Corte Suprema respalda proyecto que sustituye cárcel por arresto domiciliario por razones humanitarias
viernes, 15 de febrero de 2019
A. Chaparro y L. Olivares
Nacional
El Mercurio
El máximo tribunal, sin embargo, hizo recomendaciones para mejorar algunos aspectos de la iniciativa, como definir con claridad qué debe entenderse por "enfermedad en fase terminal". El ministro de Justicia, Hernán Larraín, consideró "perfectamente atendibles" este y otros reparos planteados por los magistrados.
El pleno de la Corte Suprema emitió un informe favorable respecto del proyecto de ley, iniciado por mensaje presidencial, que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias, permitiendo que aquellos condenados de avanzada edad -siempre que hayan cumplido al menos la mitad de su pena-, con enfermedades terminales graves o que les impidan valerse por sí mismos, puedan cumplir su sanción bajo arresto domiciliario total. "Ha de darse la bienvenida a una iniciativa de ley destinada a poner a nuestra legislación a tono con las tendencias, ya muy antiguas, de la dogmática y del Derecho Comparado, recogidas, incluso, en instrumentos jurídicos internacionales, que se mencionan en el propio proyecto", consigna el máximo tribunal en el documento que se remitió al Senado el 7 de febrero. Se trata de un extracto concordado por los ministros Haroldo Brito (presidente), Sergio Muñoz, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Guillermo Silva, Rosa María Maggi, María Eugenia Sandoval, Gloria Ana Chevesich y Andrea Muñoz, Manuel Valderrama y Jorge Dahm, Ángela Vivanco, Mauricio Silva, más un ministro suplente. Los magistrados afirmaron, además, que estas son modificaciones legales que "debieron haberse adoptado hace mucho tiempo, destacándose nuestro país por tener una asignatura pendiente (...) vinculada, sin duda al Derecho Penal liberal, democrático y gobernado, en este sensible ámbito (frecuentemente dejado de lado, por crear incomodidad) por el principio de humanidad". Desde el Ministerio de Justicia valoraron "enormemente" la opinión del máximo tribunal en esta materia. Su titular, el ministro Hernán Larraín, comentó: "Nos parece muy valioso el respaldo y la aprobación que ha hecho el pleno de la Ley Humanitaria. Esta es hoy una situación que no tiene una solución adecuada, como es la de aquellos condenados que tienen una enfermedad terminal o tienen una invalidez total, que les impide ser autovalentes". Los reparos del pleno Sin embargo, no todos los comentarios fueron favorables. Los supremos también tuvieron algunos reparos y realizaron recomendaciones para mejorar ciertos aspectos de la iniciativa. Lo primero, advierten en el informe, "no se contiene una definición de enfermedad en fase terminal, sin perjuicio que se la caracteriza en los fundamentos del proyecto". Tampoco estimaron recomendable que el Servicio Médico Legal (SML) sea el único organismo público llamado a verificar la situación de los condenados que desean acogerse a este beneficio. Eso -dicen los jueces- por su "pública y notoria carencia de recursos técnicos y humanos, que dilatan por largo tiempo la realización de los exámenes, pareciera conveniente proponer que puedan también encomendarse a un establecimiento público dotado de los medios que aseguren un cumplimiento expedito". Y hacen hincapié en la necesidad de crear tribunales de ejecución de penas, dado que el proyecto habla de "el tribunal" sin especificarse el órgano jurisdiccional de que se trata. "Tratándose de la fase de ejecución de la pena carcelaria, el tribunal competente es, sin duda, el juez de ejecución, como juez especializado, cuya creación se viene exigiendo en nuestro país hace por lo menos treinta años", apuntan en el documento. "Acerca de la tramitación del recurso en la Corte de Alzada -agregación extraordinaria- podría ser una medida aconsejable", concluye el informe que incluye consideraciones y prevenciones de algunas ministras y ministros. Se estudiarán sugerencias Sobre estas aprensiones manifestadas por los supremos, el ministro Hernán Larraín afirmó: "Hemos conocido en forma preliminar algunos reparos y observaciones que realizan que nos parecen perfectamente atendibles". Por ejemplo, respecto de la inquietud sobre las capacidades del SML, dijo, "no tenemos inconveniente en estudiar más este tema, siempre y cuando sea un establecimiento público con capacidad, al respecto, para desenvolverse en esta materia. Estamos disponibles para estudiarlo".
En 10 páginas los magistrados plasmaron sus opiniones sobre el proyecto del Ejecutivo.
"(Estas modificaciones legales) debieron haberse adoptado hace mucho tiempo, destacándose nuestro país por tener una asignatura pendiente en este ámbito".
"Con respecto al peritaje del SML, dada su pública y notoria carencia de recursos técnicos y humanos, pareciera conveniente proponer que puedan también encomendarse a un establecimiento público dotado de los medios que aseguren un cumplimiento expedito".
