La ofensiva de Javiera Blanco para remover al fiscal del caso Sename
domingo, 16 de septiembre de 2018
Andrés López
Reportajes
El Mercurio
En un escrito presentado ante la Fiscalía Nacional el 11 de septiembre, la defensa de la consejera del CDE dice que la forma de actuar de Marcos Emilfork demuestra un presunto sesgo y la ha "expuesto injusta e injustificadamente" ante la opinión pública. También interpuso una denuncia por violación de secreto, que solicita que sea indagada por otro fiscal.
Hace solo algunos días, la ex ministra de Justicia y actual consejera del CDE Javiera Blanco esperaba en las dependencias de la PDI en Ñuñoa. Había sido citada por el fiscal regional de Puerto Montt que está a cargo del caso Sename, Marcos Emilfork. Los minutos pasaban, pero la diligencia no se concretaba. De pronto entró Emilfork y habló con los abogados defensores de Blanco. "Nos señaló que no podía tomar la declaración, pues debía viajar al sur del país y como esperaba que la declaración se extendiera, no alcanzaría. Unos minutos más tarde le solicitó a la señora Blanco autorización para acceder a los correos electrónicos que se encontraban en el computador incautado hace más de dos años atrás en la causa de Gendarmería. Luego, contradiciendo la excusa que nos había manifestado en un primer momento, nos indicó que en realidad no podía tomársela (la declaración) por cuanto el computador debía ser peritado por la PDI. Queda entonces en evidencia que la llevó engañada a la diligencia, que tenía otro objeto". La frase forma parte de los argumentos que los abogados de Javiera Blanco -Paula Vial y Rodrigo Molina- plasmaron el pasado 11 de septiembre en un documento que enviaron al fiscal nacional, Jorge Abbott. En el texto, al que accedió "El Mercurio", piden que Emilfork y el persecutor Marcello Sambuceti sean removidos de la investigación del caso Sename en todas sus aristas o "al menos en aquellas en que se requiera la intervención" de su defendida. La razón de esta petición se origina, de acuerdo a la defensa de Blanco, en una serie de filtraciones relacionadas con ella en esta causa, y dado que la ex ministra acusa un supuesto sesgo de los persecutores en torno a su figura, lo que señalan, afectaría su imagen. Actualmente, la consejera del CDE está con permiso sin goce de sueldo con la finalidad de preparar su defensa en este caso, en el que se investiga la muerte de los menores que estaban bajo el cuidado del Sename, dependiente del Ministerio de Justicia. Este año también se abrió una arista referente al plan de Aseguramiento de la Calidad de las Residencias (Ascar), en que se indaga el presunto uso de fondos de ese programa para pagar a personas que no trabajaron en aquello. Por el caso Ascar fue citado el ex ministro de Justicia José Antonio Gómez y, de acuerdo a lo que ha dicho Emilfork, Blanco y Gómez podrían "ser citados en calidad de imputados", según indica el documento. Esta declaración de agosto también es relatada en el escrito en que la defensa de Blanco pide la remoción del fiscal. La ex ministra además desmintió hace unos días informaciones de prensa que la vinculaban a una posible modificación en el número de muertes ocurridas en el Sename mientras ella fue secretaria de Estado y no descartó ejercer acciones legales para defender su honra y prestigio ante tales acusaciones. "Proceder habitual" En forma paralela, esta semana se dio a conocer públicamente un oficio que da cuenta de que la consejera del CDE estaba en calidad de imputada en una de las aristas de la indagatoria que lleva adelante la fiscal Tania Sironvalle por las irregularidades por el pago jubilaciones en Gendarmería. Se trata de comisiones de servicios solicitadas a esta institución, también dependiente del Ministerio de Justicia. Se trata de una arista que derivó de la investigación de lo que se denomina el caso Jubilazos, donde se indaga si se abultó, de forma ilegal el pago de pensiones en Gendarmería. La nueva línea investigativa se basa en la declaración del ex director de la institución respecto de la contratación de personal con fondos del servicio penitenciario. En el oficio, al que tuvo acceso "El Mercurio", la fiscal responde a un requerimiento de Sambuceti, el 26 de agosto pasado. Sironvalle detalla que se pesquisan los delitos de fraude al fisco, nombramiento ilegal y tráfico de influencias. Y explica que "la investigación se encuentra vigente" y que "las personas que se encuentran en calidad de imputadas son las siguientes: Tulio Arce y Javiera Blanco". La defensa de Blanco no atribuye esta situación a Sironvalle, de acuerdo al escrito. "En esta última causa que indaga la fiscal Sironvalle, nuestra representada prestó declaración el día 14 de junio de 2018, sin que hasta ahora hubiera aparecido ninguna información al respecto en medios de prensa. Sin embargo, ni bien se solicitó información vía oficio sobre esta causa por parte de los investigadores de la causa Sename, y la misma les fue enviada por vía similar, se dio a