Los oficios que envió el Ministerio de Educación a cinco universidades por su delicada situación financiera
domingo, 13 de enero de 2019
Nicolás Durante y Jessica Esturillo.
Economía y Negocios Domingo
El Mercurio
El 26 de diciembre del año pasado, Juan Eduardo Vargas, jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, envió cinco oficios a universidades chilenas requiriendo información sobre su delicada situación financiera. Se trata de documentos enviados a la rectora de la universidad SEK, Eva Flandes; al rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Aldo Biagini; su par de la Gabriela Mistral, José Zañartu; el rector de la Universidad La República, Alfredo Romero, y el rector de la Universidad Bolivariana, Héctor Valencia, a los que "El Mercurio" accedió a través de la Ley de Transparencia. El Mineduc les pide "un informe detallado con las principales medidas que ha adoptado la institución con objeto de abordar la delicada situación financiera que reflejan los estados financieros remitidos por la institución". Lo anterior, dice el oficio de una carilla, "cobra mayor relevancia dada la condición de no acreditada". Llama la atención que los oficios del Mineduc, aunque son casi idénticos, para las universidades Gabriela Mistral, Pedro de Valdivia y La República ocupa el concepto de "delicada situación financiera", mientras que a la Universidad SEK la identifica con una "ajustada situación financiera" y a la Bolivariana, con "la compleja situación financiera". En el caso de La República, le agrega que "esta división aún no recibe respuesta a la consulta formulada mediante oficio de noviembre de 2018, reiterado a través de oficio de diciembre de 2018, relativo al plan de acción institucional en materia de acreditación, dada la falta de acreditación institucional de la universidad que usted preside, y la obligatoriedad de la misma establecida en virtud de la Ley N° 21.091". Justamente, el tema de la obligatoriedad no es menor, ya que de acuerdo con la nueva Ley de Educación Superior, a partir del 1 de enero de 2020, todas las instituciones no acreditadas deben iniciar el proceso de acreditación. Asimismo, las que actualmente o a esa fecha cuenten con acreditación vigente deben presentarse a evaluación al menos 7 meses antes de que venza su actual período. La misma norma determina que durante el 2019 la Comisión Nacional de Acreditación debe hacer las consultas técnicas pertinentes (incluyendo a las instituciones) para confeccionar los nuevos criterios que se aplicarán a partir de 2020. Dicha consulta iniciará este mes y concluirá a más tardar en octubre. En 8 años, 45 instituciones han cerrado y podrían venir más Actualmente, las instituciones tienen dos regímenes en los cuales pueden convivir. El primero es siendo solo reconocidos por el Estado como organismos autónomos y así entregar títulos, dicho proceso tarda entre 6 y 9 años, plazo que se llama "licenciamiento". De manera voluntaria, las instituciones pueden optar a la acreditación por entre 2 y 7 años. Con el nuevo cuerpo legal, todas deben obligatoriamente ser autónomas y acreditadas. El desafío no es menor, toda vez que de las 146 instituciones de educación superior vigentes en Chile, 64 no están acreditadas (ver recuadro). El tema financiero, explican en el sector educacional, es algo que preocupa, y por el cual han tenido que cerrar, entre otras, la Universidad Iberoamericana, Arcis y Del Mar. Sin embargo, tanto autoridades como las mismas instituciones llaman a la calma a la hora de leer los estados financieros, ya que este tipo de instituciones se encuentran constantemente sometidas a inversiones para ampliar sus capacidades físicas o de oferta académica. Asimismo, las cuentas por cobrar siempre son abultadas, porque los alumnos pagan su mensualidad durante todo el período de la carrera e incluso, después de haberse titulado. Solo entre 2010 y 2018 han cerrado 35 instituciones de manera voluntaria, siete han sido forzadas a cerrar y tres no obtuvieron el certificado de autónomas para seguir operando. Con la entrada en vigencia de la nueva ley, y los costos propios que conlleva el proceso de acreditación, podrían ser varias otras las que cierren o decidan fusionarse. El jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, destaca que la mayoría de las instituciones de educación superior en Chile cuenta con una sana situación financiera, siendo gestionadas de manera responsable. "Nuestro sistema es uno de los mejores en la