Ingresan proyecto que aplaza acreditación con criterios más severos
jueves, 17 de enero de 2019
Sandra Quevedo
Nacional
El Mercurio
Desde 2020, la certificación será obligatoria para los planteles, y dos años más tarde se endurecerán los estándares.
El plazo corría -y rápido-desde que se promulgó, en mayo pasado, la ley de Educación Superior. El texto que se trabajó por cerca de cuatro años establece que a partir de enero de 2020 la acreditación de todas las instituciones es obligatoria. Y con criterios más exigentes, que deben ser revisados por los sectores productivos y expertos internacionales. Como los nuevos parámetros deben ser conocidos y asimilados por las instituciones -y el tiempo es acotado para eso-, el Consejo de Rectores y la misma Comisión Nacional de Acreditación pidieron que se modificara la norma. Es por eso que ayer el Ministerio de Educación ingresó al Congreso una ley corta para modificar los plazos en los que se deben presentar los nuevos criterios de acreditación, y cuándo hacerlos exigibles a las casas de estudios. Según la iniciativa, que se tramitará primero en la Cámara de Diputados, los criterios que tenían que estar publicados antes del 1 de enero de 2020 se postergan para el 30 de septiembre de ese año. Además, se propone "desfasar la exigibilidad de la aplicación de los nuevos criterios y estándares en 24 meses desde su publicación, contemplando, de este modo, una debida transitoriedad", según el texto legal. El jefe de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, explica que "se debe hacer con una adecuada transición y plazos apropiados para que las instituciones puedan adecuarse a estos nuevos sistemas". Aclara que esto "no implica que los plazos para la acreditación obligatoria que establece la ley no estén completamente en vigencia", es decir, se mantiene la exigencia de la certificación institucional para enero de 2020. El rector de la U. Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, asegura que "es positivo que haya un proyecto que permite corregir la evidente inviabilidad de los plazos establecidos". Añade, eso sí, que los 24 meses que se darán para adaptarse a los nuevos criterios "es insuficiente, en la medida que las universidades empezamos a trabajar los informes de autoevaluación al menos dos años antes". Cambios La iniciativa propone otras modificaciones: agregar la posibilidad de apelación frente al Consejo Nacional de Educación (CNED) de las resoluciones de certificación que haga la CNA. Otra es respecto a las carreras de Medicina o especialidades que hayan contratado una agencia para verificar su calidad: si es que el proceso ya se inició, este se respetará. "No implica que los plazos para la acreditación obligatoria que establece la ley no estén completamente en vigencia".
JUAN EDUARDO VARGAS
Jefe Educación Superior
