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Estudio de impacto de Fundación Paz Ciudadana:

Tribunales de Drogas permiten disminuir en casi 30% la reincidencia en infractores de ley

domingo, 07 de octubre de 2018

Daniel Inostroza G.
Nacional
El Mercurio

Iniciativa creada en 2004 como un plan piloto por la Corte Suprema muestra positivos resultados. El desafío es ampliar su cobertura. El ministro de Justicia anunció que presentará un proyecto al Congreso para convertirlos en ley.



La implementación de los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) se remonta a una iniciativa piloto de la Corte Suprema en 2004, para contribuir a la reinserción de infractores de ley con consumo problemático de drogas, mediante el mejoramiento de la capacidad del sistema penal de abordar la reincidencia. Actualmente pueden acceder todos los imputados por delitos que presentan consumo problemático comprobado de drogas y que cumplan con los requisitos para obtener una suspensión condicional del procedimiento, con irreprochable conducta anterior y que la pena del ilícito no supere los tres años. Además, deben aceptar someterse a un programa especializado de rehabilitación del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

La Fundación Paz Ciudadana ha trabajado, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, en una evaluación del impacto en la disminución de la reincidencia delictual en quienes han accedido al programa TTD.

Resultados

El estudio concluye que el grupo de usuarios que participaron en el programa TTD entre 2009 y 2013 reincidieron cerca de un 30% menos que un grupo de usuarios con los que los compararon en el mismo período de tiempo, de similares características y que no participaron del programa. Esto evidencia una caída de 8,6 puntos porcentuales, donde el grupo de control sin intervención presenta una reincidencia de 29,6% y el grupo con intervención llega a una reincidencia de 21%.

Para el director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, esta evaluación es fundamental, porque permite dar cuenta del nivel de efectividad del programa y es un respaldo para poder convertirlo en una política pública. "El desafío ahora es masificarlo. Hay que crecer en el número de personas que podrían beneficiarse con este programa, y para eso tiene que existir una ley que permita que los TTD no solo funcionen en la suspensión condicional del procedimiento", para poder ingresar a imputados por delitos más graves, ampliando su cobertura a una población más compleja, comenta.

Para el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, los resultados del programa son "extraordinarios", pese a que, comenta, no es un universo muy grande de imputados los que tienen un consumo problemático de drogas y que cometen delitos los que ingresan al programa, "por razones obvias, porque en este minuto utilizamos ciertos mecanismos procesales, pero no tenemos la masividad que necesitamos". Acota que "todas las instituciones que están involucradas en su implementación están convencidas y comprometidas con el fortalecimiento del programa, porque presenta una posibilidad de revertir cierto espiral delictual que se da con la reincidencia criminal".

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, anunció la semana pasada que en 2019 presentará un proyecto para garantizar el acceso a estos programas a toda la población penal que lo solicite, cumpliendo ciertos requisitos, lo que fue valorado por la comunidad.

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