lunes, 24 de diciembre de 2018
P.T.
El_Mercurio
Impacta RSE y la Fundación Paz Ciudadana fueron los organismos seleccionados para liderar estos mecanismos que entregan dividendos a quienes apuesten por proyectos sociales.
Tras varios meses de trabajo entre los ministerios de Economía -a través de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño- y de Desarrollo Social -por medio de la Subsecretaría de Evaluación Social-, los Contratos de Impacto Social (CIS) están llegando a buen puerto. Se trata de un mecanismo que ha tenido bastante éxito en países como Reino Unido y Holanda, a través del cual se llevan a cabo programas sociales en los que el Estado, gracias a acuerdos con un intermediario -que coordina la ejecución de un programa y levanta el capital necesario para la implementación-, paga a inversionistas por el logro de resultados sociales predefinidos. Así, una vez que el programa es ejecutado, se realiza una auditoría para comprobar que se cumplieron las metas y solo después de eso se entregan los recursos comprometidos, lo que permite al inversionista recuperar su inversión, más una tasa de retorno. El Ministerio de Economía realizó un llamado a diferentes ministerios y servicios para que levantaran problemáticas con potencial de ser implementadas a través de Contratos de Impacto Social por medio de una ficha de postulación para evaluar la prefactibilidad de implementación. Tras este proceso se tomó la decisión de licitar estudios de factibilidad para la implementación de dos de las cinco propuestas presentadas que cumplían con los requisitos, y al final fueron seleccionados el proyecto "Vivienda Primero", de la Subsecretaría de Servicios Sociales (adjudicado a Impacta RSE), y el programa para la disminución de reincidencia en jóvenes propuesto por el Sename (adjudicado a Fundación Paz Ciudadana). Ambos estudios comenzaron a ejecutarse durante el mes de diciembre, dando así luz verde a las primeras implementaciones de mecanismos de inversión social del Estado. "Los Contratos de Impacto Social representan una nueva forma de implementar soluciones innovadoras a problemas sociales complejos a través de cooperación público-privada. El sector público no puede ni debe trabajar de manera aislada para alcanzar las metas y necesita de las grandes ideas que provienen desde distintos sectores para mejorarles la calidad de vida a todos los habitantes: creemos firmemente en que Chile lo hacemos todos", comenta la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, quien añade que su cartera acompañará todo en todas las etapas de los Contratos de Impacto Social, desde la prefactibilidad hasta la implementación efectiva de estos mecanismos. Por su parte, el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero, afirma que con la implementación de este mecanismo el Ministerio de Economía busca promover un Estado innovador, que implementa soluciones en alianzas público-privadas, innovadoras y que también respondan a problemáticas sociales. "La implementación de los Contratos de Impacto Social va en línea con el objetivo del Presidente Sebastián Piñera de fortalecer el desarrollo de una cultura innovadora y emprendedora, así como promover un desarrollo integral, inclusivo y sustentable", agrega. Contratos en detalle En términos logísticos, cada uno de estos programas recibirá aproximadamente $35 millones, que son adjudicados por el Ministerio de Economía. Esa cartera también es la encargada de la licitación de estudios y de la coordinación de la implementación. Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social se encarga de la evaluación de cada una de las propuestas y seguimiento técnico, mientras que la Corfo de la entrega de recursos al final del programa. Asimismo, se definió un grupo directivo encargado de tomar decisiones a alto nivel, compuesto por el subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero; la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia; un representante de Corfo, y un representante del BID. En el caso del CIS para superación de la situación de calle, el programa busca abordar la falta de una vivienda estable, segura y adecuada, y los múltiples efectos que esto conlleva en la vida de las personas en situación de calle, las comunidades donde habitan y el conjunto de la sociedad. Así, el programa busca asegurar el derecho al bienestar a 100 personas, que viven hace al menos hace cinco años en situación de calle, a través de la mejora de su calidad de vida, integrándolas socialmente y ofreciéndoles oportunidades de desarrollo, educación y trabajo. Por su parte, el CIS para la disminución de la reincidencia delictiva juvenil, que estará liderado por Paz Ciudadana, aborda la reincidencia delictiva de los jóvenes que han cumplido sanciones privativas de libertad o de medio libre bajo el marco de La ley de Responsabilidad Penal Adolescente en Chile. Esta iniciativa busca ayudar a 500 jóvenes en proceso de egreso de sanciones de medio libre y privativas, de entre 14 y 24 años.
