lunes, 24 de septiembre de 2018
Economía y Negocios Online
El Clarín
El fiscal de la causa de los cuadernos Carlos Stornelli y su colaborador Carlos Rívolo apelaron la resolución del juez Claudio Bonadio mediante la cual procesó a 42 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a cobrar coimas a través de distintas oficinas del extinto ministerio de Planificación. Los fiscales piden ahora que la Cámara Federal porteña extienda la imputación de Bonadio a Cristina Kirchner por 913 actos de corrupción según su rol de supuesta jefa de esa estructura delictiva.
También requirieron el procesamiento de más empresarios y que se incluya a quienes se les dictó la falta de mérito. Por otro lado plantearon que Ernesto Clarens, José López y Carlos Wagner sean procesados como "organizadores" de la banda -acusación que hoy sólo tienen Julio De Vido y Roberto Baratta- pues "realizaron mayores aportes a la obra delictual, resultando ser elementales" para concretarla, según el escrito al que accedió Clarín.
Cristina Kirchner está señalada como la jefa de la asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales. Además, el juez solicitó la prisión preventiva, pero indicó que para iniciar el necesario proceso de desafuero de la senadora esperará a que el procesamiento "se homologue por la Cámara federal de apelaciones".
A la ex presidenta se le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos, y fue formalmente acusada de dirigir una asociación ilícita, de ser coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo (cobrar coimas) en cinco hechos. Sólo en su domicilio de Uruguay y Juncal se realizaron 87 entregas de fondos ilegales por casi US$ 70 millones.
Pero ahora los fiscales señalaron que como jefa de dicha estructura delictiva, y "ante la prueba acumulada en el expediente" la acusación sobre la ex mandataria debe ser en realidad "por 913 hechos vinculados a dádivas".
La apelación indica: "Cristina Elisabet deberá responder en orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa, en concurso real con cohecho pasivo, reiterado en novecientos trece (913) oportunidades".
En este pedido, también se planteó que a los dos organizadores de la asociación ilícita, es decir Julio De Vido y Roberto Baratta, se le atribuyan más hechos.
Por ejemplo, al ex ministro de Planificación Federal, quien estaba acusado de ser coautor de admisión de dádivas en 4 hechos y cohecho pasivo en 3 hechos, los fiscales le atribuyeron en calidad de organizador, en concurso real con cohecho pasivo, 205 hechos. Idéntico rol le otorgaron a Baratta, a quien Bonadio procesó como coautor de admisión de dádivas en 90 hechos y cohecho pasivo en 4 hechos. Si la Cámara acepta la apelación de los fiscales, ahora deberá responder por 205 hechos.
Respecto a otros involucrados en la causa, Stornelli y Rívolo solicitaron que Ernesto Clarens, López, Gerardo Ferreyra y Carlos Wagner "realizaron mayores aportes a la obra delictual, los que resultaron ser elementales y más relevantes con relación a los cometidos por los demás miembros".
Para los representantes del ministerio Público Fiscal, estos cuatro procesados como miembros únicamente de la asociación ilícita, "desarrollaron actividades que fomentaron el objetivo criminal de la agrupación y tareas que quizás no eran fáciles de reemplazar como sí pudieron ser las de los demás".
Por tal motivo requirieron que sean procesados como "organizadores de la asociación ilícita" de la que Cristina Kirchner fue "jefa" según la acusación de Bonadio.
En otro tramo de la apelación, los fiscales solicitaron el procesamiento de un grupo de empresarios: Alejandro Ivanissevich, Manuel Uribelarrea, Banjamín Romero, Jorge Balan, Hugo Dragonetti, Hugo Eurnekian, Enrique Pescarmona y el financista Ernesto Clarens, y que sea con pedido de prisión preventiva.
Todos ellos "convergieron, junto a funcionarios públicos del más alto nivel, en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado, como señaló el Juez, con el objeto de recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos".
Bajo esta misma línea de argumentos, Stornelli indicó que ante los hechos investigados de "prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial, ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público", se trató de un "emprendimiento criminal concebido, proyectado y sostenido en el tiempo, con un nivel de sofisticación y profesionalismo que permitió su extensión temporal por casi 12 años".
En este sentido, en el esquema hubo una "irrupción criminal de varios empresarios, cuya voluntades se plegaron de manera decisiva a la de los organizadores y a la Jefa de todo esto, y cuyos roles adquieren una singular transcendencia, puesto que coadyuvaron a estructurar un esquema de organización que excedió el mero acuerdo de voluntades entre quienes decidieron participar".
Asimismo, remarcaron que muchos de ellos "se valieron y habrían usufructuaron los beneficios ilícitos que apareja la pertenencia a esta estructura criminal, en pos de sacar provecho personal, y particularmente económico, del pacto ilícito acordado entre funcionarios y empresarios".
Por tales argumentos, Stornelli indicó que "no coincide con la exclusión" del dictado de la prisión preventiva por más que no se haga efectiva.
