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También se convocó a otras autoridades de Ues públicas y privadas:

Cubillos nombra a rectores de la PUC, U. de Chile y U. Adolfo Ibáñez en consejo asesor para cambios a reforma

domingo, 23 de diciembre de 2018

S. Quevedo y P. Miranda
Nacional
El Mercurio

Secretaria de Estado llamó y envió correos para citarlos a una reunión en La Moneda el próximo 7 de enero.



Las críticas a la reforma de la educación superior se han instalado desde que se estaba tramitando el proyecto en el Congreso, bajo la administración de la expresidenta Michelle Bachelet, y luego del 29 de mayo, cuando se promulgó la ley, que incluye la gratuidad en las instituciones de educación superior.

En este contexto, marcada por solicitudes de diversos actores para cambiar la ley, el jueves de la semana pasada la ministra de Educación, Marcela Cubillos, invitó a rectores de universidades públicas y privadas a una reunión a La Moneda para tratar el tema.

Luego del encuentro, Cubillos anunció la creación de un comité asesor para estudiar cambios a esta ley.

Durante los últimos días, la ministra se ha contactado personalmente o ha enviado correos electrónicos a los rectores de universidades o institutos profesionales que fueron convocados al consejo asesor.

El e-mail enviado por Cubillos señala que el primer encuentro se realizará el lunes 7 de enero, al mediodía, en La Moneda. "Se espera que la duración de la sesión sea de aproximadamente una hora y media", indica el texto.

La mesa de trabajo tiene por objetivo abordar tres grandes áreas: cómo compatibilizar el nuevo sistema de financiamiento con las necesidades que tienen las instituciones; cómo equilibrar la autonomía que demandan las casas de estudio con el mayor control que ejercerán la superintendencia y la subsecretaría, y cómo avanzar en una mayor equidad de género.

Uno de los convocados al consejo fue Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, quien agradeció la invitación y afirmó que la creación de esta instancia "es el reconocimiento de que esta ley requiere una renovación", y agregó que la legislación tiene "aspectos que son complejos y negativos para el sistema de educación superior, fundamentalmente en la autonomía, organización y financiamiento".

Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, aseguró que se incorporará "con mucho entusiasmo" al consejo. Añadió que "es necesario tener una visión global y sistémica, y no solamente que esto es lo que yo quiero para mí".

El rector Álvaro Rojas, de la Universidad de Talca, será otro de los integrantes. "No quiero adelantarme a los planteamientos", dice. Asegura, sin embargo, que va "con la mejor disposición a trabajar en esto".

Propuestas

De acuerdo al correo enviado a las autoridades, en la primera sesión tratarán la instalación de la Superintendencia de Educación Superior. Se espera, además, que el financiamiento y las brechas que ha generado la gratuidad sean abordados, tal como lo explica otro de los convocados, Aldo Valle, rector de la U. de Valparaíso y vicepresidente del Consejo de Rectores.

"Incluimos propuestas de rectificación en materia de transición de las normas sobre aseguramiento de la calidad y de financiamiento, donde será indispensable introducir cambios", afirma Valle.

El rector de la U. Adolfo Ibáñez, Harald Beyer, también participará del consejo asesor: ve la instancia como "una invitación a pensar" y es crítico con el diseño de la ley: "Creo que existe una insatisfacción relativamente extendida con la nueva ley de educación superior: una sensación de que más que ser un apoyo al desarrollo del sistema de educación superior de calidad es un obstáculo".

El comité espera reflejar a todas las comunidades de educación superior, por lo que también habrá rectores del mundo de los institutos técnico-profesionales, como el rector del Duoc UC, Ricardo Paredes, quien aclara que no es "un representante de alguien, pero sin duda que mi sensibilidad y preocupación están por el lado del mundo técnico-profesional".

El rector interino de Inacap, Luis Prieto, también llegará hasta la cita el 7 de enero. "Es una instancia de política pública que creemos que será favorable para relevar la importancia que tiene la educación técnico-profesional", plantea.

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