El fisco deberá pagar una indemnización de $345 millones a los familiares de seis víctimas que fueron alcanzadas por las aguas del tsunami luego del terremoto de 27 de febrero de 2010, mientras se encontraban en el sector Camping Municipal de Curanipe, en la provincia de Cauquenes. La Tercera Sala de la Corte Suprema dictó una sentencia de reemplazo y acogió un recurso de casación, tras el rechazo de las demandas en otras instancias. Los ministros Sergio Muñoz, Carlos Aránguiz, Arturo Prado y la abogada (i) Leonor Etcheberry, en fallo dividido, argumentan que existe una responsabilidad del Estado por falta de servicio al no tener planes de emergencia ante catástrofes naturales. Agregan que se deben definir áreas vulnerables de tsunami para preparar en cada caso el contexto de emergencia y educar a la población según las particularidades de cada zona. Los ministro cuestionan además la falta de señalética de demarcación de las posibles salidas de emergencia y la falta de preparación de guardias del camping. "No tenían capacitación en caso de maremoto, no contaban con megáfonos o medios de alerta", dicen.
La ministra María Eugenia Sandoval estimó que es un caso fortuito y que no hay responsabilidad del fisco.