martes, 19 de agosto de 2008
Pablo Obregón Castro
Economía y Negocios Online, El Mercurio
Pese a que el modelo se diseñó precisamente para renovar los cuadros directivos del Estado, el 86% de los directivos seleccionados ya trabajaba en la administración pública.
Guillermo Rolando tiene vocación de servicio público, gestionó programas contra la pobreza en varios países de América Latina, estudió políticas públicas en Harvard y, hace un año y medio, postuló a un cargo que aparentemente daba con su perfil: director nacional del Fosis.
Vino dos veces a Chile especialmente para enfrentar las entrevistas de rigor, pasó los filtros que le impuso la firma Deloitte y obtuvo la venia del Consejo de Alta Dirección Pública. Al tiempo, se enteró que, en esa oportunidad, el concurso había sido declarado desierto, sin que hubiera expresión de causa.
En 2006, un alto ejecutivo de una AFP postuló al cargo de director nacional del INP. También había estudiado en Estados Unidos y quedó en la terna final. Se enteró por la prensa que el elegido era el ex subgerente de Sercotec, Rafael del Campo y, tres meses después, recibió una carta de felicitaciones por haber participado.
"Ese fue el primer concurso que hizo el Servicio Civil. Nadie me llamó ni siquiera para decirme qué había pasado después de cuatro meses de proceso. Yo no participo más de esto", asegura.
Con todo, esta situación no es tan excepcional como se cree. A la luz de éste y otros casos, no sólo los bajos salarios que ofrece el Estado explican que haya servicios públicos con eternos subrogantes y concursos que se declaran desiertos hasta cinco veces consecutivas.
Aunque el Sistema de Alta Dirección Pública se diseñó para renovar los cuadros directivos del Estado, sólo el 14% de los nombrados provienen del sector privado y el 86% provenía de la administración pública. Lo bueno es que el 61% de los nombrados no eran titulares del cargo.
Buen modelo
Algunos de los profesionales que han pasado por el proceso lo confirman: el modelo es correcto y transparente, el trabajo del Servicio Civil es impecable, pero las cosas se entrampan y se tornan nebulosas cuando entran a tallar consideraciones políticas.
Uno de los aspectos menos conocidos del sistema de ADP es que las decisiones finales no las adoptan ni los 26 head hunters que trabajan para el Estado ni el Consejo pluralista que preside Rossana Pérez y que, además, integran Rossana Costa, María Luisa Brahm, Mario Waissbluth y Rafael Blanco.
Una vez que los candidatos ya han pasado por el filtro de las firmas consultoras y que han obtenido una suerte de certificación de idoneidad técnica por parte del Consejo, es el Poder Ejecutivo quien toma la decisión final. Y en el caso de los directivos de primera línea, es la propia Presidencia la que decide.
Lo anterior explica que las autoridades del gobierno central hayan declarado desiertos 47 concursos públicos, aun cuando en cada uno de esos casos el Consejo de Alta Dirección presentó las ternas con los candidatos que daban con el perfil técnico que los cargos exigían.
Aunque esos casos representan sólo el 10% de los concursos desiertos (151 en total) tienen connotaciones llamativas: el Estado paga por los servicios de selección y búsqueda tal como lo haría cualquier empresa del mundo privado, pero la tasa de fracaso de los procesos de búsqueda es del doble.
El Estado paga a la firma que hace el trabajo una tarifa equivalente al 20% de la renta anual que recibiría el profesional seleccionado (2,5 sueldos). Para Guillermo Rolando, "el trabajo de la firma que se encargó de las entrevistas psicológicas y de capacidad de gestión fue impecable. Lo mismo puedo decir del Consejo de Alta Dirección Pública.
Ellos hacen un trabajo muy profesional, pero independientemente de lo bien diseñado que esté el proceso, el no pertenecer a las estructuras partidistas es una barrera para trabajar en el gobierno".
Otro servicio que, en algún minuto, generó dudas fue el INP. El proceso de búsqueda para conformar la nueva estructura del Instituto de Previsión Social se encuentra congelado, lo que para algunos revela que el Estado no cree que un profesional elegido por el SADP pueda implementar una reforma de esas características.
Validar procesos
Entre las firmas de head hunters existen opiniones encontradas a la hora de evaluar el funcionamiento del modelo.
Mientras algunos creen que el Estado no está convencido de que un profesional que no comparte su proyecto político pueda asumir en algunos servicios, otros siguen creyendo en sus virtudes.
El socio de la firma HK Human Capital, Christian Storaker (esta firma está en la búsqueda de los nuevos directivos del Registro Civil) está convencido de que algunas de las vicisitudes que exhibe el sistema también se presentan en el mundo privado.
"En las empresas, también sucede que uno llega al final del proceso y el directorio dice que no le gusta ninguno de los candidatos. Aquí se atribuye una connotación política porque es la autoridad la que nombra", declara Storaker.
Con todo, la tasa de concursos desiertos de la Alta Dirección Pública dobla a la existente en el mundo privado.
"No sabemos por qué se rechazan (...) la Presidenta no tiene que explicar sus decisiones. A nosotros no nos ha pasado, pero a lo mejor en algunos casos se quería una mujer y no había mujeres en la terna. No sabemos".¿Qué dicen las cifras? Que a pesar de la baja tasa de postulaciones de mujeres (23% del total), un tercio de los nombramientos recaen en ellas.
¿Cómo es el proceso de selección?
Uno de los headhunters que están entre los 26 que trabajan para el Estado explica cómo se aplica el modelo y el porqué de sus sesgos.
"El mecanismo funciona al revés de lo que muchos creen. El Servicio Civil es responsable de publicar los avisos con el perfil requerido; ellos filtran y mandan a una empresa de headhunters entre 20 y 40 currículos. Acá lo que hacemos es aplicar las entrevistas y pedir referencias. Con esto, los headhunters califican a los postulantes de idóneo, idóneo con observaciones y no idóneo. Eso se manda de vuelta y pasa al Consejo de Alta Dirección Pública, que es el encargado de hacer la terna o la quina final que se presenta al Ejecutivo".
