FNE acusa colusión en el mercado del combate a los incendios forestales
viernes, 20 de julio de 2018
L. Musquiz, M. Gutiérrez y M. Coloma
Economía y Negocios
El Mercurio
Mientras la imagen del prolongado y devastador incendio que afectó el año pasado a la zona centro-sur permanece en el recuerdo de la población, la Fiscalía Nacional Económica detectó en Chile lo que en investigaciones realizadas en otros países han denominado como el "cartel del fuego". La entidad presentó ayer al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento contra Faasa Chile Servicios Aéreos y Martínez Ridao Chile por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para impedir, restringir o entorpecer la competencia en el mercado del combate y extinción de incendios forestales mediante aviones cisterna entre 2009 y 2015. El organismo antimonopolios sostuvo que las firmas acordaron su actuación conjunta en Chile y determinaron condiciones de comercialización, precios y la participación de oferentes en procesos de contratación públicos y privados, con el fin de asignarse contratos durante el período en análisis. La FNE pidió que el TDLC aplique a Faasa una multa de tres mil unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a unos US$ 2,6 millones, y una sanción de cuatro mil UTA, correpondiente a unos US$ 3,5 millones a Martínez Ridao. Este monto consideraría la gravedad y la prolongación de la conducta en el tiempo. Además, según la presentación, las requeridas han concentrado casi la totalidad de las ventas ligadas a estos servicios, por lo que sus clientes, tanto públicos como privados, han debido pagar los precios del cartel al no disponer de ofertas distintas. Los principales afectados por este acuerdo fueron las compañías Forestal Mininco, ligada a la familia Matte, y Arauco, del Grupo Angelini. A su vez, instituciones del Estado también se vieron perjudicadas por este cartel. Entre ellas aparecen la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (Onemi). Fuentes de las forestales se mostraron sorprendidas con la acusación de la FNE. Afirman que "somos afectados, porque nos cobraron más de lo que se debería. Si bien las pérdidas de los incendios de 2017 fueron muy superiores en monto, igualmente es una situación reprochable". Incluso, en las compañías forestales evaluarán la opción de querellarse por este tema. Esto se analiza en medio de la premura por acordar contratos de prestación de servicios para combatir incendios para la temporada 2018-2019 y con operadores que cobraron de más, comentan. En tanto, desde la Conaf y la Onemi declinaron, por ahora, referirse a la situación. La decisión de actuar en Chile fue adoptada por ambas firmas mediante reuniones y correos electrónicos con ocasión de futuras oportunidades de negocio. Dichos datos fueron recogidos en allanamientos a sus oficinas en marzo pasado. A su vez, la investigación nació en 2017, tras conocerse un acuerdo detectado en España en el que participaban las requeridas. Ocho fueron las temporadas en que las requeridas registraron casi el 100% de las ventas en el mercado del combate de incendios forestales.
