En un documento publicado ayer en Ginebra, Naciones Unidas acusó al gobierno de Nicaragua de aplicar violaciones generalizadas a los derechos humanos mediante una represión masiva a opositores. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) acreditó en el reporte graves transgresiones cometidas entre el 18 de abril y el 18 de agosto, incluido el uso desproporcionado de la fuerza y asesinatos extrajudiciales por parte de la policía nicaragüense, desapariciones, detenciones arbitrarias extendidas e instancias de tortura y violencia sexual en centros de detención. El equipo de la ONU en terreno alcanzó sus conclusiones pese a los obstáculos del Ejecutivo, que les impidió el desplazamiento fuera de Managua. "La represión y las represalias contra los manifestantes continúan en Nicaragua mientras el mundo desvía la mirada", afirmó el alto comisionado, Zeid Ra'ad al-Hussein, quien este sábado entregará su cargo a la ex Presidenta chilena Michelle Bachelet. El personero añadió que teme que Nicaragua siga el mismo camino que Venezuela y expresó su esperanza de que el gobierno sandinista pueda ser persuadido para que deje de responder a las protestas con "puño de hierro". Las manifestaciones comenzaron en rechazo a un sistema de pensiones impuesto por el gobierno, pero luego adquirieron otro cariz, y la oposición exigió la renuncia del Presidente Daniel Ortega, adelantar las elecciones para el año próximo y democratizar al país. Un diálogo entre el gobierno y la oposición, mediado por la Iglesia Católica, comenzó a mediados de mayo sin resultados y ahora las negociaciones están estancadas. El reporte enfatizó además que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería considerar el establecimiento de una investigación internacional o comisión de la verdad para evitar que la situación empeore. Añadió que más de 300 personas han perdido la vida y 2.000 han resultado heridas. Para Manuel Orozco, experto nicaragüense miembro de Diálogo Interamericano, el informe, por su gravedad, representa una tarea pendiente para la comunidad internacional y especialmente un reto para Bachelet, sucesora de Al-Hussein. "Ella tiene ahora la herencia del problema nicaragüense como una prioridad que abordar en un momento clave, cuando Naciones Unidas está en su periodo de reuniones y sesiones", dijo a "El Mercurio". El gobierno de Ortega rechazó el reporte por considerarlo "subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado".