La PDI hace su mayor inversión de dos décadas en un resiliente Laboratorio de Criminalística
miércoles, 12 de diciembre de 2018
IVÁN MARTINIC
Nacional
El Mercurio
Arrasado por un incendio en 2005 y destruido por el terremoto de 2010, el futuro Lacrim será clave en una mejor búsqueda de pruebas científicas para resolver delitos.
"Tenemos la certeza de que no hay crimen perfecto. Tarde o temprano se descubre al autor", dice el jefe del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI, prefecto Eduardo Ullivarri, mientras mira de reojo una excavación de 15 mil metros cuadrados (casi dos canchas de fútbol) en el parque industrial Enea, en Pudahuel. Allí se construye el edificio de siete pisos que desde agosto de 2020 reunirá a los más de 200 peritos que día a día buscan pruebas científicas para resolver los delitos que se cometen en el país. Con una inversión de US$ 52 millones -la mayor de la PDI desde que en 1999 se abriera la Escuela de Investigaciones Policiales en Maipú-, el laboratorio será "un referente para Latinoamérica, ya no vamos a tener que mirar a otros países", asegura el director general de la PDI, Héctor Espinosa. Fundado hace 83 años, el laboratorio ha vivido un tortuoso tránsito en los últimos 13. En 2005, un incendio lo arrasó por completo en el cuartel de General Mackenna, lo que obligó a trasladarlo a Renca. En 2010, el terremoto del 27-F lo volvió a inhabilitar, y los peritos tuvieron que mudarse de nuevo, a La Reina. Ahora, por primera vez tendrá un edificio especialmente dedicado a su quehacer, que incluye 16 especialidades y 192 servicios periciales certificados. En un día promedio, su personal asiste a 21 sitios del suceso, recibe 52 pedidos, elabora 45 informes, realiza 4 mil pericias científicas y participa en cuatro juicios orales. Uno de ellos, el perito Francisco Torres, jefe de la sección de Microanálisis, recuerda cómo pudieron resolver la profanación del Cristo de la iglesia de la Gratitud Nacional, en 2016. Como parte del caso, era necesario analizar la figura de 2,5 metros de altura para establecer su data y, por ende, su valor patrimonial. Pero como era imposible extraer muestras físicas sin destruirla, se recurrió a un difractómetro de rayos X -el primer equipo nuclear para análisis forense que llegó a Chile- para estudiar trazas del yeso y de los pigmentos de las pinturas usadas en su elaboración, lo que permitió acreditar su origen. ¿Resultado? Un joven de 18 años, reconocido además por las grabaciones de cámaras de seguridad del sector, fue condenado como autor de los delitos de daño a monumento nacional y ultraje a objeto de culto. Johnny Carrasco, alcalde de Pudahuel, lo resume así: "(El laboratorio) permitirá que los tribunales tomen mejores decisiones y hagamos de Chile no solo un país más seguro, sino más justo".
Por un convenio con el Registro Civil, la PDI tiene acceso a las huellas dactilares de los 17 millones de chilenos.
