Pescadores de La Higuera buscan frenar proyecto Dominga con recurso en el TC
viernes, 21 de septiembre de 2018
T. Vergara
Economía y Negocios
El Mercurio
Gremio apunta a que no es una responsabilidad del SEA el contar con una guía metodológica para estudiar las obras.
Un largo camino ha tenido que atravesar el proyecto minero-portuario Dominga, ligado a la empresa Andes Iron, para poder ver la luz y comenzar su construcción en la Región de Coquimbo. La iniciativa actualmente se encuentra en la Corte Suprema, donde Oceana presentó un recurso de casación para revertir la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que ordenó retrotraer el proceso de evaluación ambiental a la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo. Esto último, tras considerar ilegal la actuación del Comité de Ministros. Sin embargo, el proyecto está con un nuevo frente abierto, luego de que la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros, sector contiguo a la zona en donde se construirá el puerto incluido en la iniciativa, presentara un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. En el documento se solicita dejar sin efecto el veredicto de la autoridad ambiental por considerar que se infringe la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Apuntan a que en uno de los artículos de esta normativa que aplicó en su fallo el Tribunal Ambiental de Antofagasta se señala que debía ser responsabilidad del Servicio de Evaluación Ambiental el considerar la existencia de una guía metodológica a la hora de evaluar el proyecto, en circunstancias que solo semanas antes se había aprobado una iniciativa similar a solo kilómetros donde estará el puerto de Dominga. Según la interpretación de la defensa del gremio de pescadores, la herramienta para uniformar los criterios o exigencias técnicas asociadas, es sólo una opción, y no debería ser considerada como una obligación para la administración. Este argumento fue utilizado por el tribunal para retrotraer la evaluación. "De este modo, el reglamento muestra que hay una obligación, que es para los titulares, de observar los criterios y no para el servicio de uniformarlos, pues como señala el artículo 4º RSEIA, el Servicio 'podrá' hacerlo", argumenta el requerimiento presentado por el abogado Diego Lillo. El Tribunal Constitucional decidirá si acoge o no a trámite la solicitud realizada por los pescadores. De hacerlo, el recurso de casación en la Corte Suprema será suspendido mientras dure el proceso.
El proyecto contempla un desembolso de US$ 2.500 millones y una vida útil de 26,5 años.
