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CRUCh advierte que 18 mil universitarios podrían verse afectados:

Rectores van a Contraloría para limitar alcances de la gratuidad en alumnos que se atrasen en titularse

viernes, 11 de enero de 2019

Mario Rojas y Javiera Herrera
Nacional
El Mercurio

Criticaron el fallo del Tribunal Constitucional y aseguraron que, con el requerimiento, "se agravó un problema social".



Molestos y desconcertados.

Así estaban ayer los rectores de las universidades tradicionales luego que el Tribunal Constitucional acogiera un requerimiento de 67 diputados oficialistas, impidiendo que usaran parte de los recursos del Fondo Solidario para paliar las mermas que les ha generado la gratuidad.

Según ellos, con el punto que se añadió en la Ley de Presupuestos -y que fue impugnado- "se estaba presentando una solución para paliar efectos gravísimos para nuestros estudiantes y sus familias", dijo Aldo Valle, vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh).

Añadió que "donde el Consejo estuvo por buscar una solución, lamentablemente, tanto parlamentarios de la coalición que concurrió con este requerimiento y el Gobierno alegando a favor, han estado por agravar un problema social".

Por lo mismo, adelantaron que recurrirán a la Contraloría para frenar una interpretación del Mineduc sobre a quienes se les aplican ciertos alcances de la ley de gratuidad.

Esta normativa establece que si un alumno se atrasa un año en obtener su título, las universidades deben costear el 50% del arancel, lo que a ellas les implicaría costos por $26 mil millones. Por lo mismo, los rectores quieren que la medida no sea retroactiva, y comience a aplicarse solo desde este año, que está en régimen la reforma, y no para los jóvenes que obtuvieron la gratuidad cuando esta se normaba a través de una glosa en la Ley de Presupuestos. "Hay alumnos que se incorporaron al beneficio de la gratuidad en 2016 y 2017, en virtud de unas glosas presupuestarias que no establecían que esos alumnos tendrían solo un beneficio temporal. Aquí hay una inconsistencia", dijo Aldo Valle. "Unos 18 mil estudiantes no tendrán la oportunidad de que las propias universidades concurran en su auxilio", aseguró el rector.

Y aseveró que "se radicaliza un problema, cuando lo que queríamos era evitar mayor conflictividad estudiantil durante 2019", puntualizó Valle.

Nuevo proyecto

Los rectores además sostuvieron que insistirán en la idea de usar parte de los recursos del Fondo Solidario para cubrir las mermas de la gratuidad. Pero esta vez pedirán al Gobierno que ingrese cambios a la ley de Fondo Solidario, para poder zanjar el problema.

"Si hay rectores que tienen críticas al diseño de la ley de gratuidad, las reformas las tienen que proponer en la ley que estableció la gratuidad", aseguró la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Y añadió que "si ellos tienen reparos a cómo se diseñó la ley en el Gobierno anterior, tienen que plantear las reformas de esa manera", añadió.

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