A comienzos de 2016, Gendarmería denunció un masivo cobro de asignaciones profesionales indebidas. La institución estaba entonces en el centro de la polémica, luego de descubrirse las millonarias pensiones pagadas a ex funcionarios penitenciarios, y decidió informar la posible irregularidad al Ministerio Público. El 4° Tribunal Oral de Santiago condenó este miércoles a los dirigentes gremiales del servicio Juan Yáñez Guerrero (hoy destituido), Leandro Tegler Aguilera, Rodrigo Luna Luna (Anopro) y Álex Catalán Menares (hoy de Agetpro). Todos por estafa. Según los antecedentes reunidos en la causa, casi 300 funcionarios presentaron certificaciones o títulos profesionales entre 2012 y 2015, que aparentemente habrían sido emitidos por las universidades La República, Sek y el Instituto Valle Central, en sus sedes de Santiago y Talca, los que resultaron ser falsos. El timbraje y suscripción de estos certificados lo realizó el empresario educacional Patricio Silva Espinoza, representante legal de la Sociedad Jorquera y Compañía Limitada (Siljor), también condenado, aunque por estafa y falsificación de instrumento privado. Silva actuó concertado con Yáñez, Tegler, Luna y Catalán, quienes promovieron en 2012 los planes de estudios entre los funcionarios, mediante la asociación gremial Angenchi. "A quienes cursaron programas en La República les cobraron $100.000 por matrícula y de $110.000 por mensualidad", reseña el veredicto.
El servicio penitenciario estima el perjuicio fiscal en alrededor de $18 millones.