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Tensión en el Poder Judicial: Las actas de la Asociación de Magistrados sobre convenios y donaciones de empresas

domingo, 07 de octubre de 2018

Andrés López
El_Mercurio

Jueces advierten potencial conflicto de interés y perjuicio en agenda de transparencia. Los fondos entregados por compañías a la asociación por el encuentro de la Unión Internacional de Magistrados, realizado en Chile en 2017, desataron en las últimas semanas un duro debate entre algunos jueces.

Todo partió en la Asamblea de la Convención Nacional de Magistrados del Poder Judicial (ANM), realizada en Iquique en octubre de 2016. Durante la conversación, entre los diversos temas gremiales abordados hubo uno que traería un inesperado conflicto entre los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados.

En la reunión se esbozó por primera vez que la Unión Internacional de Magistrados (UIM) había elegido a Chile como sede de su encuentro anual. La situación implicaba preparar un plan para financiar esta actividad, que, de acuerdo al gremio, generaría una buena imagen internacional.

Llegó noviembre de 2017 y los cerca de 300 magistrados de diversos países del mundo arribaron a Chile. Los organizadores quedaron satisfechos: En el encuentro expusieron seis jueces venezolanos asilados y se trataron temas de primera línea de la agenda, como la independencia judicial, las cargas de trabajo y el uso de tecnología en el ámbito civil.

La situación dio un vuelco los primeros días de septiembre de este año. Un correo electrónico dirigido al directorio de la asociación preocupó a los magistrados. Se trataba de una consulta de la magistrada del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Díaz-Muñoz, sobre la forma en que se financió esta actividad: "Esperando que se encuentren bien y a sugerencia de Álvaro Flores (presidente de la asociación), quisiera por favor que me pudieran informar respecto de los aportes que, según el tesorero Mauricio Olave, fueron recibidos por empresas y respecto de ellos se habrían firmado convenios de confidencialidad. Lo anterior, pues he tomado conocimiento de uno de estos aportes y creo necesario ponderar estudiar si me encuentro o no inhabilitada para conocer ciertas causas atendida la complejidad de las causas que existen en el tribunal donde me desempeño".

Confidencialidad

La respuesta llegó el 7 de ese mes de parte del tesorero y juez del Cuarto Tribunal Oral de Santiago, Mauricio Olave: "Montos y cifras no te puedo revelar, pues firmamos convenios de confidencialidad con quienes nos ayudaron, que estoy obligado a respetar, precisamente para que ningún juez pueda sentir presión al ejercer su cargo y preservar con fuerza la independencia judicial".

La situación no dejó tranquilos a los jueces asociados, lo que derivó en que Olave entregara más detalles de los convenios a través de un mensaje interno a los asociados. "Se iniciaron conversaciones con empresas privadas, de las cuales solo una manifestó interés en el hecho de no aparecer en nuestra publicidad del evento, a lo cual el directorio accedió en forma unánime (...). Hubo otro aporte, pero no en dineros, sino en carpetas, lápices y souvenirs por parte de BBVA, a quienes contactamos para pedirles ayuda, dado el convenio que nos une", indica el correo.

De acuerdo a los antecedentes que aparecen en las actas de la agrupación, publicadas en su página web, Entel fue una de las empresas contactadas. En la sesión del 11 de julio de 2017 se indica: "Director Olave habló con BBVA, ofrecieron apoyar con dos millones. Directora Piñeiro propone hablar también con Entel, posiblemente pedir los celulares que se necesita". La otra vez que se menciona a la empresa fue el 5 de septiembre del año pasado: "Director Olave informa que Entel donará $15 millones".

"Respecto al auspicio que Entel entregó a la Asociación de Magistrados para realizar la Reunión Anual N° 60 de la Unión Internacional de Jueces, la compañía afirma que el financiamiento de este tipo de acciones se analiza caso a caso para actividades que se estiman un aporte para el país, resguardando siempre que se otorguen de manera ajustada al marco legal", indicó un comunicado enviado por la firma a "El Mercurio".

Debate en la Suprema

Los hechos llegaron a los oídos de la Corte Suprema. Y, pese que no tiene potestad sobre la agrupación, preocupaban las versiones que circulaban en esos días sobre el financiamiento de las actividades y su confidencialidad.

El tema fue abordado en el Pleno de la Suprema del viernes 28 de septiembre. No estaba en la tabla, pero surgió como una inquietud. Algunos magistrados pidieron que se explicara la forma en que se obtenían los recursos para las actividades del máximo tribunal, ya que, a juicio de varios consultados, podía aparecer como un potencial conflicto de interés y ponerse de alguna forma bajo discusión la agenda de transparencia del Poder Judicial. Fue así como el tema no quedó ahí: se solicitaron antecedentes a la Presidencia de la Corte Suprema, liderada por Haroldo Brito, sobre cómo se maneja este tipo de financiamiento.

La situación sobre los aportes, además, se prevé que se discuta en la convención anual de la Asociación de Magistrados, que se realizará en Osorno y Valdivia ente el 11 y el 14 de octubre próximo. Desde la asociación han señalado que solicitar este tipo de aportes no está prohibido en el estatuto.

