lunes, 03 de diciembre de 2018
Economía y Negocios Online
ValorFuturo
Ejecutivos de Banco de Chile, liderados por su gerente general Eduardo Ebensperger, llegaron hasta el Ministerio de Obras Públicas (MOP) el pasado 13 de noviembre, para abordar las consecuencias para los financistas que tendrá la empresa estatal Fondo de Infraestructura SA (Foinsa), entidad que fue concebida en el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (2014-2018).
Según el registro de audiencias de la plataforma de la `Ley del Lobby`, los representantes de la entidad financiera se reunieron por una hora con el titular de la cartera, Juan Andrés Fontaine, para el "análisis de efectos que tiene para los financistas de proyectos de concesiones, la nueva Ley de fondo de Infraestructuras (Ley N° 21082, publicado en el diario oficial el 21/03/2018)".
Esto en el contexto de que existen muchas dudas y preocupación en la industria respecto al nuevo marco legal.
De hecho, el pasado 22 de noviembre Fontaine apuntó a ValorFuturo que esas interrogantes "se han planteado en diversos foros respecto de algunos aspectos de la ley y que se nos han han hecho llegar. Estos planteamientos han sido hechos por la industria de las concesiones, por instituciones preocupadas por la infraestructura del país, gremios, por el sector financiero, etc, y las estamos revisando".
En esa oportunidad, especificó que las principales incógnitas tienen que ver con la naturaleza jurídica de los activos del Foinsa, al grado de certeza que puede presentarles a las contrapartes de los contratos que el Foinsa suscriba y a la calidad que pueden tener las concesiones frente a sus financistas en cuanto prendas.
Subrayó también que uno de los elementos que está en evaluación es si en el perfeccionamiento se ocupará la vía legal.
"Mientras antes lo resolvamos, mejor, pero no es algo que consideremos urgente", comentó.
Cabe recordar que el Foinsa es controlado en un 99% por el Fisco de Chile y en un 1% por la estatal Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).
Su creación responde a la Ley 21.082, la cual entró en vigor el 24 de marzo de 2018. Con fecha 25 se septiembre de este año, en tanto, se suscribió la escritura pública que contiene los estatutos del mismo.
Pendiente aún se encuentra la designación de sus cinco directores, tres de los cuales están siendo elegidos a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
