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Según informe anual del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y la U. Alberto Hurtado:

Número de huelgas desciende por incertidumbre y desconocimiento de nueva normativa laboral

lunes, 20 de agosto de 2018

Juan Pablo Palacios
Economía y Negocios
El Mercurio

El año pasado tanto las paralizaciones legales como ilegales cayeron 35% y 45%, respectivamente. Similar comportamiento se observó en el sector público. Pese a la baja, Chile tiene un nivel de conflictividad elevado, comparado con países de ingreso medio-alto.



Cambios importantes se han empezado a observar en el sistema de relaciones entre empleadores y sindicatos tras la implementación de la reforma laboral. Según un informe del Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social (COES) y de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), durante el primer año de la normativa que puso fin al reemplazo, la conflictividad laboral fue menos intensa de lo esperado.

De acuerdo al estudio, el número de huelgas legales -que se realizan dentro de una negociación colectiva reglada- disminuyó en un 35%, pasando de 198 paralizaciones en 2016 a 128 en 2017. Un fenómeno similar experimentó la conflictividad extralegal -que agrupa a paralizaciones al margen de la negociación colectiva (ilegales) o de hecho-, la cual bajó un 45%, pasando de 134 a 74 huelgas.

La última medición marca un punto de inflexión respecto de los informes previos (2014, 2015 y 2016), que mostraron un ciclo de conflictividad laboral ascendente iniciado en 2006.

Las huelgas en el sector público también se hicieron menos numerosas, bajando de 127 en 2016 a 118 en 2017. Sin embargo, el informe advierte que la cifra sigue siendo más elevada que en todos los años del ciclo 1990-2006. Una baja similar registró el número de trabajadores comprometidos en las huelgas del mundo privado y público. Sin embargo, el sector estatal representa más de la mitad del total de trabajadores involucrados en conflictos (80.734) durante 2017.

Durante 2017, las huelgas fueron en promedio más largas que las ocurridas en 2016, tanto en el sector privado -que estuvo marcado por el paro de 44 días en Minera Escondida- como el sector público, que pasó de 3,6 a 4,4 días. El aumento más marcado de los días perdidos en paralizaciones afectó a las huelgas extralegales en el sector privado, pasando de 2,2 menos días en 2016 a 3,7 en 2017.

También se observa que la gran empresa concentra el mayor porcentaje de huelgas en el país. Asimismo, los paros por motivos de remuneraciones siguen dominando ampliamente el panorama en el sector privado.

Por primera vez se midió la influencia de la legislación en los conflictos laborales de 28 países de ingreso medio-alto. Según el análisis, más derecho a huelga no necesariamente implica mayor nivel de conflictividad laboral. No obstante, comparado con otros países de ingresos medio-alto, Chile presenta un nivel de huelgas elevado (quinto lugar), a pesar de que impone más limitaciones al ejercicio de este derecho que otros países.

Fenómeno transitorio

El estudio confirma que la implementación de la reforma laboral estuvo relacionada con el cambio observado en las huelgas legales. Sin embargo, sugiere que este efecto no sería "estructural" y que sindicatos y empleadores modificarán su comportamiento en la medida que adquieran conocimientos para manejar estratégicamente la nueva normativa. "Hay un período de ajuste, tanto de los actores como de los organismos administrativos que intervienen, y en la medida que eso no se estabilice, es difícil evaluar la reforma", complementa Francisca Gutiérrez, investigadora de la Universidad Alberto Hurtado que participó en el estudio.

En ese plano, la disminución de las huelgas legales en 2017 se explicaría por la incertidumbre de empresas y trabajadores respecto de las posibles implicaciones de la normativa en los procesos de huelga. El informe señala que es muy pronto para anunciar el fin del ciclo de conflictividad laboral ascendente iniciado en 2006.

En el caso del sector público, la disminución de la conflictividad puede tener relación con el año electoral. "Un inminente cambio de gobierno dificulta la consecución de acuerdos con las asociaciones de funcionarios, ya que la administración saliente no está en condiciones de comprometerse con medidas futuras. En este contexto, las huelgas resultan menos atractivas porque no pueden asegurar que los acuerdos resultantes se cumplan", dice el estudio.

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