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Por aprobación condicionada de acuerdos comerciales:

Latam analiza contrarreloj el fallo del TDLC y evalúa ir a la Corte Suprema

viernes, 02 de noviembre de 2018

Claudia Ramírez Friderichsen
Economía y Negocios
El Mercurio

La aerolínea tiene 10 días para recurrir al máximo tribunal. La decisión pasa por un estudio en profundidad de las nueve condiciones que puso el organismo de la competencia.



Durante las festividades y los feriados, el equipo ejecutivo, técnico y legal del grupo Latam Airlines no ha parado. Estudian en profundidad la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que aprueba, pero con condiciones, los dos acuerdos comerciales o joint business agreement (JBA) que suscribió la aerolínea controlada por la familia Cueto con American Airlines e IAG, al que pertenecen British Airways e Iberia. Con su decisión, el organismo de la competencia puso fin a un proceso de consulta, al menos en ese tribunal, que se inició en agosto de 2016 en Chile por una consulta formulada por la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet).

Y es que a partir de este pronunciamiento, dado a conocer el miércoles 31 de octubre, tanto la aerolínea como los otros actores implicados en el caso tienen 10 días hábiles para recurrir con un recurso de reclamación a la Corte Suprema. Una opción que está sobre la mesa de Latam, pues, a priori , las nueve condiciones impuestas por el organismo de la competencia son vistas en el seno de la compañía como "duras y agresivas". También lo comparan con lo ocurrido en otros organismos reguladores en Brasil, Colombia y Uruguay, donde los acuerdos comerciales fueron aprobados prácticamente sin exigir mitigaciones.

Por ello estudian si su cumplimiento vuelve demasiado onerosos los acuerdos comerciales, lo que podría llevarlos hasta el máximo tribunal.

Por ahora, los equipos trabajan para entender e interpretar el documento, especialmente las nueve mitigaciones, con miras a llegar al lunes a una reunión de consulta con el TDLC, instancia para aclarar dudas de interpretación sobre el documento de 116 páginas.

¿Cuál será el rol del consultor?

Aunque la mayoría de las medidas de mitigación habían sido propuestas por la propia compañía ante el tribunal, hay algunas que inquietan especialmente. Una de ellas es la octava condición, que exige designar a un consultor para la fiscalización de las condiciones. "Aquí, la duda es quién será ese consultor y qué atribuciones tendrá, porque no puede interferir en el negocio", indican fuentes de la compañía.

En su resolución, el TDLC indica que el consultor, que será aprobado por la FNE, debe ser independiente de cualquiera de las partes y de cualquier otra compañía que forme parte de sus grupos empresariales. Y que en un plazo de 10 días de implementado cualquier JBA, deben presentarse ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) tres nombres de personas o entidades que consideren adecuadas para ser consultor. También está en análisis la cuarta condición, de no cobrar precios implícitos negativos en rutas indirectas que tengan como tramo troncal vuelos Santiago-Miami y Santiago-Madrid. Una interpretación de esta condición es que, por ejemplo, la ruta Santiago-Miami no termine subsidiando una eventual conexión a Boston, donde se cobren tarifas negativas o a pérdida. La medida es vista al interior de la aerolínea, y en una primera revisión, como difícil de determinar y medir.

Traducción al inglés

El resto de las medidas que impuso el TDLC también están en estudio: establecer una fórmula de reparto de ingresos; mantener la capacidad ofrecida en las rutas directas Santiago-Miami y Santiago- Madrid; aumentar la capacidad ofrecida en las rutas Norteamérica y Europa; ofrecer acuerdos de combinación de tarifas, de programa de pasajero frecuente y de prorrateo especial a nuevos entrantes en dichas rutas, y consultar al TDLC seis meses antes de que cualquiera de los acuerdos cumpla cinco años de vigencia.

Por estos días, el escrito del TDLC se está traduciendo al inglés para los eventuales socios American Airlines e IAG, por lo que las conversaciones "post fallo" entre los máximos ejecutivos de cada compañía han sido solo informales.

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