región y, lamentablemente, debido a algunos casos puntuales, a veces se tiende a cuestionar injustamente a toda la institucionalidad", recalca. Asimismo, considera que no es un problema generalizado. "Más del 90% de los jóvenes estudia en instituciones acreditadas, las que han obtenido dicha condición precisamente porque, entre otras razones, cuentan con una situación financiera razonablemente sana (...). La Superintendencia de Educación Superior, que entrará en vigencia en mayo de este año, es una institución que representará un importante avance en este sentido, pues contará con las herramientas legales que permitirán detectar a tiempo los eventuales problemas financieros de algunas instituciones". Los plazos del inicio de la obligación de acreditación a contar del 1 de enero de 2020 podrían flexibilizarse. "Tal como la ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunció el consejo asesor para la educación superior, compuesto por 17 rectores, en los próximos días enviaremos un proyecto de ley corta, cuyo objetivo es corregir los plazos de la entrada en vigencia de los nuevos criterios y estándares de acreditación, pues los plazos que la ley originalmente contempla hacen imposible su aplicación, para las instituciones cuya acreditación expira el año 2020 e incluso el 2021", agrega Vargas. En tanto, Paulina Hidalgo, de la Corporación de Universidades Privadas, explica que si bien no se puede generalizar que las universidades tengan problemas financieros y menos que estos harán insostenibles sus modelos educativos, algunos rectores han señalado que las instituciones adscritas a la gratuidad han experimentado una disminución de recursos. También se ha señalado que el proyecto de ley del llamado Fondo Solidario, que reemplaza al CAE, va a profundizar los problemas en las universidades con gratuidad y, peor aún, va a hacer que las entidades sin gratuidad también experimenten serias dificultades financieras, al recibir por concepto de aranceles menos ingresos que en la situación actual. Sobre el nuevo proceso de acreditación, aunque aún no conoce los detalles, dice Hidalgo, "no se puede desconocer que la forma concreta en que se medirá la calidad de las instituciones, la acreditación, incentiva al mayor gasto, por la alta ponderación que tradicionalmente se le da a la investigación y, dentro de ese concepto, a la publicación de papers en revistas indexadas, cuando en Chile el gasto en investigación sigue siendo insuficiente". Y remata diciendo que "lo que sí está claro es que el sistema seguirá ajustándose y que en este contexto algunas universidades podrían cerrar". Los casos de la SEK, UPV e IP Chile Analizando casos particulares, la Universidad Pedro de Valdivia, oficiada por el Ministerio por su "delicada situación financiera", responde que el balance del año 2018 aún no ha sido concluido; sin embargo, "mostrará un punto de inflexión importante, con una notoria mejoría en los principales indicadores económicos y financieros de la institución". Además, adelantándose a la obligación de acreditarse -hoy no lo está-, se presentará a la Comisión en abril de este año. La Universidad SEK respondió que está trabajando en el proceso de acreditación institucional y de las carreras de pedagogía, por lo que en marzo de este año presentarán el informe de autoevaluación y como pasos previos, han fortalecido su gobierno corporativo, introduciendo cambios en la junta directiva y en los estatutos de la universidad. "Adicionalmente, estamos trabajando en un ambicioso plan de mejoramiento del plantel docente, de nuestras áreas y programas de investigación y en infraestructura", respondieron. No fue posible contactar a las universidades La República y Bolivariana. Además de las universidades oficiadas por el Ministerio de Educación, también hay institutos profesionales que han sido indagados por el organismo. En el caso del IP Chile, luego que la Comisión Nacional de Acreditación redujera su acreditación de cuatro a dos años, envió antecedentes al ministerio sobre su modelo societario al pasar a corporación sin fin de lucro. "Imaginamos que lo requirió porque desconocía que dicho proceso ya había sido revisado y aprobado por el propio Ministerio de Educación en el año 2017", responde Anamari Martínez, prorrectora de IP Chile, al tiempo que recuerda que sus estados financieros están sanos y sin pasivos exigibles. La Ley obligaba a las instituciones a estar acreditadas el 2020. Gobierno estudia extender el plazo.
