El testimonio judicial del obispo Goic
domingo, 19 de agosto de 2018
Andrés López
Reportajes
El Mercurio
El entonces obispo de Rancagua fue interrogado por el caso de un grupo de párrocos denunciados por presuntos abusos. Los antecedentes revelan que envió una carta al Vaticano pidiendo liberar el secreto pontificio de procesos canónicos. Sin embargo, desde la Santa Sede indicaron que no era posible, que la fiscalía debía pedirlo por la vía diplomática.
Fue en las dependencias de la Fiscalía de Rancagua a las 15:20 horas. Era el 23 de mayo. El obispo Alejandro Goic llegaba a declarar ante el fiscal Sergio Pérez en calidad de testigo en la investigación sobre un grupo de sacerdotes y párrocos de la VI Región, vinculados a presuntos delitos sexuales en contra de menores de la zona. El grupo, conocido como "La Familia", se conoció luego de la denuncia de Elisa Fernández Ulloa: la mujer, vinculada a la iglesia de la zona, proporcionó nombres y antecedentes referentes a sacerdotes que actualmente están siendo investigados. Uno de ellos es el párroco de Paredones, Luis Rubio Contreras, quien fue mostrado en un reportaje de T13 -emitido en mayo- en el que aparecía enviando fotografías de índole sexual a Fernández, quien se hizo pasar por un menor de edad. Antes de entablar una denuncia ante la fiscalía, la mujer acudió donde Goic. Sin embargo, de acuerdo a lo que señaló entonces el obispo, ella nunca realizó una acusación formal al respecto. Sin embargo, un mes antes de que se hiciera público el caso, el fiscal regional Emiliano Arias ya lo estaba investigando e incluso solicitó intervenir los teléfonos de varios sacerdotes denunciados (ver nota secundaria). Todo se realizaba en total reserva: cualquier filtración de las identidades podía obstaculizar las diligencias que eran llevadas adelante por el OS-9 de Carabineros. "El Mercurio" accedió al expediente del caso "La Familia", un proceso que a lo largo de los meses derivó en diversas investigaciones, como el presunto encubrimiento de abusos por parte de la Iglesia Católica, y la formalización del ex canciller del arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, que está en prisión preventiva tras ser imputado de delitos sexuales. En este proceso se enmarcó la declaración judicial de Goic, la que fue tomada dos días después de que el obispo suspendiera a 14 sacerdotes denunciados. En esa época, además, se desempeñaba como presidente del Consejo Nacional de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal. "Entre mis obligaciones no está recibir denuncia, pero sí formar personas y crear ambientes sanos y seguros en las diócesis de Chile, no obstante ellas se acogen y las denuncias se derivan al superior competente: los obispos de dicha diócesis o el superior religioso de la congregación o comunidad", señaló ante el fiscal, recalcando que siempre se sugiere a las víctimas acudir a los tribunales. Goic explicó que cuando se denuncia a un sacerdote, el superior debe efectuar una investigación previa, que no es un proceso, con el fin de comprobar la verosimilitud de esa acusación. Si aquello se confirma, agregó, los antecedentes deben ser enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano. "Con esa información se indica si debe efectuarse proceso administrativo y efectuado este, se remiten nuevamente al Vaticano y ellos determinan la sanción a aplicar". "Desde que soy obispo, en la diócesis, he conocido de dos investigaciones previas, una por un sacerdote de Las Cabras y otro por un diácono de Peumo. Respecto del diácono Luis Rubio (González), me fue solicitado por la fiscalía copia de los antecedentes, y en base a normas canónicas no podía acceder a dicha solicitud. En atención a los hechos actuales, debo consultar a mi asesor jurídico, con el fin de entregar estos antecedentes, pero no existe instrucción del Papa para ello", indica después. Denuncias Posteriormente, la fiscalía abordó los temas referentes a la investigación y los contactos que el obispo tuvo con Elisa Fernández. "Respecto de la denuncia de doña Elisa, puedo indicar que a ella la vi más de dos veces, pero la carta que tengo en mi poder es de diciembre de 2016, la que hago entrega, una copia, en este acto. Esta carta consta de una firma en su última hoja sin nombre ni RUT, fecha diciembre de 2016 y consta de cuatro carillas. Existe otra carta donde mencionaba diversos nombre de sacerdotes, la que es anterior a la que acabo de entregar; la fecha exacta no la recuerdo, pero creo que de aproximadamente una semana antes de Navidad, donde incluía nombres de sacerdotes intachables y dudo de alguna de las aseveraciones que allí se dicen". Agrega que la supuesta víctima de uno ellos está dispuesta a declarar, y que "desmiente tajantemente los hechos". Respecto del otro sacerdote, indica, "la denunciante lo vincula con un acólito menor en Chimbarongo, donde cometió un error de dejar ingresar a este menor a su habitación. Recuerdo que cuando pidió su ordenación al consejo de órdenes a la luz de todos los informes, dilucidó la situación y decidió consagrarlo sacerdote". Respecto de ese sacerdote denunciado, Goic expresó que "no tengo certeza en este acto si se conversó con el menor o no". Posteriormente, el obispo se refirió a la situación del párroco Luis Rubio Contreras. "Como se dijo que remitió imágenes desnudas de su persona y esto habría sido a un menor de edad, siendo un delito de los más graves que considera la Iglesia, por