domingo, 02 de septiembre de 2018
Claudia Ramírez, Sascha Hannig y Mauricio Silva
El_Mercurio
Datos del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, SNIFA. En la SMA explican que hay un grupo de expedientes privados, aún en curso de investigación, con eventuales incumplimientos.
Casi como un guión cinematográfico, con varios capítulos, es el que desde hace casi dos semanas se está escribiendo en las comunas de Quintero y Puchuncaví, en la V Región. Lo que comenzó el martes 21 de agosto reportado como una emergencia en el colegio Santa Filomena en Quintero -con alumnos presentando diversos malestares que atribuían a olores y emanaciones de gases a la atmósfera-, desembocó con el paso de los días en una verdadera crisis. Desde luego, una de tipo ambiental, con unas 350 personas afectadas y atendidas en recintos asistenciales, y suspensión de clases en la zona. Pero también se instaló de lleno en el gobierno. La estatal Enap fue rápidamente sindicada por las autoridades ambientales como la presunta responsable de la nube tóxica en la zona, tal como quedó de manifiesto en el Acta de Notificación levantada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) -que ordenó el sellado temporal de dos estanques de las instalaciones del Terminal Enap Quintero-, unido a las declaraciones de la ministra del ramo, Carolina Schmidt, aludiendo a la firma en sus primeras intervenciones públicas sobre el tema. Todo ello incendió la pradera. El directorio de Enap evidenció su molestia, anunció estudios propios para demostrar que no era la responsable de los gases causantes de la crisis ambiental (ver nota relacionada), y el impasse , en uno de sus capítulos a mediados de semana, desembocó en una accidentada visita en terreno del Presidente Piñera anunciando la implementación de medidas de apoyo a la comuna, en medio de investigaciones técnicas y penales sobre un episodio del que aún no hay un responsable claro. Pero lo cierto es que este evento es solo uno de varios episodios de contaminación ambiental que ya agotaron la paciencia de la población de la zona industrial de Quintero y Puchuncaví, que desde los años 60 se ha convertido en un parque industrial con más de 14 empresas que conviven con una población cercana a las 18.000 personas en Puchuncaví y 28.500 personas en Quintero (ver nota relacionada). Hay cerca de 30 mil expedientes en el sistema Esta situación contrasta con los números oficiales disponibles en la SMA. Según el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, (SNIFA), dependiente de la SMA, solo desde 2013 a la fecha -no existen datos para períodos anteriores en dicho sistema-, se han realizado 132 fiscalizaciones a estas industrias, 27 en Quintero y 105 en Puchuncaví. Del total, solo nueve están con proceso sancionatorio en distintas etapas, todos en Puchuncaví. Y de estos, solo se aplicó una multa. ¿Pocas sanciones? Según Cristián Franz, superintendente del Medio Ambiente, hay un grupo de expedientes, que no son públicos, con evidencia de algún incumplimiento, que están derivados a la división de sanciones de la entidad para que investigue y, si hay mérito, formule cargos. "Hay procesos que pasaron la etapa de formulación de cargos y por eso son públicos", explica. Además acota el ámbito de competencia de la SMA, en el sentido de que puede fiscalizar instrumentos de gestión ambiental (RCA, desde 1997), normas de emisión y calidad y los planes de descontaminación. Pero además explica que existe una norma de emisión para la regulación de descarga de riles a cuerpos de agua, que obliga a las empresas a reportar a la SMA datos mensualmente y que generan expedientes. De todos los expedientes -unos 30 mil del SNIFA-, "cerca de 29.200 son de la norma de emisión de riles y los otros son de RCA, que es lo realmente importante", matiza. En otras palabras, según Franz, de los 105 expedientes de Puchuncaví, "muchos" se generan por la normas de emisión de riles y no por transgresiones a las RCA. Desde la SMA además agregan que son 66 las instalaciones que se norman bajo RCA. Estas pertenecen a las empresas (detalladas en la infografía) y serían posteriores a 1997. Las instalaciones previas, que no se norman por RCA, también pueden ser reguladas por otro organismo, como el Ministerio de Salud, si produjeran algún daño a la salud. ¿Por qué se realizan las fiscalizaciones? Para que la SMA efectúe una fiscalización, puede ser por iniciativa propia o por denuncias, tanto de autoridades como de particulares. Y para sancionar considera, según el manual de sanciones de 2017, la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, el número de personas cuya salud pudo afectarse por la infracción, el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción; la intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma; la conducta anterior del infractor; la capacidad económica del infractor; el detrimento o vulneración de un área silvestre protegida del Estado, entre otros criterios. Puerto Ventanas explica por qué no se acogió a PDC Asimismo, las empresas que son identificadas como infractoras pueden acogerse al Programa de