Financiamiento

Sobre el conteo final de los aportes y gastos, algunos asociados solicitaron tener a la vista el balance final, luego de que se diera a conocer la petición de aportes a empresas privadas bajo el contrato de confidencialidad.

En tanto, en la reunión del directorio del 11 de julio de 2017, se dio cuenta de un informe de avance de los costos y actividades. En el apartado de los patrocinios se detallan las entidades y empresas a las que se les solicitan donaciones. Se indica que se contactó a la Asociación de Notarios, el Conservador de Bienes Raíces, una universidad que no se especifica y el Instituto de Estudios Judiciales. A esto tiene que sumarse el aporte de Entel ($ 15 millones) y $ 200 mil del BBVA.

El costo total del evento habría bordeado los $120 millones. "El déficit de $ 43 millones aún no se ha recuperado, pero paulatinamente -no completamente en este período- se hará con el mayor ingreso por aumento de sueldos", señala un acta del pasado 25 de abril.

Convenios de la asociación

Actualmente, la Asociación Nacional de Magistrados cuenta con una serie de convenios, como lo hacen otras agrupaciones sindicales. De acuerdo a lo publicado en su página web, se trata de un acuerdo con una serie de empresas, hoteles, hosterías e instituciones financieras como cooperativas.

La asociación también cuenta con un convenio con el BBVA desde 2017. En un acta del 23 de mayo de ese año, el juez Mauricio Olave da cuenta de sus beneficios: "Tasas más bajas que el mercado y con descuento por planilla, lo que significaría un ingreso directo a la Asociación Nacional de Magistrados por gestión".

En la página web de la asociación se indica que "(Se) ofrece plan BBVA para cuenta corriente, créditos de consumo, tarjetas de crédito e hipotecarios con una serie de beneficios exclusivos para asociados y asociadas, tales como tasas preferenciales, asistencia hogar por un año, tasación gratuita en todo Chile o gestoría de documentos para estudios de títulos sin costo en la Región Metropolitana". Tras esto se entrega el nombre y contactos de cuatro ejecutivos bancarios.

Algunos jueces contactados indicaron que estos convenios podrían generar algún tipo de inhabilidad y que, por lo bajo, los asociados deberían manifestar la situación a las partes en un juicio, en caso de participar en causas relacionadas con las empresas que aportaron o que tienen estos convenios. Se trata, a su criterio, de un tema de transparencia, más allá de si los magistrados fallen incluso en contra de las empresas con las que la asociación tiene convenios.

El juez del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y presidente saliente de la asociación que integra la nueva mesa directiva, Álvaro Flores, emitió una resolución el 28 de junio de 2018 en que ordenaba la notificación de una demanda por despido injustificado en contra del BBVA Chile.

En Scotiabank, que se fusionó con BBVA Chile el 1 de septiembre pasado, comentaron que "el mencionado convenio con la Asociación Nacional de Magistrados se enmarca en el tipo de servicio financiero que habitualmente la banca ofrece a empleados de distintas entidades y empresas, tanto públicas como privadas, para la contratación de productos, tales como cuentas corrientes, tarjetas y créditos".

Sobre la participación en la Convención Anual de la Unión Internacional de Magistrados, señalaron que "a petición de esta asociación, BBVA Chile realizó un aporte único y puntual de 200 mil pesos para apoyar la realización de este seminario internacional".

Corredora de propiedades

Además de tener convenios con instituciones financieras y hotelería, en una de las últimas actas se da cuenta de uno relacionado con Huberman Propiedades, cuyo gerente general es el hermano del exvicepresidente de la agrupación y exmagistrado (dejó el Poder Judicial en abril de 2017) Alejandro Huberman.

En el acta del 21 de marzo de 2018, el juez Olave indica que hay una propuesta y ofrecen "convenio de compraventa de propiedades, ofrece comisión de 1% en compras y ventas, y 20% en arriendo, en Quinta Región, litoral central, Región Metropolitana. En otros lugares, solo si es posible. Sin exclusividad".

Al ingresar a la página web de la corredora, se puede ver un logo que dice Asociación de Magistrados del Poder Judicial de Chile. En su página de Facebook, Alejandro Huberman -en una publicación de febrero de este año- describe unos terrenos en Pucón y coloca una tarjeta en que se identifica como corredor de propiedades de Huberman Propiedades.

Al ser consultada la corredora, señalaron que el convenio es de marzo. "Alejandro Huberman no es dueño, ni tiene participación en la sociedad ni es empleado ni nada en Huberman Propiedades; salvo prestarnos asesoría jurídica esporádica cuando lo requieren para algún contrato".

Sobre la razón por la cual se identificó en sus redes sociales como corredor de propiedades de la firma, el exjuez indicó que "me llamó un montón de gente y le dije a mi hermano que podría hacer algo de corretaje y me mandé a hacer unas tarjetas, que fue la que publiqué en febrero, pero al final no tuve tiempo para dedicarme a dos cosas, porque soy abogado y trabajo en un estudio. Lo que sí hago son las asesorías jurídicas de los contratos".

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