Labraña apunta a ex autoridades de gobierno por carencias de menores
sábado, 04 de agosto de 2018
LORENA CRUZAT y ANDREA CHAPARRO
Nacional
El Mercurio
Además afirmó que para las atenciones de salud prácticamente había que hacer gestiones personales y que el Consejo Nacional para la Infancia fue inútil en la coordinación comprometida.
Desde la descoordinación con el área de Salud para la atención de menores, hasta carencias en presupuestos para el Sename acusó la ex directora del servicio, Marcela Labraña, en la última declaración proporcionada ante la fiscalía el 9 de enero pasado. Así completó el interrogatorio, en calidad de imputada, que había comenzado a entregar ante el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, en diciembre de 2017. Fecha en que quedó pendiente su versión respecto de la muerte de tres menores, el funcionamiento interno del Sename, su relación con otras instituciones gubernamentales y la implementación del fallido programa Ascar, dependiente de Justicia, entre otros temas. Labraña partió abordando la atención médica que recibían los niños y adolescentes bajo la tutela del Estado y acusó una relación prácticamente inexistente con el Ministerio de Salud y la red pública. Más voluntad que coordinación con Salud Dijo que desde antes de su gestión existía tensión con el área de la Salud y acusó una histórica mala atención para los menores de edad al cuidado del servicio. Llega incluso a afirmar ante el fiscal Emilfork que las atenciones a los niños se resolvían más bien con gestiones y voluntades personales de las autoridades o funcionarios del Sename, que a través de coordinaciones. Y relata, en este punto, que existían discusiones con jefes de Salud y hasta con los centros hospitalarios debido a distintos asuntos como la falta de disposición para la internación de niños. Ejemplificó, describiendo que una menor intentó suicidarse y se encontraba con riesgo vital internada en el Hospital Van Buren de Valparaíso. Para su permanencia se debió insistir ante el jefe del recinto asistencial, dijo la ex directora, porque no tenían las condiciones necesarias en los centros para su recuperación. Se le preguntó también por Ascar, el programa dependiente del Ministerio de Justicia con el que se pretendía supervigilar las residencias Sename y las colaboradoras. Sobre él, Labraña contó que cuando inició el programa contemplaba un Plan de Salud, pero su implementación no se mantuvo más de dos meses durante 2014. Fallidos programas del Consejo de la Infancia También se refirió a la creación, en 2014, del Consejo Nacional de la Infancia, que nace tras la comisión investigadora Sename I. Cuando asumió la Presidenta Michelle Bachelet, cuenta, se creó este consejo con altas facultades y con un presupuesto que le permitía contratar funcionarios bien pagados, dijo. Afirmó que había reuniones, pero que no había productos concretos que mejoraran la calidad de vida de los niños. También detalló que no hubo apoyo del consejo al servicio y ejemplifica con tres fallidos programas. Uno para la desinternación de menores, que de plan nacional pasó a una implementación en solo tres regiones y solo con niños de 0 a 3 años. Indicó que se propuso como un programa novedoso, pese a que ya existía como parte de uno de los roles del Sename. Lo mismo advirtió al fiscal respecto del programa "Yo Opino", que tenía una versión anterior denominada "Mi Opinión Cuenta", instalada en oficinas municipales para la protección de derechos. Va más allá en su declaración, y dice que el Consejo no tenía utilidad para un Sename que estaba colapsado. Tambaleante criterio de jueces En otro punto de su declaración, en tanto, se hizo cargo del rol del Poder Judicial en relación a la internación de niños. Si bien valoró la posición del ex presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, por su preocupación por los niños y su autocrítica (institucional), no dejó de cuestionar los criterios de derivación a residencias, señalando que no había claridad. Cada tribunal, le dijo al fiscal, funcionaba con su propio criterio.
Dijo que no tuvo apoyo de Salud y que tampoco contaba con el respaldo del Ministerio de Justicia.
