lunes, 21 de enero de 2019
Economía y Negocios Online
Macarena Navarrete, socia principal de EY Chile
Luego de estar algunos meses “en bambalinas”, el debate sobre el proyecto de modernización tributaria vuelve a cobrar fuerza. Los partidos de oposición comienzan a realizar sus propuestas, y más importante, parecen dispuestos a tender puentes de conversación con el Gobierno, que a su vez se muestra abierto a considerar todas las opciones. Pareciera, por fortuna, que la discusión se reanudará en términos más amigables a los que partió en agosto pasado.
Lo interesante es que en este debate 2.0 no sólo se está discutiendo el contenido del proyecto, sino medidas adicionales que, aparentemente, el Gobierno deberá estar dispuesto a incluir en la discusión si quiere que la iniciativa vea finalmente la luz.
Decidir qué sistema de tributación queremos es parte de la respuesta sobre qué país queremos. De ahí la importancia de analizar cada tema con seriedad.
Uno de ellos es la eliminación de franquicias actualmente existentes que, para algunos, no se justificarían. Se cita especialmente la situación de las ganancias de capital por operaciones bursátiles, que hoy no tributa. Lo importante acá es distinguir: hay un tema técnico (¿cuánta recaudación generaría? y ¿cómo afectaría el mercado de capitales y el crecimiento económico en general?) y uno definitivamente político: según la Cepal, el 10% de los hogares más ricos concentra el 92% de las inversiones en acciones y fondos mutuos; de manera que, ¿es justo que este segmento asuma el costo de la medida? Y si la respuesta es afirmativa, ¿pesa más el impulso de justicia correctiva que el impacto en la economía?
También está en la palestra -y todo indica que será un punto a conceder- reponer la tasa máxima de impuestos personales a 40% (que sería otra vía de cargar a los más ricos la mayor necesidad de recaudación). Para muchos, la rebaja a 35% se justificaba ante un sistema atribuido -donde los dueños de empresas tributaban por las utilidades de éstas aún sin retirarlas-, pero no en uno integrado. El argumento parece sensato, pero ¿cuál será el efecto real en recaudación? ¿No generará incentivo para que quienes se encuentran en ese segmento recurran a otras fuentes de ingreso? Considerando, además, que sólo una pequeña parte de quienes efectúan retiros de utilidades se encuentra en el tramo superior del impuesto, ¿estaríamos afectando más bien a los dueños de PYME y a profesionales, más que a los dueños de grandes empresas? Y si efectivamente es así, ¿queremos que sean ellos quienes también deben asumir el costo de la medida?
Otro aspecto interesante es la propuesta de equiparar la tasa del impuesto digital (10%) a la del IVA (19%). Nuevamente: por un lado, parece justo, a primera vista, que los proveedores de servicios digitales extranjeros tengan una carga equivalente a sus símiles chilenos. Pero dado que el impuesto afecta a personas y no empresas, ¿no tendría el alza un efecto regresivo? ¿Qué pasa con el estatuto de las empresas? ¿Estamos seguros que el impuesto gravará lo que queremos gravar?
No son temas irrelevantes, sobre todo por el contenido simbólico que muchos acarrean. Nuevamente, el país tiene la oportunidad de debatirlos, considerando todas las opciones y, ojalá, haciendo las preguntas que importan.
