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Suprema y eventual acusación constitucional: "Pone en riesgo autonomía para desempeño de jueces"

viernes, 10 de agosto de 2018

Economía y Negocios Online
Emol


El Pleno de la Corte Suprema tomó conocimiento este viernes de la eventual presentación de una acusación constitucional respecto de los ministros que la integran, que tiene su origen en la dictación de sentencias en procesos judiciales de amparo que ha resuelto la Segunda Sala, y sostuvo que dicha acción pone "en riesgo la autonomía indispensable para el desempeño de los jueces".

Si bien el Pleno reconoce las potestades de los integrantes de la Cámara de Diputados para ejercer los mecanismos de control que la Constitución Política consagra en un Estado de Derecho, añade que su vigencia y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades también se ven amenazadas.

"Lo que está en riesgo con este proceder no son los cargos de los jueces de la Corte Suprema, sino la autonomía indispensable para su desempeño y, por ende, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades", dice el Pleno del máximo tribunal en una declaración pública.

La Suprema sostiene que "presupuesto indispensable de un Estado de Derecho es el respeto de las competencias y atribuciones de las distintas autoridades estatales, conforme a los pesos y contrapesos que la Constitución Política de la República contempla", pero añade que entre las bases "se asegura a todas las personas la garantía de un debido proceso legal, que tiene como pilar fundamental la presencia de un juez que ejerza las potestades jurisdiccionales, que el ordenamiento jurídico le confiere, con independencia e imparcialidad".

Y agrega que en concepto de la Organización de la Naciones Unidas importa que los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los derechos y en consonancia con el derecho (...) y que "no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales" (principio 4), postulados que ha hecho suyos la Cumbre Judicial Iberoamericana".

En su declaración, el Pleno sostiene que el cuestionamiento de las argumentaciones de los ministros de la Segunda Sala Penal "implica la revisión de la misma por un organismo extraño y por vías diferentes de la jurisdiccional, circunstancia totalmente reñida con el ordenamiento constitucional y que genera una grave afectación de la autonomía de los magistrados, y por lo mismo de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un juez independiente e imparcial".

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