Auditoría del Gobierno detecta más de $4,2 billones en cuentas por cobrar y un 12% de ellas son pérdidas para el Estado
lunes, 20 de agosto de 2018
Javiera Martínez y Pablo Jamett
Política
El Mercurio
Reporte solicitado por la Segpres concluyó que un cuarto de las cuentas bancarias de organismos públicos está "descuadrado". Más de 10 mil sumarios continúan abiertos tras seis meses de investigación.
El Estado no ha recuperado $4,2 billones (millones de millones) por concepto de cuentas por cobrar, según reveló un informe emitido por el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno (CAIGG). El documento "Acciones de Aseguramiento", encargado por la Secretaría General de la Presidencial (Segpres) -al que tuvo acceso "El Mercurio"-, fue elaborado sobre la base de información reportada por 493 servicios públicos, todos dependientes de los 24 ministerios que componen el Estado y que fue solicitada mediante el Of. Ord. N° 20 del CAIGG, suscrito por el subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, en su calidad de presidente del organismo, de los cuatro años de la anterior administración, con fecha de corte al 28 de febrero de 2018. Uno de los principales ítems analizados se refiere a "cuentas por cobrar", es decir, recursos que el Estado a través de sus organismos tiene que recuperar por algún concepto, por ejemplo, dineros adeudados por beneficiarios del Crédito con Aval de Estado (CAE) que no han regularizado su situación. Préstamos otorgados por Indap a agricultores que no han sido devueltos también podrían constituir cuentas por cobrar, así como también el pago íntegro de sueldos cuando hay licencia médica, y que luego el Estado debe recuperar lo que cubre isapre o Fonasa. Así, el informe detalla que existen $511.332 millones (12%) que por más de tres años no fueron cobrados por el Estado; entre uno y tres años, la cifra llega hasta los 2,1 billones de pesos (51%); mientras que con menos de un año, el monto asciende a $1,5 billones (37%). Una de las situaciones más graves que identificó el CAIGG es que una cuenta por cobrar con más de tres años está prescrita, por lo que es complejo recuperar esos dineros. "Relajo" Consultado por las cifras, el subsecretario Alvarado señaló que "las acciones de aseguramiento al 28 de febrero nos arrojan cifras que permiten decir con toda propiedad que la gestión administrativa de los servicios que implica, jefes de servicio, control de gestión y auditoría interna del Gobierno, actuó con mucho relajo durante los cuatros años recién pasados". Sin embargo, la autoridad dijo que lo que se identificó fue una gestión deficiente, y que en una "segunda etapa es verificar el correcto uso de los recursos públicos". El proceso de auditoría además consideró un análisis de lo que se conoce como "conciliación bancaria", es decir, una comparación entre las partidas registradas en la contabilidad de cada institución y lo reflejado en la cuenta corriente bancaria respectiva. Este ítem reveló que de un total de 4.447 cuentas corrientes, 1.534 de ellas registraron "debilidades", en otras palabras, un 34,5% de las cuentas muestran un descuadre en las cifras. Un tercer ítem analizado fue "transferencias con rendiciones pendientes". Se trata de montos transferidos a instituciones públicas y privadas cuyas rendiciones de cuentas no han sido presentadas a tiempo, vale decir, "se desconoce la correcta utilización de los fondos transferidos", señala el informe. El análisis del CAIGG muestra que de un total de 1,4 billones de pesos, el 57,4% de ellos corresponde a saldos por rendir vencidos, por lo tanto, aún no es posible verificar si los recursos fueron utilizados en lo que estaba planificado. Además, se revisó la marcha de procesos disciplinarios, investigaciones sumarias o sumarios administrativos cuya investigación ha demorado más de seis meses, "incumpliendo los plazos establecidos en el Estatuto Administrativo", según se advierte en el informe. De acuerdo al levantamiento del CAIGG, de un total de 13.738 procesos disciplinarios, existen 10.111 sumarios vigentes (74%) con más de seis meses de antigüedad. Finalmente, se identificó un total de $597.126 millones en "cuentas por pagar", es decir, pasivos o deudas que los servicios públicos no han efectuado las acciones de pago correspondientes. De ellos, el 12% corresponde a pagos que no han sido cancelados en más de un año. Tras el primer levantamiento de información, el CAIGG solicitó el 30 de junio nuevos antecedentes a una serie de servicios públicos, información que está en proceso de análisis. Según el calendario de acciones que impulsa el CAIGG, en adelante se recibirán reportes trimestrales.
