Iquique, Santiago y Nueva Imperial, entre las comunas con primeras oficinas de niñez
lunes, 29 de octubre de 2018
Valentina González
Nacional
El Mercurio
Equipos estarán conformados por un coordinador y psicólogos expertos en terapia familiar. Se espera beneficiar a unas 5.500 familias al año.
"Para nadie es fácil ser papá y todos podemos necesitar en algún minuto una ayuda o consejo", dice la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown. Esa mirada está al centro del espíritu de las futuras Oficinas Locales de Niñez, que tendrán la tarea de promover, en cada comuna, los derechos de los niños y adolescentes y apoyar a las familias para convertirse en factores de protección, y no de riesgo. El próximo año comenzará el piloto con las primeras doce a lo largo del país y en cinco años el Ministerio de Desarrollo Social espera tenerlas en cada comuna. Las primeras estarán en Iquique, La Serena, San Felipe, Colina, Santiago, La Florida, Requínoa, Cauquenes, Quillón, Concepción, Nueva Imperial y Aysén. Entre otras tareas, las oficinas recibirán las alarmas cada vez que se active la Alerta Niñez, instrumento que desarrolla la Subsecretaría de Evaluación Social para identificar a niños con alto riesgo de ser vulnerados. Cuando se encienda la alerta (ver infografía), el personal de la oficina deberá acudir a constatar el caso y tomar las acciones correspondientes, dependiendo de si el menor ya está siendo vulnerado o aún se puede prevenir. El debut Para elegir a las comunas del piloto, la subsecretaría contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se buscó incluir una heterogeneidad de realidades, con diversidad socioeconómica y algún tipo de estructura municipal en torno a la niñez. El piloto de dos años -que tendrá un costo de $1.600 millones- incluye la transferencia de recursos a los municipios y considera equipos liderados por coordinadores e integrados por entre 4 y 8 psicólogos con experiencia en terapia familiar. El Programa de Acompañamiento Preventivo de Niñez contempla ocho sesiones individuales (para la familia) y cuatro grupales (en la comunidad), a lo largo de cuatro meses. Se proyecta que anualmente se beneficiaría a unas 5.500 familias. Debido a la diversidad de las comunas, Bown recalca que buscan adaptar las acciones a cada zona, respetando factores culturales ligados, por ejemplo, a comunidades migrantes y pueblos originarios. "Por ejemplo, cuando se detecta que en algunas comunidades un niño a los 15 años deserta del colegio porque va a formarse para ser machi, poder adaptar la oferta educacional para no tener que sacar al niño de la educación formal", explica. Rescatar lo positivo Las oficinas no necesariamente estarán ubicadas en los municipios. Algunos de los alcaldes, por ejemplo, piensan en sedes vecinales como los lugares más indicados, mientras que la subsecretaria destaca que esperan convertirlas en un lugar de encuentro "donde los niños y adultos se sientan cómodos". En las intervenciones, también se procurará plantear un foco positivo. "Los programas pretenden dejar capacidades instaladas en las familias, no intervenirlas para siempre", precisa la subsecretaria. El alcalde de Requínoa, Antonio Silva (independiente), manifiesta toda su disposición para ser parte del piloto: "Tengo una mirada política distinta al Gobierno, pero accedo con toda la disposición porque esto está enfocado a la comunidad. Estamos contentos de ser considerados". Asegura que en esa localidad existe la necesidad de reforzar la oferta en materia de niñez, a pesar de que ya tienen una Oficina de Protección de Derechos (OPD) "muy concurrida".
