Exportaciones de jibia alcanzarían US$ 200 millones; un tercio estaría en riesgo, según las empresas
domingo, 27 de enero de 2019
Claudia Ramírez
Economía y Negocios Domingo
El Mercurio
La proyección de envío del calamar desde Chile para este año se vería afectada, si es que la ley que regula la captura se promulga tal y como está, advierten en el rubro. A la visión crítica de las compañías locales, se suma la de la noruega FoodCorp, que habla de "un cambio en la certeza jurídica", y de Orizon, ligada a Empresas Copec, que califica de "extremadamente grave" lo sucedido con la iniciativa.
Las aguas están agitadas en el sector pesquero. A la discusión que desde hace meses se venía desarrollando en torno a la "ley corta" de pesca, que en términos simples termina con el sistema vigente desde 2013 de licencias transables por 20 años renovables y lo reemplaza por otro mecanismo sin posibilidad de renovación, se sumó el debate en torno a la "ley de la jibia". Esta semana, la discusión en torno a la normativa que regula la captura del calamar subió de tono, y el Gobierno decidió convocar el miércoles 23 de enero a una mesa de diálogo sobre la ley. Claro que dicha instancia se quebró, pues los trabajadores industriales se retiraron, acusando que sus demandas no habían sido escuchadas. En esa misma instancia, el Gobierno optó por abstenerse de enviar el veto aditivo que había anunciado, asegurando que la ley que está a un paso de ser promulgada tendrá un perfeccionamiento. En la práctica, la iniciativa consagra dos tipos de extracción con técnicas usadas por los pescadores artesanales, la potera y la línea de mano, y elimina la opción de la pesca de jibia con redes de arrastre, utilizada por el sector industrial. A ojos de las empresas del rubro, la escasa discusión técnica sobre el tema excluyó como opción de captura las redes de arrastre y los dejó sin alternativas de participar en la actividad, pues, aseguran, no podrían adoptar las técnicas artesanales (ver recuadro). "Nos quieren hacer volver a la Edad de Piedra, usando una tecnología ineficiente y tirando por la borda años de inversiones y desarrollo tecnológico, que nos han permitido cambiar las redes y tener las mejores a nivel internacional, absolutamente sustentables con el recurso y con el medio ambiente", afirma Héctor Bacigalupo, gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca, Sonapesca. Con esta normativa, señalan las empresas, el Congreso está estableciendo cómo capturar un recurso, en circunstancias que debería ser la Subsecretaría de Pesca la encargada y evalúan acciones legales. "Estamos evaluando recurrir al TC u otra instancia. Tenemos que analizar todas las instancias que nos permitan ejercer una actividad económica libre en Chile", dice Macarena Cepeda, presidenta de Asipes. Desde el Gobierno aseguran que el problema no ha sido generado por ellos, porque esta no es una ley del Gobierno, ni que haya sido patrocinada por ellos, sino que este se ha puesto a disposición para ayudar a las partes en conflicto a resolverlo. "Si las partes concurren de buena voluntad a un acuerdo, siempre existirá flexibilidad para mejorar las cosas", aseguran. FoodCorp: "Definitivamente, hace mucho más restringido todo nuevo proyecto" La cuota de pesca de la jibia es de 200 mil toneladas anuales, y el 80% corresponde a pesca artesanal (160 mil toneladas) y 20% a industrial (40 mil toneladas). Este año hay proyecciones de exportaciones por US$ 200 millones desde Chile, las que según las compañías del sector estarían en riesgo. "Esa proyección debería bajar necesariamente, porque nosotros no vamos a poder pescar, por lo tanto, ya son las 40 mil toneladas de los industriales menos. Por otro lado, los artesanales les venden a los industriales el 60% de las capturas y luego están las plantas pymes, que muchas de ellas van a quedar sin abastecimiento, porque a muchas nosotros les vendemos", indica Bacigalupo. La visión crítica sobre la ley no solo es compartida por empresas locales, como Pacific Blu, Landes y Alimar, sino también por inversores extranjeros presentes en el rubro. Andrés Daroch, gerente general de la compañía noruega FoodCorp señala a "El Mercurio" que a su juicio: "Hay un cambio en la certeza jurídica, característica fundamental que hizo preferir Chile sobre otros países al momento de invertir, y esta se pierde con estos cambios sobre lo ya existente. Definitivamente, hace mucho más restringido todo nuevo proyecto", señala. "Lo delicado del proyecto es que se permite que por ley se fijen temas técnicos, y causa preocupación que si hay cambios tecnológicos no se puedan implementar, incluso para mejorar la seguridad y salud de los propios tripulantes", agrega. La empresa noruega, del grupo Austevoll Seafood ASA, compra la jibia a pescadores artesanales e industriales. Andrés Daroch detalla que alrededor de 500 trabajadores dependen de su planta de congelados, en Coronel, que es la principal afectada si no se dispone de jibia, dice. Cerca de 9.500 empleos en la industria jibiera Hoy son 4.000 trabajadores que dependen directamente en la industria y unos 4.500 en empleos indirectos asociados a la misma industria jibiera, según estimaciones de la industria. Asipes -gremio que reúne a las firmas de la zona centro-sur del país, como Blumar, Landes, Camanchaca y Pacific Blu- calcula que unos 2.500 empleos podrían verse afectados, si es que la ley se promulga como está. "No son solo los trabajadores de flota, también hay un trabajo en planta que depende de la continuidad del abastecimiento industrial que hoy permite entregar trabajos formales y continuos. En la VIII Región, el 50% son mujeres y jefas de hogar", detalla Macarena Cepeda. Orizon -la compañía ligada a Empresas Copec, controlada por el grupo Angelini, que aunque no realiza operaciones extractivas de jibia, la compra a terceros y la procesa en su planta en Coronel- comparte la crítica. "Lo sucedido en la tramitación de la 'ley de la jibia' es extremadamente grave. No solo para la industria, sino para el país. La sustentabilidad de la actividad pesquera en el largo plazo se debe sostener en tres factores. Primero, la participación e integración de todos los actores y sus intereses. Segundo, que deben primar la razón técnica y la evidencia científica (...). Tercero, considerar la experiencia internacional y las recomendaciones de organizaciones como la FAO. En el proceso de la jibia no se cumplió ninguno de estos criterios", afirma Rigoberto Rojo, gerente general de Orizon. Añade que si se siguen haciendo políticas públicas de esta forma, toda la actividad pesquera está en riesgo. "Si este esquema se repite en la tramitación de la ley corta de pesca, Chile está en problemas", plantea. ¿Cuáles son los perfeccionamientos a la ley que podría hacer el Gobierno? Asipes señala que una opción sería ver de qué manera se incorpora la fauna acompañante para la pesca artesanal en este proyecto. "Por ejemplo, si voy a capturar sardinas y me salen cinco a seis jibias en el lance, estaría infringiendo la ley y debería pagar una multa", asegura Macarena Cepeda. Fuentes del Gobierno ratifican este punto y precisan que el propio sector artesanal "planteó que persisten aspectos que pueden ser mejorados, como el tema de la fauna acompañante". Por cierto, las mejoras no incluyen volver a la técnica de captura usada por los industriales.
