Hermana de Ricardo Palma Salamanca demandó al fisco
jueves, 21 de febrero de 2019
Nacional
El Mercurio
Pronta a pronunciarse se encuentra la 10ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en relación a una demanda al fisco por "despido injustificado". Se trata de la hermana mayor del exfrentista Ricardo Palma Salamanca, condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, y que hoy está asilado en Francia. Marcela Palma trabajó a honorarios entre octubre de 2014 y el 30 de marzo de 2018 con Estela Ortiz, en el Consejo Nacional de la Infancia, organismo que cesó sus funciones en esa fecha. La demanda es por "nulidad de despido, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales adeudadas, en contra del Ministerio Secretaría General de la Presidencia". Según el escrito, en la prestación de sus servicios tenía jefatura y cumplía horario, por lo que su patrocinante interpreta que debería aplicársele el Código del Trabajo. Marcela Palma Salamanca aparece en la página de Transparencia de la Secretaría General de la Presidencia como experta en educación y fue contratada en 2014 como asesora del Consejo Nacional de la Infancia, con un sueldo a honorario bruto de $2.300.000. Un año después se le agregó a su función "desarrollar la Política Nacional de Protección de la Infancia y Adolescencia con propuestas hasta 2025". El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago se pronunció el 13 de septiembre pasado, acogiendo parcialmente las peticiones de Palma, instando al fisco a pagarle una parte de su demanda. Recurso del CDE En octubre, el Consejo de Defensa del Estado ingresó un recurso de nulidad; también lo hizo la demandante, pidiendo que se le concediera el total de las exigencias. En los alegatos ante la 10ª Sala de la Corte de Apelaciones, el CDE afirmó que ella fue contratada a honorarios bajo el Estatuto Administrativo y no bajo el Código del Trabajo, que no corresponde a la de un funcionario público. Además, dijo, el Consejo Nacional de la Infancia tenía una tarea específica que concluyó en marzo de 2018 y que consistía en desarrollar la política nacional de protección a los menores. Mal podrían haberla despedido "injustificadamente" si la oficina ya no existe. Los miembros de la 10ª Sala, que presidió la ministra María Soledad Melo, terminaron la vista de la causa.
