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Conflictos socioambientales en Chile: la deuda sobre la justicia ambiental

lunes, 24 de septiembre de 2018

Luis Cordero Valentina Durán Camila Palacios Violeta Rabi Andrea Sanhueza Anahí Urquiza
Opinión
El Mercurio

"...el gran ausente en estos conflictos ha sido el Estado y es por ello que instamos a que se refuercen la Superintendencia del Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales, de forma que se implemente la fiscalización especializada para denuncias urgentes, masivas o recurrentes...".



Estas últimas semanas hemos visto cómo se ha mediatizado una situación que se arrastra durante mucho tiempo y que se manifiesta de manera simultánea en las denominadas "Zonas de sacrificio" que se extienden en todo Chile. A la fecha, la más evidente ha sido en Quintero y Puchuncaví, pero la condición que se vive allí no es lejana de la que se desarrolla en Tiltil, Huasco, Mejillones, Antofagasta o Coronel.

Si bien en los últimos años ha habido un avance en materia de acceso a la justicia ambiental empujado por la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y de los Tribunales Ambientales (TA), la institucionalidad está al debe cuando se trata de entregar respuestas concretas a los reclamos y exigencias de la ciudadanía, la que se ha movilizado, cansada e indignada de seguir esperando soluciones en territorios saturados, con impactos acumulativos y con pasivos ambientales históricos.

Según los resultados del estudio publicado a fines del año pasado por Espacio Público sobre acceso a la justicia ambiental, la mayoría de las denuncias ciudadanas ante la SMA son justamente por problemas cotidianos.

Las personas naturales, de manera individual o colectiva, son quienes más acuden a denunciar ante la SMA (56%), con denuncias que se relacionan mayormente con situaciones cotidianas, recurrentes y masivas, pero de difícil control, como ruidos, malos olores y contaminación de aguas.

Sin embargo, estas reclamaciones no necesariamente reciben una respuesta oportuna y satisfactoria. El estudio presentado revela que en 2016, el 14% de las denuncias dio origen a procedimientos sancionatorios, mientras que el 86% restante se encontraba en evaluación o había sido archivado. De ahí que consideramos que hoy, más que criticar al gobierno de turno por las gestiones realizadas, es necesario robustecer la institucionalidad ambiental para permitir un acceso a la justicia ambiental que garantice una respuesta a las problemáticas, protegiendo a la población de la vulneración de sus derechos.

Sin duda, el gran ausente en estos conflictos ha sido el Estado y es por ello que instamos a que se refuercen la SMA y los TA, de forma que se implementen tanto la fiscalización especializada para denuncias urgentes, masivas o recurrentes, como que adquieran mayor preeminencia estrategias de fiscalización ciudadana a través de un monitoreo participativo, con un sistema donde se agilicen soluciones concretas y reales. Además, proponemos crear una instancia de mediación temprana entre comunidades y empresas, alternativa a la denuncia, que permita visualizar y trabajar con anticipación aquellos factores que desencadenarán futuros conflictos.

Esto debe ir acompañado de cambios como la revisión de las competencias de la SMA y el mejoramiento de la normativa medioambiental, haciendo más exigentes los umbrales de tolerancia y estableciendo parámetros para contaminantes que hoy no son monitoreados. Asimismo, es necesario fomentar la utilización y el adecuado funcionamiento de las herramientas jurídicas disponibles, pues, tal como señala el informe, hoy los principales usuarios de los TA son justamente los titulares de proyectos. En este sentido, la ratificación del Acuerdo de Escazú es una gran oportunidad para que el Estado no solo "recuerde" sus compromisos, sino que potencie el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental.

Chile necesita avanzar en un desarrollo sostenible en que la dimensión económica, la ambiental y la social tengan la misma importancia y se aborden como dimensiones complementarias y no como una competencia entre sus objetivos.

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