ello después de una exhaustiva investigación remitimos los antecedentes a la Santa Sede como está mandatado". Dijo, además, que se están realizando investigaciones previas a los 14 sacerdotes suspendidos y que decidió la restricción del ejercicio del sacerdocio como medida "prudencial" mientras dure el proceso investigativo. Otro de los sacerdotes indagados por la fiscalía y suspendido por Goic fue el párroco de Pichilemu, Pablo Donoso, quien declaró como imputado en el caso. "Respecto del viaje de Pablo Donoso para un tratamiento en México, lo que sí recuerdo es que antes del año 2008 me llegó un rumor de conductas inapropiadas y de un eventual problema con un menor, le pregunté y él me lo negó. En México hay un centro de rehabilitación de curas alcohólicos, drogadictos y con problemas de desviaciones sexuales. No recuerdo si le recomendé o no que asistiera a este tratamiento". Consultado respecto a Donoso y una menor de nombre M.J., a quien él habría apadrinado, respondió: "No lo recuerdo". En su declaración judicial, Donoso declaró que no mantiene ningún tipo de relación afectiva sexual, y respecto a la presunta existencia de "La Familia" manifestó que "nunca escuché acerca de eso". También se le preguntó si alguna vez Goic le había ofrecido enviarlo a México a rehabilitarse, ante lo que él dijo que "no me suena". "Estoy dispuesto a colaborar en todo lo que se me requiera", dijo a la fiscalía. Sobre la forma en que viven los sacerdotes diocesanos, el obispo indicó que algunos viven con sus madres. "Los que no tienen familiares tienen a una persona contratada para labores domésticas, sin embargo algunos de los sacerdotes mencionados comparten su vida doméstica con hombres, donde si bien no hay prohibición de ello, por normas prudenciales no es aconsejable". En otro acápite de su testimonio relata la forma en que subsisten los párrocos, quienes "no reciben sueldo por parte del obispado, sino que una asignación que el consejo económico parroquial asigna, en el evento de que ese consejo exista. Los gastos de la parroquia son aprobados por el párroco y el presidente del consejo económico. Nuestro obispado tiene muy pocos ingresos. Todo el dinero que ingresa a las parroquias tiene que tener su comprobante de respaldo, existen disposiciones que indican que las parroquias deben tener libros de contabilidad, está normado, pero no todos lo hacen. Existe un documento emanado del obispado para la transparencia del manejo del dinero e ingresos. No en todas las parroquias existe un consejo económico parroquial". Finalmente, el fiscal Pérez le solicitó aportar información sobre las investigaciones eclesiásticas, a lo que Goic respondió: "Consultaré con mi asesora en temas de derecho canónico, Ana María Celis". Carta al Vaticano De acuerdo al expediente del proceso judicial, el 30 de mayo el obispo envió una carta a monseñor Luis F. Ladaria, quien es arzobispo titular de Thibica y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano. "Estimado cardenal. Hemos recibido un oficio de la Fiscalía Regional de O'Higgins que nos solicita informar en un plazo de siete días sobre todas las investigaciones previas y los procesos de esta diócesis que se hayan llevado en la Congregación para la Doctrina de la Fe desde el año 2003 a la fecha y que sean constitutivos de delitos con menores de edad. Consideramos necesaria e importante nuestra colaboración con las autoridades judiciales civiles, pertinentes para esclarecer delitos de esta naturaleza. Como este caso está sometido a secreto pontificio, solicito a usted levantar ese secreto a fin de quedar en condiciones de entregar la información requerida en los casos de 1- Carlos Manríquez Rebolledo. Causa iniciada en febrero de 2014, concluye con la firma del acta que da cuenta de la determinación final de dimisión perpetua del estado clerical en septiembre de 2016 y 2-diácono permanente Luis Rubio González en espera de respuesta a su solicitud de reintegrarse al estado laical, petición realizada el 28 de diciembre de 2017", señala la carta. La respuesta le llegó por vía correo electrónico. El e-mail fue enviado el 5 de junio desde la casilla de la Nunciatura Apostólica. En este, el nuncio Ivo Scapolo indica: "Le envío el texto de la respuesta que el Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha transmitido a mí, nuncio apostólico. Le ruego acusar recibo de este mensaje y le saludo cordialmente. +Ivo Scapolo". En el mensaje, la Congregación rechazó la solicitud del obispo. Después Goic informó de esta respuesta a la fiscalía: "Que según consta de carta del 30 de mayo de 2018, se solicitó la apertura del secreto pontificio para las causas que allí se indican. Dicha solicitud fue contestada negativamente como se puede apreciar de la respuesta contenida en el e-mail que también se adjunta. Sin perjuicio de lo anterior, hacemos presente que para los efectos que pretende dicha fiscalía es posible recurrir a una carta rogatoria internacional según sugiera el e-mail antes citado, enviado por el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, monseñor Giacomo Morandi". Siete días más tarde, el 13 de junio, el fiscal Arias y el OS-9 de Carabineros allanaron las dependencias del Tribunal Eclesiástico y el Arzobispado de Santiago. Esa diligencia marcó el inicio de otras aristas como el presunto encubrimiento, en la que declarará el martes 21 de agosto el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati.
