martes, 07 de agosto de 2018
Felipe Morandé Embajador de Chile ante la OCDE
El_Mercurio
La agencia internacional clasificadora de riesgo Moody"s redujo recientemente el rating soberano de Chile desde Aa3 a A1 (un notch , en la jerga técnica), uniéndose así a lo que el año pasado ya habían hecho Fitch y S&P. Además, es lo que en cierta forma esta agencia había ya anticipado en 2017, cuando cambió la perspectiva de la deuda chilena desde "estable" a "negativa". Al bajar la clasificación, Moody"s también cambió la perspectiva, ahora de "negativa" a "estable". Para justificar su decisión, la agencia apela a que la "...posición fiscal de Chile se ha deteriorado de forma constante en los últimos años..." y a que las perspectivas de crecimiento de la economía chilena son hoy más bajas a mediano plazo de lo que fueron entre 2010 y 2013, período en el cual el rating soberano, al revés de ahora, se subió de A1 a Aa3. Que la posición fiscal ha empeorado en los últimos años no es ningún misterio. Hace cuatro años, la deuda pública bruta era 12,6% del PIB; la deuda neta era negativa, -6,2% del PIB (es decir, el Estado de Chile era un acreedor neto del sector privado); el país mostraba un superávit fiscal de 0,2% del PIB promedio entre 2010 y 2013; el déficit fiscal estructural (Balance Cíclicamente Ajustado, BCA) era de 0,5% del PIB (después de superar 3% del PIB en 2009), y el gasto público representaba 21,4% del PIB; no obstante, el esfuerzo fiscal que hubo que realizar para compensar el devastador terremoto del 27-F de 2010. Esto cambió radicalmente entre 2014 y fines de 2017: la deuda pública casi se duplicó como proporción del PIB; la deuda neta pasó a +5% del PIB (ahora el Estado es un deudor neto); el déficit fiscal se empinó a 2,8% del PIB el año pasado; en tanto el BCA alcanzó un déficit de 2% del PIB, cuatro veces lo que en 2013 (a pesar de la reforma tributaria), y el gasto público se elevó a 23,5% del PIB. Por eso es que no se sostiene la afirmación de Moody"s en cuanto a que el comienzo del deterioro fiscal ocurre en 2010 y no en 2014. Su argumento es que la deuda pública bruta aumenta sistemáticamente desde esa fecha en adelante, pasando como porcentaje del PIB de 6,5% a 12,6% en 2014, antes de llegar a 23,5% en 2017. La equivocación se debe simplemente a que Moody"s no solo no toma en cuenta los datos expuestos previamente, sino que tampoco lo obvio: lo importante no es la deuda pública bruta, sino que la neta, la que se mantuvo en terreno negativo hasta 2013 y que, en cambio, aumentó 11,2 puntos del PIB entre marzo de 2014 y diciembre de 2017, en una trayectoria peligrosamente creciente. El gobierno del Presidente Piñera se ha propuesto revertir esta clara tendencia de deterioro fiscal en forma gradual pero consistente, y para eso ya ha anunciado (y comenzado a implementar) un ajuste fiscal por US$ 4.500 millones en el cuatrienio. Esto no es fácil porque existen además compromisos de hecho (no formales, pero complejos de no cumplir) de mayor gasto de algunos ministerios (principalmente Salud) calculados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en US$ 5.500 millones hasta 2022, sin financiamiento. Para Moody"s, el esfuerzo fiscal del actual gobierno estabilizaría la trayectoria de la deuda pública respecto del PIB, pero no la revertiría a los números que observaba en 2010-2013. Por ello dicho esfuerzo conseguiría mantener la perspectiva de "estable" de la nueva clasificación de riesgo, pero no sería suficiente para volver a Aa3. El (relativo) pesimismo de Moody"s se debe en buena medida a su escepticismo en cuanto al potencial de crecimiento de la economía chilena. Para la agencia, la falta de diversificación de las exportaciones (cobredependencia), la debilidad de nuestro capital humano y el envejecimiento de la población son factores que impiden un aumento en productividad desde los bajos niveles actuales, factor esencial para crecer más de 3% anual en el mediano plazo. Es correcto que hay mucho que hacer al respecto. La inversión en el país cayó año tras año desde 2014, en un contexto de un clima de negocios enrarecido; con ello se perdió tiempo valioso en incorporar avances tecnológicos que suelen traer los bienes de capital importados. Mientras, una parte importante del muy moderado aumento del empleo fue en el sector público, donde la productividad media suele ser inferior a la del sector privado. Y en educación el acento no estuvo en calidad. Hoy, una misión prioritaria en el corto plazo del Gobierno es destrabar proyectos de inversión y llevar adelante iniciativas legales -como una adecuación tributaria- y administrativas -como volver a estimular la inversión en telecomunicaciones, liberando espectro- que, entre muchas otras medidas, reimpulsen la productividad. A ello se agrega el foco en la calidad de la educación a todo nivel, la reingeniería de los programas de capacitación, el estímulo al emprendimiento, la modernización de Estado y una estrategia para que las nuevas tecnologías digitales -claves para una mayor productividad- sean bien asimiladas en el mercado laboral. Sí se puede volver a crecer más de 3% en el mediano plazo. UNA MISIÓN PRIORITARIA DEL GOBIERNO ES DESTRABAR PROYECTOS DE INVERSIÓN Y LLEVAR ADELANTE INICIATIVAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE REIMPULSEN LA PRODUCTIVIDAD.
