jueves, 03 de julio de 2008
Hernán Cisternas
Economía y Negocios Online
La iniciativa legal, que comenzará a ser estudiada por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja, crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.
VALPARAÍSO.- La creación de tres nuevos entes públicos contempla el proyecto de ley que el Gobierno ingresó ayer a trámite a la Cámara de Diputados para modernizar y mejorar la institucionalidad y la gestión ambiental.
La iniciativa legal, que comenzará a ser estudiada por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.
De acuerdo al proyecto, el ministerio se encargará de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de las políticas, planes y programas en materia ambiental. A la vez, protegerá y conservará la diversidad biológica y los recursos naturales renovables. Asimismo, promoverá la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.
El ministerio se compondrá de una subsecretaría y de subdivisiones a cargo de Regulación Ambiental; Información y Economía Ambiental; Educación, Participación y Gestión Local; Recursos Naturales y Biodiversidad; Cambio Climático y Cumplimiento de Convenios Internacionales; Planificación y Gestión.
Separado del ministerio se crea el Servicio de Evaluación Ambiental, organismo público descentralizado y desconcentrado a nivel regional, que será el continuador legal de Conama. Administrará el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, enfocado al objetivo de mediano plazo, con simplificación de los permisos ambientales y proporcionando información adecuada a los proponentes y a la comunidad.
El tercer organismo, la Superintendencia del Medio Ambiente, tendrá competencia en la fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental.
Se creará un registro público de sanciones, de acceso público, que identificará a las empresas, a los responsables de la operación y los montos de sanción.
Las sanciones pueden ser amonestación por escrito; multa de una a diez mil unidades tributarias anuales; clausura temporal o definitiva; y revocación de la resolución de calificación ambiental.
