Estudio revela que organizaciones adelantan identificación de problemas en infancia no abordados por el Estado
miércoles, 09 de enero de 2019
A. Chaparro y E. Guzmán
Nacional
El Mercurio
Sin embargo, no contar con financiamiento constante "pone en riesgo la continuidad de sus programas" e impide "contratar o retener a personal con experiencia".
¿Contribuyen las organizaciones de la sociedad civil en la protección de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos? Un proyecto del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile y la Fundación Chile+Hoy -cuya presentación será este jueves- responde a esa y otras preguntas vinculadas con el papel que cumplen en esta materia. La conclusión: son un aporte y comenzaron antes que el propio Estado, pues la Sociedad Protectora de la Infancia fue creada en 1894. El estudio (que también aborda el rol de estas entidades respecto de las personas mayores) analizó la realidad de 19 organizaciones de este tipo (OSC), cuantitativa y cualitativamente, y entre los hallazgos de la investigación está, por ejemplo, que "se adelantan permanentemente a la identificación de problemáticas que no están siendo abordadas por las políticas públicas y cuentan con décadas de experiencia acumulada en el trabajo con niños". Y, consigna el informe, "complementan la cobertura de servicios sociales a lo largo de todo el país a través de la ejecución de programas del Estado". "También destacamos como importante de las organizaciones de la sociedad civil la innovación y la flexibilidad, que es una característica bien propia (de las OSC)", dice el director del Centro de Políticas Públicas UC y director del estudio, Ignacio Irarrázaval, quien además integró la Comisión Nacional por la Infancia convocada por el gobierno. El Estado, en cambio, "dado todas las restricciones que tiene desde el derecho público, tiene que proveer una solución estandarizada y rígida", explica Irarrázaval. Exigencias sí, pero con recursos La investigación se conoce cuando se retomó el debate en el Congreso de la ley corta con la que el Ejecutivo espera aumentar en un 25% la subvención a los organismos colaboradores de Sename (OCAS), que ya tuvo un traspié en la Cámara de Diputados. Y las propias organizaciones, en particular las que están ejecutando programas residenciales del Sename, indican que "el déficit presupuestario significa una carga importante para su trabajo. En ese sentido, varias de ellas destacan que 'las exigencias no se compadecen con los recursos entregados' y que se vive un estado crítico por la inestabilidad del financiamiento público", según el estudio. Irarrázaval afirma que nadie pretende que el Estado financie en un 100% la prestación, pero "lo que no puede pasar -y que es un poco lo que está sucediendo- es que el Estado exige, no financia y ni él mismo cumple sus propios estándares, eso es lo increíble". Sobre este aspecto económico, se reseña en el informe que las OSC advierten que "no contar con financiamiento constante pone en riesgo la continuidad de sus programas" y les impide "contratar o retener a personal con experiencia". Mientras que "existe una presión por profesionalizar sus servicios, la gestión y administración", sin perder la confianza de la ciudadanía y cercanía con la comunidad. El problema, advierte Irarrázaval, es que "el nivel del financiamiento que el Estado provee, no alcanza ni para un tercio del valor del modelo de intervención que han definido y eso es crítico". Con el aporte actual, no debiese aspirarse a "personal estable, con nivel de perfeccionamiento". El caso chileno El domingo, en una carta a este medio, la presidenta del Directorio de Fundación Mi Casa, Josefina Bilbao, recordaba que al menos en el caso chileno, hasta el siglo pasado no fue el Estado sino la sociedad civil la que se hizo cargo de las necesidades de los "niños desvalidos" y advertía que no resulta aconsejable legislar "con evidentes sesgos ideológicos y, al parecer, con el desconocimiento absoluto de la normativa que se pretende modificar". Indicaciones Ayer en la comisión especial para la infancia del Senado, se aprobaron las indicaciones consensuadas entre el Gobierno y la oposición a la ley corta que aumenta la subvención a las OCAS. Hoy continuará el debate sobre las que no hay acuerdo. ''Lo que no puede pasar y es lo que está sucediendo, es que el Estado exige, no financia y ni el mismo cumple sus propios estándares, si eso es lo increíble". IGNACIO IRARRÁZAVAL Director del Centro de Políticas Públicas UC y director del estudio 215 mil 452 niños fueron beneficiados por las organizaciones de la sociedad civil estudiadas por los investigadores que elaboraron este libro. Mil 369 programas pertenecían a la línea de Protección de Derechos a marzo de 2018. De ellos, 1.080 proyectos fueron adjudicados a 147 OSC. 54% del gasto residencial per cápita es cubierto por las organizaciones estudiadas, según los datos recopilados por este libro. 11 organismos colaboradores considerados en este estudio se adjudicaron 330 programas, de los cuales 67 corresponden a centros residenciales. 17 de las OSC estudiadas generan 3.710 empleos, en términos de jornadas completas equivalentes. "Las OSC complementan la cobertura de servicios sociales a lo largo de todo el país a través de la ejecución de programas del Estado que atienden a niños y personas mayores". EXTRACTO DEL INFORME
