Los funcionarios municipales de Huechuraba llevan más de ocho años trabajando repartidos en diferentes dependencias, algunos incluso en oficinas de emergencia en contenedores. El edificio consistorial fue demolido -en marzo de 2010- por los daños que le provocó el terremoto del 27-F. En mayo de 2019, cuando ya hayan pasado más de nueve años desde la demolición, un nuevo edificio será inaugurado en el mismo terreno. Eso sí, esta vez tendrá un concepto de eficiencia energética, en especial en su fachada -que será verde y con especial diseño para el ingreso de luz natural-, lo cual ayudará a disminuir costos de mantención y climatización, según el municipio. El edificio cumplirá con la norma de accesibilidad universal, con ascensores en sus tres niveles y una "ruta accesible". Esto le permitiría obtener el sello inclusivo, otorgado por el Servicio Nacional de la Discapacidad. La construcción fue posible gracias al programa "Fondo de Recuperación de Ciudades", con el que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) financia iniciativas en zonas afectadas por el terremoto. Huechuraba recibió más de $6 mil millones para la nueva edificación. La obra gruesa ya está lista y solo faltan las terminaciones, por lo que el municipio estima que tiene 50% de avance. El alcalde Carlos Cuadrado destaca que las nuevas dependencias aumentarán considerablemente el espacio que tienen ahora, principalmente en el nuevo salón del concejo, que también cuenta con nuevas oficinas y salas de reuniones. La iniciativa ha estado marcada por la investigación que llevó a cabo la Contraloría. El ente contralor propuso sancionar al alcalde Cuadrado y a otros siete funcionarios municipales, luego de objetar que el presupuesto excediera el monto autorizado. En un principio, la obra se había proyectado en la plaza cívica de la comuna, y la municipalidad planteó la necesidad de reubicarlo en el paño donde se construye actualmente. Esto fue rechazado por la Subdere. La Contraloría detectó que el municipio, pese a la negativa, modificó el contrato imputando los gastos adicionales al presupuesto de la subsecretaría y, además, lo hizo antes de tener la aprobación del concejo. El organismo de control determinó que se infringieron principios de eficiencia y eficacia al destinar recursos fiscales a una iniciativa que incluía modificaciones respecto de la autorizada originalmente. "¿Dónde hay pérdida de recursos o falta a la probidad?", se cuestiona hoy Cuadrado al recorrer la construcción, y agrega que gracias al acuerdo con la inmobiliaria evitó que el municipio fuera demandado por más de $2 mil millones. "Era una demanda que íbamos a perder porque las obras estuvieron detenidas cuatro años", agrega el edil. La Subdere sigue financiando la construcción y ya ha traspasado al municipio $3.600 millones de un total de $6.065 millones de presupuesto.
Con capacidad para 270 funcionarios, el inmueble concentrará todos los servicios municipales.