conocer en prensa el contenido de la respuesta". Los abogados Vial y Molina, en cambio, apuntan directamente a fiscal regional de Puerto Montt, según se lee en el documento. "El proceder habitual del fiscal Emilfork ha sido el de entregar los detalles de las diligencias que ha realizado, que está realizando y que tienen planificado realizar en la investigación a su cargo a los medios de comunicación (...) Esta forma de actuar del fiscal Emilfork no solo ha expuesto injusta e injustificadamente a nuestra representada ante los medios de comunicación, propiciando la desinformación, sino que evidencia un sesgo en su actuación que es incompatible con la dirección de una indagatoria que debiera regirse por los principios propios del sistema procesal penal y en especial el debido proceso. Su actuaciones no nos dan garantía de objetividad ni de seriedad en relación a la forma en que se encuentra conduciendo la investigación a su respecto. Estas conductas dan cuenta de un actuar parcial contra nuestra representada, alejándose del principio de objetividad que debe regir sus actuaciones y nos han hecho perder la confianza necesaria en su desempeño". A raíz de la filtración, el fiscal Emilfork también tomó cartas en el asunto y abrió una causa por violación de secreto el pasado 11 de septiembre. "El fiscal regional de Los Lagos ordenó esta mañana la apertura de una causa penal por la violación de secreto en la investigación relativa a la arista Ascar del caso Sename. Esto ante la publicación en medios de prensa de documentos que forman parte de la carpeta investigativa y de diligencias", señalaba un comunicado del Ministerio Público. En paralelo, los abogados de Blanco interpusieron una denuncia por ese mismo delito y solicitaron una serie de diligencias como interrogar los fiscales Emilfork, Sironvalle y Sambuceti, junto con solicitar el tráfico telefónico del fiscal regional de Puerto Montt. Sin embargo, la defensa de la consejera del CDE apunta a que esta indagatoria no puede ser conocida por Emilfork ni Sambuceti: piden que sea designado otro fiscal. "Evidentemente, considerando que la investigación deberá relacionarse con hechos propios de las causas en las que él mismo es conductor y dirá relación con conductas que podrían haber sido efectuadas por dicho fiscal regional o por parte de su equipo, resulta completamente improcedentes que la misma siga adelante bajo su propia conducción o alguien de su equipo regional", señala el escrito. Debido proceso Desde el punto de vista de la abogada Paula Vial, el proceso no se ha llevado de acuerdo a la normas que protegen el debido proceso. "Tenemos la visión de que efectivamente se ha abusado del rol y del interés comunicacional que existe en su figura, no por parte de los medios, sino por parte de algunos de los fiscales que llevan esas investigaciones. Y, por lo tanto, creemos que desde esa óptica su propia figura, aunque sea muy marginal en las investigaciones, se ha potenciado justamente por esa forma de llevarlas adelante, de enfocarlas, lo que, en este caso en particular, no nos da garantías. No es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la fiscal Sironvalle. (Con ella) el trato ha sido completamente distinto; con la discreción que se exige en el trabajo disciplinado. O sea, ha habido un uso bastante evidente, en algunos casos, del rol o visión más política que puedan tener estas causas", señala. -¿Cree que hay una persecución política hacia Javiera Blanco en esta investigación? -No, no puedo afirmarlo. Las filtraciones han perjudicado su imagen, su trabajo, perjudicado incluso a una institución (CDE) a la que ella pertenece. -Ella está en calidad de imputada en la investigación referente a Gendarmería. Al estar en esta situación, ¿qué pasa con su cargo dentro del CDE? -No existe ninguna incompatibilidad, pero además las razones por las que aparentemente podría tener esa calidad son bastante discutibles. Ahora, más allá, lo que nos interesa en el fondo es que más allá de las propias imputaciones, que quede claro que ella siempre ha colaborado, que no tiene nada que esconder, que siempre ha dado y seguirá dando respuestas y que en su carrera profesional ha sido ejemplar y por lo tanto ese debiera ser el foco. -Con este ambiente que usted está dando cuenta, ¿cree que le convendría dar un paso al costado en el CDE? -Ella es una profesional destacadísima y me parece que eso es lo que se valora en esta institución y en cualquier otra, y cualquier decisión al respecto es una decisión personal que tiene que tomar ella, no tengo yo ninguna opinión que dar al respecto. -¿Por qué la ex ministra Blanco no ha enfrentado públicamente todas estas imputaciones? -Porque nos parece que no es la forma. Los procesos se llevan en el Ministerio Público y en tribunales, y uno no tiene por qué estar respondiendo a través de los medios. Ella ha sido súper cuidadosa en ese sentido, quiere seguir siéndolo, pero la exponen de una manera que es completamente injusta e injustificada.