Cumplimiento (PDC), que las obliga a adoptar medidas con un plazo determinado para resolver el daño que provocaron a la zona, a cambio de no aplicarse la sanción económica. Tal fue el caso, por ejemplo, de AES Gener o Codelco Ventanas, que fueron parte de procesos sancionatorios en 2014 (completado satisfactoriamente) y 2016 (aún en cumplimiento), respectivamente. Eso sí, de incumplirse las obligaciones contraídas en el programa, "el procedimiento sancionatorio se reiniciará, pudiendo aplicarse hasta el doble de la multa que corresponda a la infracción original", consigna el documento metodológico de sanciones de la SMA. Puerto Ventanas es la única empresa multada en este período en la zona, por un monto que ascendió a 132 Unidades Tributarias Anuales (UTA), unos US$ 120.000 de 2013. Consultado al respecto, Puerto Ventanas respondió que las empresas solo pueden acogerse a un PDC cada cinco años. Fueron tres las infracciones, dos por la ausencia de ciertos equipos en la bodega y una por la falta de un procedimiento administrativo, "calificada como grave de acuerdo al procedimiento establecido. Debido a lo anterior y considerando que las desviaciones fueron corregidas en forma inmediata, se decidió no presentar un PDC y proceder a subsanar con la mayor celeridad las desviaciones detectadas, las que fueron corregidas en su totalidad en un breve plazo", dice la compañía. Normativa permite contaminar más del doble que recomendación OMS Tema aparte son los estándares de cumplimiento. Una ex autoridad ambiental explica que en Chile no hay estándares para la emisión o concentración en el aire de muchos gases, como el benceno, tolueno, arsénico, xileno, cadmio, vanadio y compuestos orgánicos volátiles (COV), "no hay norma de calidad del aire ni de emisión en Chile. Porque son una enorme cantidad y está normado su uso en algunas actividades. Ahora, tras este incidente, quizás se evalúe su regulación", indica la fuente. Algunos de estos (como el arsénico o el mercurio), eso sí, se encuentran presentes en el material particulado (MP) que sí tiene un límite determinado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). En el informe Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de Quintero-Puchuncaví -publicado a fines del año pasado y que está en etapa de aplicación-, se evidencia que los estándares chilenos permiten contaminar más del doble que los estándares de la OMS. Por ejemplo, la norma de calidad del aire de SO {-2} (dióxido de azufre) de la OMS establece un valor de 20 µg/m {+3} (microgramos por metro cúbico) como concentración media en 24 horas. El estándar de Chile, en cambio, es de 250 µg/m {+3} N como media en 24 horas. Esto es el doble del estándar que recomienda la Unión Europea para sus países miembros, de 125µg/m {+3} N. Desde el MMA consignaron que esta norma se encuentra en proceso de actualización, así como también la normativa de MP10 y que ambas debieran ser evaluadas el segundo semestre. MMA revela que nuevo estándar se basará en Finlandia El "Informe II: Evaluación y diseño de las redes de monitoreo de calidad del aire", realizado por el Centro Mario Molina en 2017-, revela que la medición de niveles de contaminantes en Chile puede no ser confiable, debido a que tanto la recolección de las muestras como la medición de estas son realizadas por las mismas empresas fiscalizadas. "En Chile la información que entregan los laboratorios acerca del suelo, del agua, del aire y las emisiones de contaminantes es poco confiable. La mayor parte de la información es generada por laboratorios privados a solicitud de otras empresas privadas o de organismos estatales. La institucionalidad ambiental no cuenta con un laboratorio de excelencia. (...) No se debería permitir que empresas operadoras locales realicen funciones de auditoría a sus pares", se explica en el reporte. Sobre la validez del documento, el Ministerio del Medio Ambiente dijo a "El Mercurio" que este informe, como muchos otros solicitados por el organismo, "son utilizados como insumo para mejorar el sistema de monitoreo del aire en el país". Consultado sobre la falta de confianza en la automedición de las empresas de sus niveles de contaminación y la necesidad de un nuevo sistema de redes de monitoreo, el ministerio reveló que está trabajando para acoger el modelo finlandés en el país. "El MMA, Sofofa y la Embajada de Finlandia en Chile firmaron una carta de intención consistente en elevar los estándares de confiabilidad de las mediciones ambientales. (...). Esta alianza pone el foco en el control y aseguramiento de la calidad de las mediciones que realizan los CEMS ( Continous Emissions Monitoring Systems). Esto se realizará con la colaboración del Centro de Investigación Técnica de Finlandia (VTT) -que es uno de los centros de investigación aplicada más importantes del norte de Europa-, quienes entregarán ayuda en el desarrollo de un diagnóstico de las capacidades de monitoreo de emisiones atmosféricas en instalaciones", dijo la entidad. EL PARQUE INDUSTRIAL convive con una población cercana a las 18.000 personas en Puchuncaví y 28.500 personas en Quintero.
