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Directorio de Codelco

miércoles, 23 de enero de 2019


Editorial
El Mercurio




La creciente complejidad que implica la conducción de una compañía como Codelco, producto de la mayor dificultad para generar excedentes en un ambiente en que las leyes del mineral han disminuido, la disponibilidad de agua se ha estrechado, la dureza de la roca ha aumentado, y las exigencias ambientales y tecnológicas son cada vez relevantes, supone un reto significativo para la labor de su directorio. Ese escenario se torna aún más desafiante por su condición de empresa estatal, sometida a un permanente escrutinio político, aparte de la fiscalización de la Comisión Chilena del Cobre e incluso de la Contraloría General de la República. Todo ello, además, en un momento en que deben tomarse decisiones estratégicas respecto de gigantescas inversiones requeridas solo para mantener o elevar marginalmente la producción actual. Estas, en cierta forma, equivalen a casi construir la compañía de nuevo, pues se hace necesario explotar tres de sus yacimientos principales en frentes diferentes, como si se tratara de una nueva inversión desde el inicio.

Por lo anterior, la conformación y elección del directorio de Codelco cobra especial importancia. Tres de sus miembros son designados directamente por el Presidente de la República. Otros cuatro son también nombrados por el mandatario, pero a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública, lo que si bien busca garantizar su capacidad técnica, supone también la dificultad para conseguir que candidatos con la preparación y experiencia necesarias para afrontar dicha tarea se presenten a los respectivos concursos. Esto, tratándose de cargos cuyas remuneraciones no son equivalentes a los otros directorios de esa envergadura y cuya labor -aparte de la tarea más propia, cual es velar por maximizar excedentes para el Estado- implica prestar atención a los problemas políticos asociados a su administración -materia para la cual la experiencia previa de carácter minero o gerencial no ayuda- y además enfrentar a una opinión pública demandante; en resumen, un paquete de responsabilidades no necesariamente atractivo para quienes cuentan con las calificaciones necesarias. Finalmente, dos de los directores son representantes de los trabajadores, uno de la Federación de Trabajadores del Cobre y otro de la Asociación de Supervisores, cuyos intereses gremiales pueden no coincidir con los que el Estado procura defender cuando administra la empresa, añadiendo una fuente de tensión adicional para una tarea ya de por sí difícil.

El actual gobierno corporativo de Codelco fue fruto de una reforma aprobada hace algunos años que tuvo como objetivo dotarlo de un directorio profesionalizado e independiente, que respondiese con responsabilidad de sus decisiones y una de cuyas principales tareas es la de nombrar al vicepresidente ejecutivo de la corporación. En ese contexto, llaman la atención -y a la vez ilustran sobre los problemas que su particular condición supone para la empresa- las recientes declaraciones del ministro de Minería, criticando la decisión del directorio de perseverar en su disputa con la Contraloría General de la República respecto de las atribuciones de esta última entidad en el control de la firma. Tal cuestionamiento desde el poder político no parece ir en el espíritu de fortalecer el rol de su directorio. Igualmente, es debatible la insistencia en formas de fiscalización como las de Cochilco -que corresponde a una concepción organizativa ya superada-, en lugar de abrirse a modalidades más propias de los tiempos actuales, como son las que operan en las empresas privadas con las que debe competir la estatal. En esa línea, su transformación en una sociedad anónima donde el Estado mantenga una participación mayoritaria es una fórmula que permitiría alinear de modo más eficiente el interés público con el buen manejo de la compañía y la transparencia en su gestión.

Es de esperar que en el proceso en marcha para la renovación de dos de sus directores (correspondientes a designaciones vía ADP y cuyos períodos vencen en mayo) pesen tales consideraciones, por sobre fórmulas de cuoteo partidista que poco tienen que ver con los complejos desafíos de la empresa.

Enfrentada la empresa a decisiones estratégicas, los próximos nombramientos cobran especial relevancia.

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