viernes, 11 de enero de 2019
Economía y Negocios Online
El Mercurio de Valparaíso
Diversas reacciones provocó el recurso de ilegalidad presentado el 10 de diciembre pasado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso por la empresa Constructora Riviera Limitada, que busca revertir la caducidad de los permisos de edificación de su proyecto "Hotel Decameron Ritoque". Dichas autorizaciones fueron anuladas en febrero de 2018 por la Dirección de Obras Municipales.
La acción judicial está ingresada en contra del alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, quien emitió el Decreto Alcaldicio N° 3.335 de fecha 22 de noviembre de 2018, que valida la caducidad de los permisos de edificación N° 6 y N° 7 del año 2015, efectuada por el actual director de Obras (s) Francisco Jeldes, a orden de un dictamen de Contraloría, que detectó que la firma no inició obras en el plazo de tres años como estipula la ley.
El presidente de la Unión Comunal (Unco) de Juntas de Vecinos de Quintero, Roberto González, afirmó que la comunidad busca alentar un desarrollo sustentable y precisó que en estos casos los proyectos deben tener toda la documentación al día.
"Dentro del historial de la empresa durante el último tiempo, es difícil ponerse en una situación a favor o en contra. Nosotros queremos que cumplan con los permisos y la documentación correspondiente (...), queremos un desarrollo sustentable y que las dunas sean declaradas Santuario de la Naturaleza", aclaró González.
El presidente de la Comunidad Rocas de Ritoque, Jorge Narea, rechazó la acción del privado y dijo que "la caducidad de los permisos es correcta, ya que nunca se levantaron obras en el tiempo estipulado por la ley, agregando a esto que el proyecto no cumple con la regulación ambiental vigente".
Narea acotó que "tratar de reflotar permisos ya caducados y conseguidos sin cumplir con las regulaciones ambientales vigentes sólo demuestra el real interés del proyecto, de usufructuar los recursos naturales del entorno en desmedro del medio ambiente".
En tanto, Sara Charme, habitante del sector y quien ha acudido a las reuniones que realiza la empresa con la comunidad, precisó que "yo estoy de acuerdo con el proyecto, he ido a las reuniones. Cuando hubo una reunión no todos estaban de acuerdo y yo dije que no se tenía que pensar así. Esto es una ayuda a ellos mismos, se puede dar trabajo o cosas así".
Opuesto a esta idea de mayor empleabilidad fue el representante de la organización "Dunas de Ritoque" Andrés León, quien explicó que "estamos viendo con los abogados qué vamos a hacer. Pensamos ser parte (del recurso judicial), lo estamos estudiando. Acá hay un fallo de la Corte Suprema que declaró el dictamen de Contraloría como válido y se caducó el permiso".
En el recurso de ilegalidad, el abogado Arturo Fernandois, quien representa a la empresa, explica que existe ilegalidad en la caducidad de los permisos y pide que estos sean restituidos.
Solicita a la Corte declarar "el derecho a la indemnización total de los perjuicios sufridos por Constructora Riviera Limitada en razón de los actos ilegales recurridos en esta presentación" y de ser necesario, enviar los antecedentes al Ministerio Público.
En el recurso, que consta de 55 páginas, Fernandois explica que "la caducidad ilegalmente declarada" ha sido perjudicial para la empresa y representa un perjuicio de más de US$ 4 millones. Además, aclara, que el acto perjudica la tramitación ambiental del proyecto que finalmente fue rechazada en diciembre pasado. La obra no cuenta con Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Andrés Amenábar, gerente general de la Constructora Riviera, acotó que "demostraremos en tribunales que tenemos la razón y que nuestro proyecto cumple con todas las normas (...). Hemos sido atropellados, sin considerar los compromisos asumidos, y nos han hecho asumir todos los costos de las perdidas, además del tiempo invertido".
