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Llaman a un consenso para la tramitación de una ley corta para 2019:

Rectores piden que recursos del fondo solidario se usen para paliar brechas de gratuidad

viernes, 16 de noviembre de 2018

Javiera Herrera y Sandra Quevedo
Nacional
El Mercurio

Dichos montos solo se pueden ocupar para nuevos préstamos estudiantiles. Mineduc insiste en que los planteles conocían las condiciones de la política al adscribir a esta.



Son pocas las instancias en que las universidades -públicas y privadas- se pueden reunir. Ayer fue una de ellas: convocados por Universia, 39 representantes llegaron a Valparaíso para analizar las instituciones que se están creando ahora que la reforma a la educación superior es ley.

También discutieron sobre financiamiento y este tema fue el que más tiempo les tomó. De hecho, es el que más ha preocupado a los rectores los últimos días, no solo por la votación del erario, sino porque el martes el Consejo de Rectores (CRUCh) concluyó un estudio sobre los déficits que tendrían producto de la gratuidad.

El vicepresidente de esa instancia, Aldo Valle, y la secretaria ejecutiva María Elena González explican que se analizaron tres situaciones. La primera es que a partir del próximo año deberán cubrir el 50% de los aranceles de sus 18.125 beneficiados que no se titularon a tiempo. Además, anticiparon una posible situación de conflicto, ante los 5.283 alumnos que van a perder sus becas y tendrán que pagar todo el arancel -y no tendrán el mismo trato que quienes perdieron la gratuidad-. Y finalmente, sumaron los costos que les implicó que 4 mil jóvenes con el beneficio congelaran este año.

Así, según detallan las autoridades, esto les dejaría -entre fines de este año y todo 2019- menores ingresos por $43.815 mil millones.

Cambio en la ley

"Como entendemos que existen restricciones de recursos fiscales, hemos dicho que hay una posibilidad para que, al menos todas las universidades que cuentan con recursos del Fondo Solidario puedan, el 2019, compensar el menor ingreso que van a tener", dice Valle, rector de la U. de Valparaíso.

Explica que la idea es "capitalizar los recursos que se van recuperando" del ex crédito fiscal -por el pago de exbeneficiarios-, de modo que sean ocupados en los nuevos déficits. "Permite hacer un mejor uso y asignación de recursos existente en el sistema", afirma.

Valle detalla que esto implicaría una modificación a la ley del crédito del Fondo Solidario, a través de una ley corta o miscelánea, pues la norma establece que lo único que se puede hacer con esas recuperaciones es otorgar más préstamos.

Para eso, los rectores enviaron una carta a los parlamentarios de la comisión de presupuestos y al jefe de educación superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas. "Llamamos a que haya un consenso razonable entre el Gobierno y oposición para que contribuyamos todos a resolver un problema que desde luego no crearon las universidades, sino que la política de gratuidad", puntualiza Valle.

Con todo, Vargas plantea que "la ley (de educación superior) fue conocida y aprobada por amplia mayoría en el Congreso. Lo que nosotros hemos dicho desde un principio es que nuestro rol es implementar de la mejor manera posible y en eso estamos abocados".

Otras modificaciones

El rector de la UC de Temuco, Aliro Bórquez, comenta que el cambio en el uso del Fondo Solidario "puede ser muy importante para las universidades que tienen un fondo grande, pero para aquellos que tenemos un fondo más chico nos puede resolver uno o dos años". Por lo mismo, propone un cambio en la reforma y la gratuidad debería financiar la duración formal de la carrera más un año adicional.

"Hay un consenso que no podemos trabajar con la restricción de que el financiamiento es solo por lo que dura formalmente la carrera (...). En eso hay un consenso completo que va a producir un daño económico de gran magnitud a todas las instituciones", asevera el rector de la UC, Ignacio Sánchez.

Rebaja
El Mineduc amplió el plazo para completar el formulario de ayudas estudiantiles: quienes no tengan gratuidad pueden optar a la rebaja de aranceles.

"Es una solución de transición que es muy razonable porque no importa gravar el presupuesto y se logra una asignación más eficiente de los recursos que hay en el sistema".
ALDO VALLE
Vicepresidente Consejo de Rectores

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