionada con una multa de US$ 5,1 millones- argumentó que el requerimiento de la FNE carece de todo fundamento y esgrimió que la compañía no solo no participó de un "cartel duro", sino que tampoco fue parte de un acuerdo indirecto o práctica concertada con las otras empresas. La firma explicó que los reclamos a las proveedoras de pollo fresco apuntaban al intento de imposición de la "regla" o restricción vertical, buscando mantenerse competitiva. "Eso generó las permanentes fricciones y reclamos a los proveedores de pollo", dijo.

En el caso de Walmart, sancionada con US$ 4,2 millones, la firma argumentó que no ha sido parte de un acuerdo o concertación alguna con las otras dos compañías, ni lo ha hecho con sus proveedores de carne de pollo fresca a condición que las otras empresas también lo hicieran entre 2008 y 2011.

En el caso de SMU, ligada al empresario Álvaro Saieh y multada con US$ 3 millones, señaló que la acusación no cuenta con pruebas claras ni concluyentes. Además, dijo que la conducta no acredita efecto en los precios y, además, suprime del análisis la colusión de los productores de pollo ya reconocida.

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